Por la discursividad emitida desde los dispositivos comunicacionales de la derecha, Venezuela es un régimen totalitario, autoritario, despótico y tiránico que cerró todo espacio a las expresiones de la democracia política. Esa es su visión distorsionada de la arquitectura política construida por la revolución bolivariana.
No obstante, esas afirmaciones no resisten el menor análisis científico desde la politología y se quiebran cuando se acude a la base empírica del funcionamiento del Estado, el sistema político y el régimen político vigente en la nación.
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 hasta el día de hoy, la vida democrática ha sido la constante en el campo del espacio público, con expresiones diversas como elecciones de funcionarios, escogencia de legisladores y refrendación o rechazo de políticas públicas. El gobierno, las autoridades públicas, las agencias de intermediación entre sociedad civil y Estado, han acreditado un desempeño dentro de los códigos y parámetros de una democracia social y participativa, en contraste con los ordenamientos de la "democracia" mercantil neoliberal que pretendió la destrucción de la política como espacio de deliberación y construcción de consensos mayoritarios, obligando el rechazo y alzamiento, en diversos momentos, de la multitud nacional a lo largo de los años 80 y 90 del siglo XX.
El autoritarismo y el totalitarismo, este como una mentalidad que repele la deliberación, han sido la esencia del comportamiento de los grupos burgueses desplazados de los comandos centrales del Estado por el proceso de cambios populares liderados por el Presidente Hugo Chávez. Las agencias políticas de la derecha, aferradas a las viejas manifestaciones de la seudo democracia liberal, no admiten ni asumen los ejes de la democracia participativa que ha transformado radicalmente la cultura política nacional con las tradiciones bolivarianas de la nacionalidad.
Estamos en vísperas de las elecciones de autoridades territoriales el próximo 8 de diciembre en los casi 400 municipios del Estado, para que la ciudadanía escoja soberanamente alcaldes y legisladores municipales. Existía preocupación porque la insurrección económica promovida por el núcleo oligopólico de la burguesía parásita, en asocio con la boliburguesía burocrática, afectara con desmanes dicho evento, pero la reacción enérgica del Presidente Maduro ha cortado dicha conspiración mediante las facultades otorgadas por la Ley Habilitante. El camino esta despejado y hay que avanzar con decisión.
Las elecciones populares del 8 de diciembre son un hecho y el triunfo socialista se siente en el ambiente mayoritario de la sociedad. La oligarquía retardataria morderá de nuevo el polvo de la derrota porque su mirada esta puesta en el pasado y en el despojo absoluto de la riqueza petrolera.
Para completar el cuadro de profundización de la participación social en la configuración y gestión de la institucionalidad pública, está el proceso de conformación de las Comunas. El Estado comunal constitucionalizado desde el año 2011, gana terreno y en los recientes días mas de 600 mil personas han participado en procesos electorales para la configuración de las Cartas Fundacionales de 146 nuevas comunas, como expresión de la organización autónoma de los ciudadanos y ciudadanas, que las autoridades tradicionales no pueden ignorar, pues la Comuna es la forma estatal de la transición que apoya su potencia en el consenso constitucional.
No olvidemos que la construcción del Estado popular es una disputa permanente en campos de conflicto que se estructuran, también, en el campo de la democracia, con sus múltiples escenarios de confrontación por el poder político, que es el que en última instancia busca recuperar la élite burguesa.
Hay que rodear tanto las elecciones del 8 de diciembre como la constitución de nuevas comunas. Son espacios de acumulación (o perdida) de fuerzas del bloque revolucionario.
