Lo explicamos hace un par de días, en entrevista con Fernando del Rincon transmitida por el canal internacional CNN en español. Ver video: https://youtu.be/4sc8Ktm7N0U
La cédula de identidad y la declaración jurada de patrimonio (DJP) son documentos vitales producidos por autoridades administrativas y por lo tanto son actos administrativos. Sin cédula no es posible establecer legalmente la identidad de una persona y ello le impide ejercer, por ejemplo, su derecho constitucional al voto, hasta que resuelva su situación como persona indocumentada mediante nueva cédula u otro documento de igual rango legal para identificarse como el pasaporte.
Frente al derecho individual del votante, también está el derecho colectivo de los ciudadanos a un proceso electoral protegido contra el fraude y por ello la identidad de cada votante debe ser verificada.
Absurdo sería plantear que mientras no exista sentencia judicial definitivamente firme contra los indocumentados sin cédula, estos si podrán votar; pues de lo contrario hay violación de la Constitución.
Así como el pueblo tiene derecho a elecciones limpias, igual pasa con su derecho a que el patrimonio público sea protegido frente a corruptos que se infiltran en cargos públicos. El único documento comprobante de que un funcionario está al día con la rendición de cuentas sobre sus ingresos y egresos económicos es precisamente la declaración jurada de patrimonio emitida por la Contraloría General de la República.
El artículo 289 de la Constitución determina las atribuciones de la Contraloría General de la República (CGR), entre las más importantes están: fiscalizar e imponer sanciones administrativas para cuidar el patrimonio público y evitar que los corruptos le metan mano.
En consecuencia, no presentar dicha declaración o presentarla con datos falsos o contradictorios, es una falta grave, que mientras no sea subsanada por el infractor, atenta contra el patrimonio público y mal podría permitirse a un sujeto ocupar cargos públicos en esas circunstancias. Sólo voceros leguleyos de la MUD parecen ignorar estos temas elementales del Derecho.
