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En rueda de prensa, celebrada este miércoles en el edificio José María Vargas, en Caracas, los diputados Mario Isea y Julio García Jarpa adelantaron algunas evidencias en las cuales se basan para presumir esa vinculación.
Isea recordó que durante la campaña electoral para los comicios regionales del año pasado, 'denunciamos los acuerdos entre el gobernador del norte de Santander (Colombia) y Pérez Vivas para el financiamiento de su campaña y los viajes frecuentes de este último a Bogotá para cuadrar acuerdos anticonstitucionales de cooperación económica'.
El legislador también mencionó las constantes declaraciones emitidas por el presidente del Partido Socialcristiano Copei, Jhonson Delgado, en las cuales afirmó que conformarán grupos armados para la protección del mandatario tachirense.
Isea dijo que Pérez Vivas viajó a Bogotá, Colombia, el 5 de septiembre y regresó el 14 del mismo mes sin la autorización del Consejo Legislativo del estado Táchira.
'Curiosamente en ese lapso se produce el asesinato del alcalde del municipio Panamericano, Lluvane Álvarez', indicó.
Por su parte, Jarpa explicó que en ese municipio las Águilas Negras se han apoderado de fincas, a través de testaferros, cuyos propietarios han sido amenazados con ser asesinados si no abandonan esos predios.
“Existe una combinación entre la derecha oligárquica colombiana y el paramilitarismo, a través de un acuerdo ficticio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los cuales son trasladados a la frontera occidental del país donde operan con el nombre de las Águilas Negras”, indicó.
Según el parlamentario, 'el móvil es desestabilizar, producir terror, matar a algunos dirigentes políticos, como el alcalde del municipio Panamericano, y posesionarse del territorio'.
En este orden de ideas, dijo que este grupo ha tomado posesión de la parte fronteriza del Táchira, de Apure y Zulia, donde han perpetrado acciones de sicariatos, sobornos y secuestros.
Jarpa refirió que toda esta situación del paramilitarismo en la frontera y los sicariatos forman parte de una planificación efectuada desde el exterior por el Pentágono estadounidense, con lo cual se busca intervenir en Venezuela.
Añadió que las bases militares instaladas en Colombia, con presencia de militares estadounidenses, forman parte de esa estrategia.
Ambos diputados anunciaron que dirigirán una comunicación a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que califique las nuevas violaciones de las leyes por parte del gobernador tachirense y se envíe el caso al Ministerio Público para que efectúe las investigaciones.