Caracas, enero 28- Esta semana el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ubicó a Caracas en la cima de las ciudades más violentas del mundo, por encima de la hondureña San Pedro de Sula. La información fue recogida por la mayoría de los medios de comunicación occidentales sin indagar en las características del estudio ni en los intereses que podrían estar detrás de tal información.

En su página web, esta ONG se define como una organización de la sociedad civil con características “apartidistas, laicas e independientes”. Sin embargo, su presidente, José Antonio Ortega, ha fijado posición a favor de acciones militares ordenas por Álvaro Uribe Vélez contra las Farc durante su mandato en Colombia.

Incluso, durante una reunión en noviembre de 2008 con los entonces mandatarios de Colombia y México, Ortega aceptó que su ONG es utilizada como brazo mediático de intereses políticos, pues le dijo a Uribe que hay que “ir convenciendo a la opinión pública mexicana de que usted (Uribe), al bombardear Sucumbíos, tenía la razón”.

En aquel bombardeo en la región ecuatoriana de Sucumbíos, resultó abatido el líder guerrillero Raúl Reyes, quien para el momento era conocido como el número dos de las Farc.

El video que registra la reunión entre la ONG que ahora afirma que Caracas es la ciudad más violenta del mundo, y termina con una frase de Uribe Vélez a José Antonio Ortega que hoy se muestra reveladora: “Ustedes son mis socios”.

En todo caso esa no es al única vinculación de José Antonio Ortega y su ONG con la forma específica de hacer política de Álvaro Uribe y los Estados Unidos. En mayo de 2012, Ortega fue citado a declarar por el asesinato del general Mario Arturo Acosta Chaparro, por haber sido visto conversando con él un día antes de su muerte y por siempre haber aceptado que sostenía una amistad con él.

Este general Acosta Chaparro fue acusado en vida de aconsejar al gobernador de Guerrero la materialización de la llamada Masacre de Aguas Blancas como parte de un castigo ejemplar a los aldeanos miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.

Además, este cercano a José Antonio Ortega estuvo involucrado con torturas y desapariciones forzadas ocurridas durante el tiempo que fue director de Seguridad Pública de Acapulco.

Pero más allá de los vínculos con Uribe, con Acosta Chaparro y con el paramilitarismo, ¿cuáles son las fuentes de financiación de la ONG que acusa a Venezuela de ser la ciudad más violenta del mundo?

Esa información no está clara, sin embargo, vale destacar que José Antonio Ortega fundó junto a su hermano Alejandro Ortega en 1991 una firma de abogados que hoy hace gala de tener entre sus clientes a empresas transnacionales beneficiarias del Tratado de Libre Comercio cuyo rechazo entre la población mexicana obligó al reordenamiento del Ejército y a la organización, instrucción, asesoría y financiamiento de bandas paramilitares para frenar la base social de la guerrilla.

¿Es Caracas realmente la ciudad más violenta del mundo?

El mismo José Antonio Ortega aceptó que el estudio hecho sobre Venezuela carece de fuentes oficiales, y que fueron las notas periodísticas de diarios nacionales lo que hizo en lo que se basó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal para publicar la cifra de 119,87 muertes por cada 100.000 habitantes. .

Aunque el presidente de la ONG también dijo que el estudio no busca tanto la precisión como la reacción de las autoridades, tampoco toma en cuenta la denuncia del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, sobre bandas paramilitares que operan que buscan generar pánico en la población para desestabilizar su gobierno.

De todas formas, lo más importante que soslayó el estudio es todo lo que puede englobar el topónimo de Caracas.

Lo que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal llama Caracas tiene una división administrativa de gobiernos municipales adeptos y contrarios al chavismo, y más la mitad del territorio está bajo el dominio del opositor gobernador de Miranda, Henrique Capriles y de alcaldes también contrarios al gobierno de Nicolás Maduro.