29 nov. 2016 - El fraude en las importaciones y en todo el comercio externo y el ataque a la moneda venezolana, con el fin de provocar su devaluación constante, han sido las dos líneas estratégicas sobre las que se ha sustentado la ofensiva contra el sector productivo de Venezuela, proceso que ha sido bautizado desde hace poco más de tres años como "guerra económica".

El fenómeno, cuyas expresiones concretas han sido el desabastecimiento de un conjunto de alimentos básicos, artículos de higiene personal y del hogar y medicamentos para enfermedades crónicas, se instaló con fuerza tras el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de abril de 2013, luego del fallecimiento del comandante Hugo Chávez.

Un intento de hacer una retrospectiva de lo vivido en este período incluye, en claves, lo siguiente:

1.- El año 2012 las importaciones venezolanas se aproximaron a los 54 mil millones de dólares, el monto histórico más alto. Para ese momento se habían afinado y consolidado un conjunto de prácticas de fraude en las importaciones con el propósito de apoderarse de una parte importante de las divisas adjudicadas por el Estado a tasas preferenciales. En 2013 la reducción de las autorizaciones de divisas tuvo como respuesta del sector comercial-importador una caída de la oferta de productos (importados, envasados o ensamblados) lo cual provocó cierto nivel de escasez en alimentos esenciales y artículos de higiene personal.

2.- Al final del 2013 el Gobierno realizó una "ofensiva contra la guerra económica" con intervenciones de grandes importadores como Daka, Traki y Tijerazo. Se evidenció el acaparamiento y demás maniobras logísticas para aumentar el precio de los productos, así como la manipulación cambiaria que les permitía obtener ganancias de hasta el 1000%. Es decir, se comenzaban a precisar los mecanismos de la "guerra económica" y a identificar a los responsables. Sin embargo la ofensiva no tuvo continuidad ni en lo político-comunicacional ni en lo micro-económico y mucho menos en lo judicial

3.- Para el año 2014 la derecha (al servicio de los importadores) promovió "La Salida", un conjunto de ataques terroristas generalizados en las calles de las principales ciudades del país que dejó casi medio centenar de muertes y más de 800 lesionados. El protagonismo lo tomó el empresariado y los acuerdos logrados, en busca de la paz, obligaron al Estado a entregar más dólares, simplificar trámites y asumir la responsabilidad del caos impulsado desde los laboratorios de logística de las transnacionales de consumo masivo. Un dato indispensable es que en los primeros 8 meses de 2014 se incrementó sustancialmente el monto de las divisas autorizadas a las más importantes empresas transnacionales importadoras/distribuidoras de bienes esenciales incluyendo medicamentos. Sin embargo sus productos fueron los más escasos en los meses siguientes.

4.- En paralelo se consolidó un mecanismo de ataque a la moneda por la vía de la fijación de una tasa de cambio paralela ilegal y altamente especulativa. Como consecuencia dicha tasa comenzó a ser usada para calcular los costos y determinar precios en el mercado interno. Y por otro lado fortaleció financieramente el contrabando de extracción, ya que permitía adquirir más productos con menos divisas o pesos colombianos, lo que profundizó el desabastecimiento.

5.- El ajuste especulativo de precios y la escasez programada logísticamente o inducida por la extracción de mercancías provocaron, a partir de 2015, un fenómeno adicional que es la venta ilegal con sobreprecio o "bachaqueo" y que funcionó como una especie de contrabando interno. El mercado formal perdió su capacidad de distribución y redes mafiosas delictivas tomaron control del comercio de bienes básicos.

6.- La corrupción en instancias estatales de control de la importación y distribución de alimentos fue otro de los mecanismos determinantes de la guerra económica. En 2016 fueron procesados los presidentes y otros altos cargos de la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval) y de Abastos Bicentenario (quien era la máxima autoridad del Centro Nacional de Balance de Alimentos) por fraudes cometidos en complicidad con importadores de alimentos durante 2014 y 2015.

7.- En 2015 se profundizó la falta de divisas por la caída del precio del petróleo y aumentó el contrabando de extracción lo que obligó a un riguroso cierre de la frontera con Colombia a partir de agosto. En 2016 se agudizó la falta de divisas y en consecuencia los niveles de escasez por la reducción de importaciones. Sólo a partir del mes de julio se reactivaron compras de cereales e insumos para la elaboración de alimentos, especialmente carbohidratos.

8.- Cabe destacar que simultáneamente se creó en julio la Gran Misión Abastecimiento Soberano que quedó a cargo del ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, la cual junto con la activación del mecanismo de distribución popular de los CLAP, ha impactado en una mejoría de la situación de abastecimiento. Destacan entre otros aspectos la designación de responsables por rubros, la creación de autoridades únicas en los principales puertos, la reactivación de los mecanismos de control del despacho y la circulación de mercancías, y la intervención de mercados mayoristas y de silos y centros de acopio de empresas públicas y privadas.

9.- A partir de abril se inició un programa importaciones complementarias desde estados fronterizos como Zulia, Falcón y Táchira para contribuir a pequeña escala con el abastecimiento. Sin embargo hacía agosto se generalizó a nivel nacional, lo que comenzó a generar una presión sobre el tipo de cambio paralelo derivada de la fijación especulativa de precios en el territorio nacional y de la demanda de divisas para las adquisiciones. Así los precios se convirtieron en marcador de una tasa implícita de cambio y durante el mes de octubre provocaron un alza del orden del 80 por ciento en el dólar ilegal, lo que implica una reactivación del ataque a la moneda con una nueva táctica.

10.- Finalmente hay que llamar la atención sobre la formalización de acuerdos con grandes y medianas empresas de la agroindustria con el fin asegurarles el suministro de materia prima como arroz, maíz, cacao, coco y sábila entre otros. Entre las agroindustrias firmantes se encuentra Nestlé y Calsa lo que apuntaría a la formación de una modalidad de monopsonio o de mercado con un solo comprador o demandante. Incluso la propuesta de Empresas Polar que promueve un nuevo precio para la harina precocida tras una supuesta alianza con productores agrícolas apunta a la institucionalización de este mecanismo evidentemente pernicioso para la producción.