30 de noviembre de 2015.- Al igual como ocurrió en Paraguay (2012) y en Honduras (2009), los partidos agrupados en la autollamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se alistan en un plan de golpe parlamentario presentado por el secretario general de la alianza conservadora, Jesús Torrealba, bajo el eufemismo de una "agenda de cambios desde la nueva AN".

El propósito del plan es "transitar desde el Poder Legislativo el camino hacia el cambio político nacional", con una prioridad distinta a elaborar leyes para el desarrollo nacional: salir del Presidente electo por la mayoría del pueblo.

"El señor Maduro tendrá que ver si corre o se encarama" declaró Torrealba sobre el plan, mientras que el dos veces perdedor en elecciones presidenciales, Henrique Capriles Radonski, lo secundó al afirmar que "ganando (las elecciones) se abren las puertas a la salida de Nicolás Maduro".

El plan se gesta con el discurso de "presentar soluciones la país" según reza el documento, que circula públicamente en internet. En el detalle se inclinan por promover la impunidad con reformas legales hasta arremeter contra poderes públicos establecidos de acuerdo al marco legal venezolano.

Lo primero que plantean es la "renovación" de los integrantes de los poderes públicos, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), aún cuando ese proceso fue realizado y aprobado en plenaria del Parlamento.

La oposición venezolana considera ilegítimos algunos de los rectores que integran el CNE, aunque con el Poder Electoral integrados por esos rectores han ganado diputaciones, alcaldías y gobernaciones, sin ninguna sospecha de fraude, que es su principal denuncia —sin pruebas que la sustenten— cuando han perdido básicamente en elecciones presidenciales y en referendos.

Sus técnicos electorales participan en todas las fases de auditoría, antes, durante y después de cada proceso electoral y avalan, con muy poco volumen mediático, la transparencia y confiabilidad del sistema electoral venezolano.

Algo similar ocurre con el TSJ. En el último proceso de selección de los magistrados, la oposición participó, aprobó a los preseleccionados, incluyeron a sus candidatos y avalaron aprobar en plenaria del Parlamento la lista final de los magistrados. Pero el día de la sesión una llamada a sus teléfonos con acento norteamericano cambió la decisión y sorpresivamente negaron su voto reveló el periodista y diputado Earle Herrera.

En el plan además fijan como prioridad propiciar una crisis institucional con los tribunales venezolanos que sentenciaron a figuras políticas por cometer delitos comunes o aquellos que huyen de la justicia venezolana (banqueros, empresarios, ejecutivos petroleros), autodeclarados en el exterior como exiliados.

También en el documento esbozan como tesis el "control parlamentario" para iniciar una persecución contra los servidores públicos del Estado, entre ellos ministros, presidentes de Banco Central de Venezuela, Pdvsa, Mercal, Pdval, Cencoex, IVSS; comandantes de fuerzas policiales y militares, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Contraloría. En la lista aparecen hasta 10 cargos en la mira.

Este plan, casi al calco, coincide con ensayos de golpes parlamentarios en Paraguay y en Honduras. En el país suramericano el senado consumó un golpe de Estado parlamentario el 21 de junio de 2012 contra el presidente Fernando Lugo, bajo la figura de un "juicio político", que se llevó a cabo en menos de 24 horas.

Mientra que en Honduras, Manuel Zelaya, quien fue presidente de Honduras tras ser electo en 2006, fue depuesto del poder y expulsado del país el 28 de junio del año 2009, cuando tenía previsto celebrar una consulta popular para hacer reformas constitucionales.