Acciones anticontrabando son políticas de seguridad de la nación para proteger al pueblo venezolano



Acciones anticontrabando del gobierno son Políticas de seguridad de la Nación de categoría constitucional, como se desprende de los artículos 322, 326 y 327 de la Carta Fundamental y como tales, son responsabilidad compartida de las instituciones y de los ciudadanos, sin distingos de colores y parcelas políticas, con el deber y la obligación de todos los venezolanos de acatarlas y cooperar en el logro de sus fines y propósitos.

A la luz del mandato constitucional, son un desatino y una traición al pueblo y al Pacto social, las posiciones antipatrióticas y de implícita defensa a las mafias del contrabando, expresadas por dirigentes de la oposición, que los coloca en una peligrosa actitud de apólogos del delito y de cómplices de la delincuencia.

Como Política constitucional, las acciones anti-contrabando del gobierno son actos de legítima defensa de los derechos colectivos a la seguridad alimentaria y al normal abastecimiento de alimentos para los ciudadanos, principalmente en la frontera; es Política de seguridad del Estado que no debe ser sometida al debate político, a menos que sea para legitimarlas y apoyarlas.

La oposición incurre en irresponsabilidad grave y desacato, al eximirse de cumplir los Principios Fundamentales de la Seguridad de la Nación dichos por el artículo 326, en especial el Principio de Corresponsabilidad que se expresa en todos los ámbitos de la vida del Estado y de la sociedad. En tanto que concepto integral, la seguridad de la Nación aborda lo político, social, económico, militar, geográfico, cultural, geográfico y ambiental y todo hecho, circunstancia, suceso o novedad que altere el normal desenvolvimiento de la cotidianidad social, como ocurre con el contrabando, es un problema de Seguridad del Estado que debe ser atendido con Políticas Públicas; Políticas de Estado, diseñadas para lograr la progresiva satisfacción de los derechos y necesidades del pueblo como sujeto principal de la acción del Estado.

Grave error político, ético y legal que la oposición defienda al contrabando y a sus mafias porque están desconociendo la Constitución y atropellando los Derechos Fundamentales que la misma consagra a todos habitantes del país. Transitar esa ruta significa apoyar el delito, hacer apología del mismo y seguir desacreditándose ante el Pueblo, que sabe y comprende en cuál acera de la Política están sus enemigos y detractores.



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