Lo que al principio parecía un suceso políticamente insignificante, como fue una sentencia de la Corte de lo Contencioso Administrativo que le prohíbe a Henrique Capriles Radonski administrar algunos fondos de la Gobernación de Miranda hasta tanto cumpla con los procedimientos previstos en la ley, ahora trasciende a un plano de considerable relevancia, en virtud de que la reacción del Gobernador ha sido amenazar al Consejo Legislativo Regional (parte demandante) con tomar sus instalaciones sino le transfieren los recursos. Entretanto Capriles no paga las deudas laborales con los maestros de Miranda (video) http://goo.gl/psVRNI

Se trataría de una acción temeraria y al margen de la legalidad, encabezada por el máximo dirigente oposicionista; lo cual pudiera activar un peligroso escenario de confrontación entre ciudadanos y al mismo tiempo desencadenar consecuencias lamentables. Llama la atención la amenaza de Capriles de tomar una institución del Poder Público y seguramente las autoridades deberán tomar las acciones preventivas proporcionales al hecho, dado los riesgos implícitos en el caso planteado.

Surge la hipótesis, de que el bloqueo de recursos financieros a la Gobernación de Miranda, ha sido una habilidosa maniobra de provocación para que Capriles se salga del juego democrático e incurra en la violencia que doctrinalmente pareciera caracterizar a su organización política Primero Justicia desde los sucesos del 2002, pasando por los de la instigación a la violencia durante los días 15 y 16 de abril 2013.

Se especula que de salirse del juego democrático, Capriles malograría el ascenso electoral del bloque opositor y entraría en un escenario de ilegalidad que lo haría susceptible de la aplicación de medidas coercitivas contra la subversión.

En cualquier caso, las acciones emprendidas por el PSUV Miranda parecen adecuarse progresivamente a lo que debe ser el ejercicio de contrapeso político en dicha entidad regional, pues a la lucha por la transparencia administrativa en el manejo de fondos, se suma su apoyo a numerosos grupos y asociaciones de maestros que reclaman el cumplimiento de los compromisos laborales que la Gobernación ha estado evadiendo sistemáticamente con el falso pretexto de que el Gobierno Nacional no le destina suficientes recursos.

Ciertamente, es una lucha compleja contra Capriles en su condición de imagen principal de una importante fuerza política y electoral en Venezuela que ha tenido diferentes manifestaciones como su reelección como gobernador en diciembre del año pasado y el reñido resultado de la elección presidencial el 14 de abril del año en curso.

En lo que respecta al estado Miranda, la alianza oposicionista que funciona bajo su liderazgo ha establecido una hegemonía basada en el control de la Gobernación y de importantes alcaldías como la del populoso Municipio Sucre.

Dentro de este contexto, el chavismo debe seguir enfocado en profundizar una política de oposición a Capriles mediante el trabajo de masas y la conquista de nuevos simpatizantes, elaborando junto con los mirandinos nuevas propuestas y acciones tendientes a solventar problemas como la delincuencia desatada y los conflictos laborales con empleados y trabajadores dependientes de la Gobernación, los cuales evidencian la deficiente gestión regional.