Gonzalo Gomez del equipo editorial de Aporrea.org Credito: ViVe

30 de mayo de 2007. - La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena el traspaso temporal del uso de los equipos de transmisión de RCTV al Estado, dice textualmente (fragmento): "La sala acordó de manera temporal y a los fines de tutelar la continuidad en la prestación de un servicio público universal el uso de la frecuencia que ha sido asignada para televisión abierta una red de transporte y teledifusión que incluye, entre otros, microondas, telepuertos, transmisores, equipos auxiliares de televisión, equipos auxiliares de energía y clima, torres, antenas, casetas de transmisión, casetas de planta, cerca perimetral y acometida electrica, sin que ello implique menoscabo alguno a los derechos de propiedad que puedan corresponderle a Radio Caracas Televisión C.A. sobre dicha infraestructura o equipos salvo aquellos que legal y convencionalmente sean propiedad de la República."

Con base en esta orden del TSJ, directivos de RCTV denuncian la expropiación y califican la misma de "atentado contra la propiedad privada".

Gonzalo Gómez, del medio alternativo electrónico, Aporrea.org, invitado al programa Intercambio de ViVe TV, aclara que quienes denuncian estos supuestos atentados, ocultan deliberadamente dos actos jurídicos emitidos durante la Cuarta República, que establecen que gran parte de esos equipos son propiedad del Estado Venezolano.

Resolución número 88 del año 1969, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 28.870. Artículo 3: "Las instalaciones que se requieran serán construidas por Radio Caracas C.A. a sus únicas y exclusivas expensas. Tanto esas instalaciones como el terreno sobre el cual estén instaladas serán propiedad exclusiva de la República y, en tal sentido, la compañía citada deberá otorgar los instrumentos jurídicos necesarios."

Otra resolución Nº 355, del 16 de noviembre de 1973, publicada en Gaceta Oficial Nº 30.259, señala que "tanto el terreno como las torres y construcciones que se instalen se entenderán propiedad exclusiva de la República". Esto porque se encontraban en terrenos de Parques Nacionales y los convenios establecidos contemplaban que esta infraestructura pasara a manos de la República.

Por ello, "cuando hablan de expropiación de estos equipos de transmisión están mintiendo y están pretendiendo usurpar propiedad del Estado", afirmó Gómez.

Incluso, analizando las actuaciones de estos medios, impulsores del golpe de Estado y del sabotaje petrolero de finales de 2002 y comienzos de 2003, entre los que se encuentra RCTV; ninguno de ellos ha resarcido al Estado de las enormes pérdidas que aquellos actos vandálicos le causaron a la nación. Las pérdidas ocasionadas sumaron más de 20 mil millones de dólares, casi el equivalente a las reservas internacionales para ese momento.

"Nadie le ha pasado todavía factura a RCTV y a Globovisión (...) por la instigación de acciones que generaron pérdidas patrimoniales al Estado que se calculan en más de 20 mil millones de dólares, prácticamente el equivalente al monto de las reservas internacionales del Estado venezolano para aquél entonces. ¿Quién paga esas pérdidas? no vengan a decir, señores, que ustedes no deberían estar obligados a una compensación o una indemnización al Estado."