Por cosas menos graves que las hechas en Venezuela

Conozca las sanciones que recibirían terroristas guarimberos en otros países

Hasta 2 años de prisión solo por "opinar" contra la Monarquía en España y hasta 25 años en EEUU por resistirse o insultar a un policía. Lo peor hubiera sido en la Venezuela del siglo pasado

Hasta 2 años de prisión solo por "opinar" contra la Monarquía en España y hasta 25 años en EEUU por resistirse o insultar a un policía. Lo peor hubiera sido en la Venezuela del siglo pasado

Credito: VTV

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Caracas, 3 de febrero de 2016.- Después de 17 años de constantes planes violentos por parte de la derecha venezolana, de golpes de Estado, guarimbas, quemas de metrobuses, universidades, preescolares, degollamiento de motorizados en barricadas incendiarias, policías y Guardias Nacionales muertos por francotiradores e inocentes víctimas fatales del pueblo en general que fueron atacadas por intentar pasar sobre una guarimba o desmontarla, la mayoría adeca en el Parlamento intenta ahora autoperdonarse.

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Aunque parezca increíble, es cierto. La autodenominada mayoría "democrática" aprobará su Ley de Amnistía para presuntamente acabar con los "perseguidos políticos", liberar a presos condenados en tribunales que han sido responsables de muertos y heridos, y que regresen al país los prófugos que robaron, atacaron sedes diplomáticas o simplemente se fueron a un "autoexilio dorado" en EEUU y otras naciones, exonerándolos automáticamente de corrupción, crímenes comunes y delitos de lesa humanidad que no prescriben.

Las empresas mediáticas opositoras justifican esta supuesta nueva ley, tratando de convencer y engañar a sus lectores, mientras la derecha política se frota las manos gracias a la mayoría que consiguieron en la Asamblea Nacional (AN) en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, cuyos resultados desconfiaban al calificar como "tramposo" al Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Mientras siguen hablando de su inocencia, los actuales mandamás en el Legislativo acusan el Poder Ejecutivo de represor, de violador de DDHH y de intentar criminalizar las protestas.

Veamos qué hubiera ocurrido en otros países si estos inocentes terroristas y guarimberos de la derecha se hubieran atrevido hacer allá cosas mucho menos graves que las perpetradas en Venezuela, como por ejemplo "resistirse" a la autoridad, insultar por internet a la familia real o protestar sin permiso.

España: Hasta 2 años de prisión por "opinar" contra la Monarquía

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En julio de 2015 entró en vigor un artículo del Código Penal en España en el que opinar contra la Corona en las redes sociales será delito que puede ser penado con cárcel.

Según el Artículo 573, se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio,contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo.

También entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana (bautizada como Ley mordaza por los españoles), que multa con miles de euros varias conductas tipificadas como delitos leves siempre que no provoquen lesionados, heridos o muertos. Entre ellas protestar agresivamente, uso de imágenes por periodistas o medios de comunicación que sean consideradas lesivas a la sociedad, y otros 44 casos como Manifestaciones no comunicadas o prohibidas; Fabricar, almacenar o portar armas o explosivos no permitidos ni autorizados; perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas; Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas; Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales.

Cuando el acusado es responsable de muertos, lesiones, personales, delitos comunes o insultos graves al rey, se le procesa judicialmente para aplicarle sanciones penales.

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Argentina: Policía puede detener sin motivo previo

El Tribunal Superior de Justicia porteño dictó un fallo en el cual dispone que la policía tenga la capacidad de exigir el DNI (credencial de identidad) sin un motivo previo. Si se implementa sin mayores problemas, el fallo garantizarías detenciones sin que medie orden judicial y asegurando una preocupante autonomía de las fuerzas de seguridad.

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Adicionalmente, el gobierno de Mauricio Macri y el Poder Judicial anunciaron en diciembre de 2015, recién instalado en el poder, que preparan un "protocolo de protesta social" para enfrentar los reclamos tras las medidas de ajuste y tarifazos anunciados recientemente.

Marcos Peña, jefe de Gabinete del gobierno de Macri, dijo que se busca "previsibilidad y reglas claras" para definir las protestas. "Las protestas son legítimas, pero no pueden afectar la libre circulación", manifestó al diario Página 12.

Colombia: Multa y hasta 8 años de cárcel por obstaculizar una vía

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Desde el 24 de junio de 2011 está vigente una ley de seguridad ciudadana, aprobada por la Cámara de Representantes. La ley promulgada por el presidente Juan Manuel Santos, dice literalmente en el artículo 353A lo siguiente: "El que por medios ilícitos obstaculice, de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal forma que afecte el orden público o la movilidad, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de trece a setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes". Para ampliar la información sobre la Ley de Seguridad Ciudadana ver: http://prensauniversidad.blogspot.com/2011/08/ley-de-seguridad-ciudadana-o-ley-contra.html

Los colombianos han denunciado que criminaliza la protesta social en un país en donde hay más de una movilización diaria en promedio.

EEUU: 15-25 años por resistirse o insultar a un policía

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Resistirse a una detención puede costarle al acusado hasta un año entre rejas. Si un policía resulta herido durante la detención, aunque la herida fuera menor y no intencionada, la sentencia puede ser de hasta 15 años en la cárcel. Si un agente resulta herido de gravedad, la sentencia máxima llega a los 25 años.

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Pero si de derechos se trata, desde 2001 existe la "Ley Patriótica de los Estados Unidos", aprobada por el Congreso Norteamericano en "respuesta" a los atentados del 11 de Septiembre del 2001. Revisada y actualizada en diferentes ocasiones, ha sido impugnada por grupos de derechos civiles por vulnerar privacidad y confidencialidad de la información, sigue vigente y con más fuerza. Es extraterritorial, abarca jurisdicción internacional y posibilita que agentes del gobierno allanen la casa de cualquier persona en su ausencia, realicen un cateo sin orden judicial. Obliga a bibliotecarios, so pena de cárcel, a revelar qué libros han sido solicitados en préstamo, así como espían reportes de crédito y cualquier información confidencial sin aprobación judicial ni permiso del ciudadano afectado. Puede detener, procesar judicialmente o deportar a sospechosos de terrorismo, incluso a nacionales.

En junio de 2015, Barack Obama aprobó la "Ley Libertad USA", que sustituye aparentemente un articulado de la Ley Patriota de 2001 que permitía el espionaje telefónico masivo. Ante el escándalo que generó la revelación hecha por Snowden en 2013- Obama aceptó modificar este artí­culo y negoció con la oposición republicana la nueva norma legal. Estados Unidos continúa, así, con sus prácticas de la ley anterior.

Venezuela: Disparar contra incendiarios en la Cuarta República

En nuestro país, en el siglo pasado, los mandatarios del pacto puntofijista cuyas viudas integran ahora la derecha opositora, no tenían miramientos morales en reprimir violentamente las protestas de sectores que disentían y pensaban distinto a esos gobiernos. Además de la suspensión consuetudinaria de lasgarantías constitucionales, la detención penal de sospechosos y sometimiento a la justicia militar de acusados de violencia y terrorismo, incluidos diputados con inmunidad parlamentaria, llegaron hasta el extremo de ordenar disparar contra manifestantes que estuvieran involucrados en incendios, quema de cauchos o autobuses.

Y esta característica histórica del Estado venezolano del siglo pasado hubiera sido la respuesta inmediata contra los guarimberos terroristas, si hoy estuvieran todavía mandando; aunque seguramente no iba a ser publicada en el siglo XXI esta "noticia", como ocurrió en esa época de la censura mediática y la represión policial, sin que organismo internacional se quejara o interviniera.

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