El pasado 05 de febrero el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello anuncia desde San Cristóbal estado Táchira el decomiso de 939 toneladas de alimentos acaparados en varios galpones ubicados en las riberas del rio Torbes, cuyo destino era el contrabando de extracción hacia Colombia. Al día siguiente, los gobiernos de Colombia y Venezuela llevan a cabo en el estado Zulia en la llamada “cumbre contra el contrabando”, cuyo fin manifiesto es combatir ese flagelo. Y justo ese mismo día, sin que mediaran razones ni explicaciones, supuesto "estudiantes" encapuchados de la UCAB y la ULA ligados al partido Voluntad Popular atacan la sede de la gobernación del estado. A partir de entonces comienza la escalada violencia que alcanzó su clímax el 12 de febrero.
El 11 de febrero en la noche, en las vísperas de los acontecimientos del día de la juventud, es difundido un audio donde se escucha al ex-jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez, Ivan Carratú Molina, conversar con el ex-embajador de Carlos Andrés Pérez en Colombia Fernando Gerbasi. A la sazón y para lo que nos importa, Gerbasi no solamente fue embajador de CAP en Colombia, sino además presidente de una de las instituciones más corruptas de la historia venezolana: el Fondo de Inversiones de Venezuela, a través del cual buena parte de los sectores económicos ligados a CAP y FEDECAMARAS multiplicaron sus fortunas dándose créditos preferenciales que nunca retornaron. En dicho audio, uno le dice al otro exactamente lo que acontecerá el día siguiente siguiendo el mismo plan del 11 de abril de 2002. Le aconseja no colocarse al frente de la manifestación sino al costado. Según, la información se la había dado la misma persona que se la dio el 11 de abril.
Como es por todos y todas conocido, quien llama y encabeza los hechos de violencia es el líder del partido de ultraderecha Voluntad Popular Leopoldo López. A ese mismo partido pertenece el alcalde de la ciudad de San Cristóbal Daniel Ceballos, quien se hizo famoso en la reunión con alcaldes electos convocada por el presidente Maduro al acusar al gobierno nacional de promover la xenofobia hacia los colombianos como consecuencia de su lucha contra el contrabando de extracción. También pertenece a ese partido Alberto Maldonado, alcalde del municipio Torbes (es decir, donde se hicieron los grandes decomisos de contrabando de alimentos) y nada más y nada menos que Alberto "tato" García, alcalde del municipio Ureña quien hizo campaña justamente victimizando a sectores del municipio afectados por la lucha contra el contrabando que desde su llegada a la gobernación ha emprendido Vielma Mora. Ureña es el municipio venezolano que colinda con Cúcuta, que es a su vez el principal destino del contrabando de extracción de alimentos y productos venezolanos (como la gasolina), pero también una de las principales sedes del mercado ilegal de dólares que se fugan del país.
Y es que Cúcuta, que en la actualidad es un santuario paramilitar, funge también de paraíso fiscal informal para venezolanos contrabandistas. Varias empresas venezolanas se han mudado para ese lado aprovechando la mano de obra más barata, pero también para montarse en las bicicleta cambiaria con los dólares CADIVI y las remesas. A su vez, dichas empresas se dedican al contrabando de extracción, vendiendo en Colombia varias veces más caro los productos que comprar infinitamente más barato de nuestro lado. Toda la red mafiosa es manejada por los paramilitares, lo que incluye comercios y casas de cambio pero sobre todo a las propias autoridades de la ciudad. De allí que éstas últimas no hagan ningún esfuerzo por combatir el contrabando que llega de Venezuela (por el contrario, los productos son vendidos libremente por toda la ciudad tanto en comercios formales como informales, tal y como quedó muy bien expuesto en el documental de Jorge Amorín) y también que una parte importante del mercado ilegal de dólares se maneje bajo las reglas del "dólar Cúcuta", que es el tipo de cambio impuesto por las casas de cambio cucuteñas contra el bolívar.
Así las cosas, como todo el mundo sabe, el principal "socio" y padrino político de Leopoldo López (y de Capriles Radosnky) es el ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, no solo un reconocido narcotraficante acusado de tal por la propia NSA de los Estados Unidos sino jefe máximo de las bandas paramilitares de Colombia tras la desaparición de Carlos Castaño, fundador de la AUC. Tras una serie de violentas masacres perpetradas contra la población, los paramilitares lograron hacerse con el control de toda la frontera y por ende de toda su actividad comercial lícita e ilícita. Tal es el recuerdo de muerte y destrucción que el paramilitarsmo de Uribe dejó en Cúcuta que el 26 de enero pasado durante una visita a la ciudad fue abucheado y tomateado por pobladores de la zona que le reclamaban su papel en el genocidio.
Tras los hechos violentos de estos días, Uribe a salido a manifestar su apoyo a Leopoldo López y ha llamado abiertamente a derrocar al gobierno del presidente Maduro. Nunca, que yo recuerde, se han dado casos como los de Uribe transformado en una especie de cruzado de la derecha latinoamericana metiéndose en los asuntos de todos los países de la región pero sobre todo Venezuela. Pero dado todo lo antes dicho, no podía ser de otra manera: y es que más allá de alguna consideración de orden político o ideológico, lo que defiende Uribe son sus intereses mafiosos ligados al contrabando y narcotráfico paramilitarizado, del cual su contraparte venezolana es sobre todo -que no exclusivamente- personajes ligados a Voluntad Popular, que se sirven del contrabando y la especulación cambiaria para conspirar pero también como medio de financiamiento para sus campañas políticas y terroristas además de lucrase individualmente.
Es por este motivo que en las pasadas elecciones municipales Voluntad Popular buscó por todos los medios de hacerse fuerte en la frontera o cerca (además de los ya señalados, cuenta con alcaldes en el municipio Páez de Apure -donde también fueron decomisadas varias toneladas de alimentos-, en Socopó de Barinas, que no es exactamente fronterizos pero que ha sido desde hace rato una vía de penetración paramilitar y de extracción ilegal de madera, en Guásimo de Táchira y otros tres entre Mérida y Trujillo). La guinda de esta conexión paraca la remata David Smolansky en El Hatillo, quien viene de las filas del movimiento extremista de estudiantes de la UCAB. Debemos recordar que El Hatillo no solo es el municipio donde quedaba la célebre finca Daktari donde se alojaron los paramilitares descubiertos en 2004, sino además donde todavía se señala por parte de vecinos de las zonas rurales que la presencia paramilitar no ha disminuido sino que se ha difuminado por varios sectores que llegan hasta las vecinas zona norte y rural del municipio Sucre del estado Miranda, donde gobierna Primero Justicia tanto a nivel municipal como regional.
¿Dónde entran Carratú Molina y Gerbasi en toda esta historia? Pues que al igual que Antonio Ledezma (el otro activo promotor de los eventos del 12-f) su vinculación con Carlos Andrés Pérez, los hizo participes desde hace años de redes de narcotráfico tejidas desde Colombia y que atraviesan Venezuela aprovechando tanto la posición geográfica como el hiperdesarrollado y ultraconcentrado sector financiero bancario, históricamente integrado a los mercados financieros globales como consecuencia del mecanismo de extracción de renta petrolera. Para más detalle sobre este tema se puede leer aquí y aquí. Simplemente, en ánimos de hacer memoria, recordemos los casos de Orlando Castro, Ramiro Helmayer, Tinoco y el banco Latino, la yegua "porcelana" regalada por el patriarca del clan Ochoa al expresidente así como el funesto capítulo de la liberación de Larry Tovar Acuña, ya en tiempos de Ramón J. Velazquez.
Volviendo al tema de los hechos violentos de estos días y su vinculación con el contrabando y Uribe, debe tomarse en cuenta que ante la evidente colaboración de las autoridades cucuteñas con el contrabando de extracción que se padece en el país (colaboración que viene dada por el origen paramilitar de dichas autoridades), tras la mencionada reunión de los gobierno de Venezuela y Colombia para coordinar la lucha contra las mafias se ha escenificado de aquel lado de la frontera fuertes protestas muy parecidas a las aquí desatadas por grupos que también se ven afectados en sus intereses. Debe tomarse en cuenta a éste respecto lo siguiente: más allá de los temas diplomáticos, al gobierno de Santos le interesa este tema porque los empresarios colombianos también se ven afectados por el contrabando de productos venezolanos, pues el mismo se suma a la avalancha de productos que están entrando a dicho país por la vía del TLC con los Estados Unidos y que están tirando a muchos productores a la quiebra.
Así pues, queda en evidencia lo que se ha venido diciendo desde hace rato: que la lucha contra la guerra económica, la inseguridad y la corrupción es la misma, y que los principales instigadores de la guerra económica, la inseguridad y la corrupción lo son también de la guerra social y el fascismo.
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