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El domingo, cuando el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado y sacado ilegalmente del país, voceros de los partidos políticos venezolanos, aseguraban mantenerse “cautelosos” frente a la “delicada situación” de Honduras, en lugar de condenar de manera contundente el golpe de Estado.
Para ese momento, ya la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y los países de la región, así como Estados Unidos, habían emitido una condena tajante al golpe, exigiendo la inmediata restitución del presidente Zelaya.
Este lunes, mientras la comunidad internacional se mantenía firme en su rechazo al golpe, la oposición venezolana, reunida en torno a la llamada “Mesa de unidad”, intentaba digerir los sucesos golpistas. El secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, señalaba que “todas las rupturas del hilo constitucional son malas'.
Sin embargo, de los seis puntos que componen el comunicado de la “Mesa de unidad”, sólo uno se dedica a condenar “los hechos ocurridos en los últimos días en Honduras”. Otros dos están redactados en contra de Zelaya y dos criticando al presidente venezolano, Hugo Chávez. Mientras tanto, Acción Democrática se mantiene avalando la tesis de que el golpe de Honduras no es un “cuartelazo cualquiera”.
Condena... pero a la OEA
Otros sectores de la derecha venezolana han optado por no condenar el golpe y censurar más bien las actuaciones de la OEA en la búsqueda de restablecer la legalidad y la democracia en Honduras.
En declaraciones a la prensa regional zuliana, Diana Romero La Roche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia (LUZ), no cataloga la situación hondureña como golpe de Estado, sino que repite la tesis utilizada por los golpistas de Honduras. 'El Congreso de la República de Honduras, por unanimidad, decidió separar del cargo a su presidente por considerar que éste desacató las normativas constitucionales', afirma Romero.
El presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Omar Barboza, prefirió criticar la actuación de la OEA acusándola de adelantar “actos de hechos fácticos”, por su anuncio de acompañar al presidente Zelaya en su retorno al país. Barboza también se refirió a los golpistas como “las actuales autoridades hondureñas” y señaló que éstas “no se van a dejar atropellar” por la OEA. Carlos Luna, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se mostró igualmente preocupado por una supuesta “extralimitación” de la OEA, en contra del gobierno de facto impuesto en Honduras.
El alcalde de Lecherías, en el estado Anzoátegui, Víctor Hugo Figueredo, sostuvo que el sistema democrático se basa en la soberanía de los pueblos, y Zelaya fue electo a través del voto. Cree que la situación es delicada, pero aseguró que el civismo se impondrá. Sobre el parecido de la realidad hondureña con los hechos que ocurrieron siete años atrás en Venezuela, el alcalde Figueredo comentó que ambas situaciones son distintas.
Marcos Figueroa, representante de la oposición en Puerto La Cruz, indicó que los hechos que se desencadenaron en 2002, respondieron a una serie de irregularidades que se venían cometiendo en el ámbito social. “Son hasta instituciones distintas. Inclusive, nos diferencia la idiosincrasia, y por su puesto las leyes”.
El dirigente juvenil del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), Ángel Medina, repudió la salida forzada del poder de Zelaya, pero aseveró que no se trató de una insurrección militar "tradicional latinoamericana". Argumentó a periodistas que esta salida forzada ha sido respaldada por poderes hondureños legítimos como el Congreso, la Fiscalía y el Supremo, y que no se vio enfrentamiento entre militares ni tampoco "a gorilas diciendo 'por ahora" en televisión.
El gobierno de facto está encabezado por Roberto Micheletti, quien se venía desempeñando como presidente del Congreso. Micheletti fue nombrado el mismo domingo por los golpistas, en el afán de otorgarle un barniz institucional a la acción antidemocrática, y ha asegurado que continuará usurpando el cargo presidencial, “pese al rechazo internacional”.
El golpe de Estado de este domingo impidió la realización de una consulta popular para preguntarle a la población hondureña sobre la posibilidad de colocar en las próximas elecciones una cuarta urna, destinada a determinar si los hondureños avalaban la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Numerosos analistas han resaltado las semejanzas del golpe en Honduras con el ocurrido el 11 de abril de 2002 en Venezuela, protagonizado por los factores de derecha opositores al gobierno del presidente Hugo Chávez.