En la campaña para la elección del 6D, el hombre que "juega limpio" en Carabobo manifestó que los "nuevos" diputados a la Asamblea Nacional debían "retomar la ley de descentralización". Hoy, vuelve por sus fueros diciendo que el estado no quiere "seudo caudillos modernos", que tiene una propuesta para "todo Carabobo", e insiste con el tema de la descentralización. Me huele a campaña electoral adelantada.

En su discurso decembrino repitió el cliché "devolver competencias a los estados y darles la posibilidad de generar recursos que puedan atender las necesidades de la gente", esto me hizo retrotraer a los 90. Mi inquietud se incrementó cuando leí: "… los nuevos diputados retomarán la ley de descentralización para que Carabobo desarrolle todo su potencial y autonomía a fin de recuperar el desarrollo del estado".

Es decir, el desarrollo del estado Carabobo, su autonomía, depende, según el Coordinador del Voluntariado de la MUD Regional, de unos diputados "nuevos" y una ley. Es más, se van a "agotar todas las instancias internas" ¿? Porque "desde afuera no van a solucionar nuestros problemas, la lucha la seguiremos dando".

¿Quiénes son las instancias internas, qué es desde afuera, cuál lucha, cuál descentralización? Esta asepsia, esta falta de sabor a Poder Popular, este tan fuera de lugar de nuestra actual Constitución, impone hacer una síntesis muy apretada de la llamada descentralización en Venezuela que permita contrastar las propuestas "novedosas" de cierta oposición venezolana.

En Venezuela, la planificación del desarrollo se formaliza en 1958 con la creación de CORDIPLAN, oficina presidencial que tenía dentro de sus funciones realizar y mantener al día el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la nación; sin embargo, la planificación se transformó en un discurso técnico desligado del proceso real de toma de decisiones y de las necesidades sentidas de la población.

Paralelamente, la redistribución de la renta petrolera y la gestión del gasto público, en el período de la llamada democracia representativa, alimentaron la conformación de un Estado todopoderoso que, en términos políticos, se expresó en la conformación de un sistema centralista que adquirió diversos rasgos y matices a lo largo de la primera mitad del siglo xx.

Toda esa situación trajo consigo la organización de grupos de la sociedad que comenzaron a presionar para que la orientación de la democracia y el desarrollo nacional cambiara, institucional y constitucionalmente, el modelo. Es así como, en diciembre de 1989 se logra la elección directa de los gobernadores y alcaldes y las gobernaciones asumen la planificación del desarrollo de cada una de las entidades federales del país.

Concomitantemente, en diciembre de 1989 fue promulgada la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. La misma establecía los lineamientos fundamentales para promover la descentralización administrativa, delimitar competencias entre el Poder Nacional y los estados y determinar las funciones de los gobernadores en su condición de agentes del Ejecutivo Nacional.

Este período (1989-1999) se caracterizó por intentar una modernización del desarrollo económico y social y ampliar la participación y el fortalecimiento de la representación de las comunidades estadales o municipales como vía para una mayor responsabilidad y compromiso de la población hacia el Estado y sistema político. No obstante, no pasó de ser un intento.

Los cambios institucionales que se produjeron no lograron atenuar los impactos de la crisis económica y social. Graves deficiencias en las políticas sociales y servicios públicos indicaban la incapacidad de los sucesivos gobiernos para utilizar el ingreso petrolero como instrumento del desarrollo.

Indudablemente que desde el "Caracazo" en 1989 y la insurrección cívico militar en 1992 liderada por Hugo Chávez, se fue intensificando la deslegitimación del poder público que llegó a su punto culminante con la separación de Carlos Andrés Pérez del cargo presidencial en 1993.

La descentralización fue promovida desde arriba como una manera de encauzar el malestar que estaba subyacente en la sociedad venezolana, pero la misma, a decir de Ramón J. Velásquez (1998), mismo que fue presidente provisional del país a la salida de Carlos Andrés Pérez, no estaba arraigada en la conciencia de los venezolanos. Así, irrumpe Chávez en esta historia y su tesis del Poder Popular.