La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional investigará las presuntas relaciones entre el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, con la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

De acuerdo a una información publicada por el semanario marabino Qué Pasa en su edición Nº 195, correspondiente a la semana del 24 al 30 de agosto del año en curso, el anunció lo realizó el parlamentario zuliano ante la Asamblea Nacional Rafic Souki, quien señaló que la solicitud de investigar a Rosales fue presentada ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional por el también diputado Francisco López (PSUV-Zulia).

La investigación solicitada por el parlamentario bolivariano Francisco López se sustenta en una carta dirigida por la juez Segunda de Control, abogada Marily Castillo Boniel, a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, abogada Jacqueline Fernández, en la que cuestiona una actividad judicial en la estuvieron presentes la fiscal colombiana Olga Nieto y personeros norteamericanos de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

La citada carta firmada por la juez Segunda de Control, abogada Marily Castillo Boniel, fue reproducida y publicada por el semanario zuliano Qué Pasa en su edición Nº. 194, correspondiente a la semana del 17 al 23 de agosto del año en curso.

LA CARTA QUE DESTAPÓ LA OLLA

En su correspondencia dirigida a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, abogada Jacqueline Fernández, la juez Castillo Boniel hace referencia a una invitación fechada el 4 de junio del 2007, mediante la cual fueron convocados todos los jueces de primera instancia en funciones de control y juicio, adscritos al Circuito Judicial Penal de la región zuliana, a participar en el Curso de Cadena de Custodia dictado el pasado miércoles 6 de junio por la doctora Olga Nieto, Fiscal de la República de Colombia.

La carta de la juez Castillo Boniel destaca que la fiscal colombiana Olga Nieto dijo que “se encontraba en el estado Zulia en razón de la presentación de un Proyecto de Cooperación Internacional entre el Gobierno Regional y Colombia, con especial referencia a la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada”.

Según la juez, la fiscal colombiana manifestó en su intervención que los “destinatarios de este proyecto serían los funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela responsables de la Investigación Criminal y Administración de Justicia con énfasis en Narcotráfico”.

“TODO FUERA DE ORDEN”

Al cuestionar el Proyecto que adelanta Colombia y Estados Unidos con la Gobernación del estado Zulia, la juez Segunda de Control sostiene que los anteriores aspectos “sólo deben corresponderle a las máximas autoridades del país, más aún cuando estamos hablando de narcotráfico y delincuencia organizada, donde estos delitos afectan la seguridad del Estado”.

Enfatizando le recuerda a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, abogada Jacqueline Fernández: “Como ciudadana y más aun como jueza titular de éste país, tengo la obligación moral de manifestarle mi total rechazo a la presencia e intervención que hiciera el ciudadano norteamericano, quien se identificó como de la DEA de la Unidad Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica”.

Explica que el funcionario estadounidense, encontrándose sentado entre el público, fue llamado por el Secretario de Seguridad del gobernación del Zulia, José Sánchez Montiel, “Mazuco”, a pasar al frente de la sala e intervenir al final del acto.

En tal sentido, manifiesta que “no obstante tratarse de un extranjero en nuestro país, comenzó a hacer consideraciones en contra del gobierno, la falta de apoyo para el logro de objetivos en la lucha contra el narcotráfico, exponiendo que esto era por ‘el problema político’. Todo fuera de orden”.

La juez Castillo Boniel considera que la participación del funcionario de la DEA desvirtuó el origen primario de la convocatoria realizado por la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, abogada Jacqueline Fernández.

“Razón por la cual me levanté y me retiré de la reunión, ya que como funcionaria judicial habiendo sido convocada por la máxima autoridad administrativa, no avalaré nunca con mi presencia y aplausos, a personeros como esos, y me resisto a permitir que el recurso del Estado: salas, sonido, refrigerios, seguridad y el recurso humano que somos los jueces, seamos utilizados para servir de auditorio a quien pretenda hablar mal de uno de los Poderes del Estado, amparado en su condición de funcionario y de norteamericano”.

Como es del conocimiento público, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, el 8 de agosto de 2005 anunció que el Gobierno nacional había decidió “cortar en seco los convenios con la DEA (Departamento Antidrogas de EEUU) porque resulta que era utilizada como una máscara en la lucha contra el narcotráfico". En esa oportunidad el presidente Chávez señaló también que “los cuerpos de inteligencia venezolanos detectaron que la DEA apoyó incluso el narcotráfico para hacer tareas de inteligencia en Venezuela contra el gobierno".

Estas presuntas relaciones que el gobernador Manuel Rosales mantiene con la DEA y la CIA para tratar de desestabilizar al Gobierno bolivariano, habían sido denunciadas por José Vicente Rangel en su programa televisivo José Vicente Hoy del pasado domingo 12 de agosto.

En su programa, el ex presidente de la República reveló que “semanas atrás hubo una importante reunión de personas vinculadas a la CIA, la DEA, sectores de oposición y organismos de seguridad en una finca del gobernador Manuel Rosales en el Zulia”.

Ahora le toca a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional investigar la certeza de las denuncias presentadas por Rangel y la juez Segunda de Control, abogada Marily Castillo Boniel.