Caracas, 14 de febrero de 2008.- La situación de arbitraje que se presenta con ExxonMobil tiene sus orígenes en el desmontaje del sector petrolero nacional a través del régimen fiscal y jurídico por parte de la vieja PDVSA y la elite política de la Cuarta República, explicó el ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Rafael Ramírez, durante su derecho de palabra realizado este jueves ante la Asamblea Nacional.

La figura de los convenios operativos fue posible por las rendijas que tenía la legislación petrolera. A través del lobby político y la complicidad de la dirigencia de la Cuarta República, la vieja PDVSA logró la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la de Nacionalización vigentes para la década de los 90, y forzó criterios que fueron definitivos para el curso que tomó la apertura petrolera.

Ramírez precisó que está táctica estuvo acompañada por el proceso de Internacionalización que adelantó la vieja PDVSA, mediante el cual se inició la adquisición de bienes en el exterior y se subsidiaba a la economía más poderosa del planeta, Estados Unidos, a través de fórmulas de descuento en los precios del petróleo.

Indicó el ministro de Energía y Petróleo que el arbitraje internacional se estableció durante las rondas para la adjudicación de concesiones de convenios operativos, con los que se entregó la producción de más de 500 mil barriles de petróleo y se desmontó el régimen legal tradicional del país en esta materia, y con los cuales las empresas privadas recibían compensaciones por producción basadas en complicadas fórmulas para evitar ser revisadas por los órganos nacionales.

Con los convenios operativos se cedió la producción que estaba en control total del Estado, hacia las empresas trasnacionales y algunas nacionales. Adicionalmente, se excluyó al Congreso de la fiscalización de tales contratos, ya que se consideraba a estas empresas como simples prestadoras de servicios complementarios al sector petrolero, por lo que también fueron eliminadas las tasas de valor de explotación, de exportación, Impuesto Sobre La Renta y regalías aplicables al ramo de explotación de crudo.

En este escenario comenzó la privatización de hecho de PDVSA, con la entrega de sus actividades medulares y “desmontando el régimen legal petrolero que era una tradición en nuestro país”, explicó el titular del MENPET.