¿CÓMO NACE EL PROGRAMA DE RADONSKI?
Este Programa que había sido ocultado por su contenido anti-popular, tiene su historia. Veamos: “En marzo de 2010, luego de un proceso en el que se recogieron, discutieron, consultaron y aprobaron las propuestas presentadas por los diferentes partidos, surgen las 100 Soluciones para la Gente, documento base de los Lineamientos que a continuación se MUD. Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional (documento en revisión). Diciembre 2011” (pág.9).
No fue nada improvisado. Resultó de un proceso de reflexión y discusión en el que participaron los partidos políticos y personalidades que lo suscribieron: “Estos Lineamientos son producto de un trabajo sistemático que se viene realizando desde 2009, cuando se conforma la Comisión de Políticas Públicas de la Unidad Democrática, integrada por representantes de los diferentes partidos políticos, quienes se plantearon como objetivo elaborar propuestas programáticas consistentes con los objetivos políticos y estratégicos de la Mesa de Unidad Democrática (...).La elaboración del documento ha sido precedida de un gran esfuerzo de encuentro político y técnico”. (pág.9). Es así como los partidos de la alianza lo ratifican: “La Unidad Nacional tiene un programa para los venezolanos. Su elaboración ha sido un compromiso central de esta alianza” (pág.9). Como es notable, no se trata de un documento secundario y sin importancia. Quienes lo firmaron sostienen categóricamente que: “los Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional que, basados en las 100 Soluciones para la Gente, contienen las políticas que impulsará nuestro gobierno a partir de enero de 2013” (pág.9). No hay dudas, este Programa sería la brújula que orientaría las políticas del nuevo gobierno en caso de triunfar el próximo 7 de octubre. Siendo las cosas así ¿por qué tenían oculto este programa? mientras el candidato en sus presentaciones públicas se limitaba a balbucear un discurso colmado de falaxias, demagogia, populismo y propuestas fantasiosas.
Bases normativas para el nuevo gobierno
Igualmente, es una sorpresa la base jurídica en que se apoya el Programa de la MUD. “La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos” (pág. 14). Esta fue la misma Constitución defenestrada por la derecha venezolana desde 1999 en que fue promulgada hasta hace algunos meses. Esta Carta Magna fue calificada de antidemocrática, dictatorial; incluso fue quemada en la Asamblea Nacional por uno de los diputados más furibundos enemigos de la Constitución. Ahora es “(…) una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos (…)”. Esta es, la doble moral con que han actuado los líderes de la derecha venezolana. Hay en ellos un caradurismo exacerbado sin límites que contrasta con el alto espíritu ético-moral del pueblo venezolano. ¿Quién les cree?
En este ámbito jurídico, el Programa lanza una ofensiva orientada a desmontar “Las leyes o decretos-leyes inconstitucionales [que] deben ser impugnados judicialmente, si aún no lo han sido. Adicionalmente, debe ejercerse la iniciativa legislativa del Presidente de la República para presentar proyectos de ley que desmonten las regulaciones contrarias a la Constitución dictadas en los últimos años, incluyendo las que responden al modelo del Estado socialista comunal” (pág. 14). Estas leyes o decretos-leyes, que no mencionan explícitamente, se pueden deducir cuáles son por la oposición que ellos le hicieron en su momento a la Ley Habilitante y, particularmente, la Ley de Hidrocarburos, Ley de Tierras y Ley de Pesca, entre otras. La eliminación de estas leyes de alto contenido popular y soberano, implicaría regresar al pasado: entregar el petróleo y nuestras reservas probadas a las empresas transnacionales con todas las implicaciones que ello tendría en los ingresos nacionales. La inversión social se reduciría a grados mínimos y las Misiones sociales serían eliminadas. Asimismo, el pueblo sería despojado de las tierras otorgadas por el Estado y vueltas a sus antiguos dueños; y la pesca de arrastre acabaría con los ecosistemas marinos.
Cabe resaltar que en las leyes que se eliminarían, deben estar incluidas “(…) las que responden al modelo del Estado socialista comunal”. Por supuesto, tanto los logros alcanzados en estos 12 años que benefician al pueblo y garantizan el ejercicio directo y protagónico de su participación política, también serían eliminados. Obviamente las Comunas tendrían el mismo destino, porque el Estado Comunal promovido por la Revolución Bolivariana, es contrario al Estado Federal y Descentralizado que promueve la derecha venezolana y mundial, como se verá más adelante. Ellos son sumamente claros: “Habrá que revisar también las cinco leyes que soportan jurídicamente el llamado Estado Comunal (…)” (PÁG. 22). Sin estas leyes, el Estado Comunal queda sin legalidad.
Rescatar el federalismo previsto en la Constitución
La misma concepción federalista con respecto al Estado, es extensiva al tipo de gobierno que aspira instaurar Radonski. Veamos: “El nuevo gobierno ha de ser profundamente federal y descentralizado. No solamente porque ha de promover la descentralización y ha de respetar las competencias de los Estados y Municipios, sino también en el sentido de que la concepción y gestión del gobierno deberá sustentarse de manera permanente en la discusión y articulación de políticas con los Gobernadores y Alcaldes. Ello en relación no sólo con los temas directamente relacionados con la descentralización, sino también respecto de los grandes asuntos del desarrollo nacional y de la inclusión e integración político-social (…)” (Pág. 15). La descentralización planteada en este Programa, no es la misma que contempla la Constitución. Nuestra Carta Magna sostiene una descentralización desconcentrada y centralizada; es decir, a los Estados y Municipios se les transfieren poderes, funciones y competencias en el marco de un gobierno centralizado para garantizar la unidad del Estado-nación y en la cual los estados deben garantizar la integridad del territorio, tal como lo dice la Constitución en el Artículo 159: Los Estados (…) quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República; mientras que el federalismo descentralizado planteado por la doctrina neoliberal y, por tanto, por el programa de Radonski, es un federalismo en el cual el territorio nacional quedaría convertido en una sumatoria de parcelas (los estados), que rompe la unidad del Estado-nación. Es lo mismo que se planteó en los años ochenta con la Comisión Para la Reforma del Estado (COPRE). Esta descentralización permitiría que los Gobernadores y Alcaldes puedan negociar el territorio venezolano y sus riquezas naturales con las empresas transnacionales. Los estados y Municipios serían gobernados como haciendas particulares de cada jefe político de estas instancias, las cuales explotarían en su beneficio y el de los suyos. Venezuela se pondría en venta al gran capital y abundarían tierras, parques y playas privadas, como en los tiempos de CAP. Es por ello que son tajantes cuando afirman: “Es preciso adoptar las medidas necesarias para restituir a los Estados el ejercicio de las competencias exclusivas de las que inconstitucionalmente fueron despojados”. (Pág. 15). Las “competencias exclusivas (…) de las que fueron despojados”, son aquellas que garantizan la autonomía de los estados con respecto al gobierno central. Esto facilitaría a los autonomistas de ayer y de hoy, en momento de crisis política, fragmentar a Venezuela y hacer con partes de ella otro país, tal como está previsto en el denominado “Plan Erizo”. Los estados con petróleo y los fronterizos, se cuentan en este Plan.
Los Consejos Comunales
Estas instancias de participación popular protagónica, está contemplado se mantengan pero con competencias no muy claras porque“(…) deben (…) ser deslastrados de todo sesgo ideológico-partidista así como de toda confusión que los configure como instancias híbridas que terminen asumiendo funciones públicas que le son ajenas” (pág. 18). Está por conocerse cuáles son esas funciones públicas que le son ajenas. Conociendo que en los gobiernos liberales, mandan las élites, seguramente el pueblo quedará para levantar la mano ante sus propuestas. Desde esta perspectiva estaríamos regresando al sistema de la representatividad.
La tenencia de la tierra
Los avances alcanzados en materia de tierras, también serán severamente afectados porque “Se adelantará una evaluación de las ocupaciones o expropiaciones de tierras o industrias efectuadas por el actual gobierno, con miras a resolver estas situaciones con apego a la Constitución. Se revisará el otorgamiento de títulos precarios de pseudo-propiedad a agricultores o a los habitantes de zonas populares, para reconocer a los beneficiarios la propiedad plena (pura y simple). (Pág. 86). La idea es regresar al latifundio devolviéndoles las tierras a los grandes terratenientes y latifundistas. No lo dicen claramente; pero eso es lo que se espera de un gobierno de élites “(…) reconocer a los beneficiarios la propiedad plena”.
La Fuerza Armada Nacional
98. El ejército venezolano regresaría a ser una institución profesionalizada. En efecto, habría que “Reorganizar y reformular la institución castrense para que responda a amenazas multidimensionales, con componentes profesionales, altamente entrenados, dinámicos y con capacidades operativas para responder eficazmente” (pág. 19). El ejército volvería a ser lo que era antes: una institución profesionalizada para matar gente. Ya el ejército dejaría de participar en el desarrollo integral del país, como lo viene haciendo hasta ahora, y se dedicaría sólo a operaciones estricta y absolutamente militares bajo la doctrina y al servicio de los planes recolonizadores de la OTAN.
También plantea el Programa: “Eliminar la Milicia Bolivariana, como componente militar dependiente del Presidente de la República (…) e insiste en “profesionalizar la tropa. Eliminar gradualmente al soldado no profesional”. (pág. 19). Desmontarían este complemento del ejército.
“Democratización de las comunicaciones”
Esta es una “democratización” muy particular. Probablemente orientada a beneficiar a las élites porque inicia con una revisión del marco legal que soporta la política que en materia de comunicaciones ha llevado adelante el Estado venezolano: “Entre la legislación que debe revisarse está la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; el Código Penal; la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Debe procederse a la recomposición del Directorio de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. (PÁG. 22). Pero aquí también aprovechan y lanzan otro plomo contra el Estado Comunal: “Habrá que revisar también las cinco leyes que soportan jurídicamente el llamado Estado Comunal”. (PÁG. 22). Igualmente, señalan que: “Procederemos a anular los procedimientos administrativos abiertos contra medios y/o profesionales de la comunicación (…). Derogaremos el decreto de creación del Sistema Integrado de Comunicación e Información (…) Se restituirá a RCTV una concesión para la transmisión de su programación en señal abierta, realizando las gestiones conducentes a la devolución de sus equipos de radiodifusión. Decisiones similares se adoptarían en relación con emisoras de radio írritamente tomadas por el Estado”. (PÁG. 22). En este apartado resaltan tres cosas: 1) pareciera que no importa el tipo de delito o infracción cometida por los medios y profesionales de la información. Lo importante es que ellos decretan desde ya que anularan esos procedimientos. ¿Cómo queda la impunidad?. Que se sepa, los procedimientos seguidos a los medios han sido por violar decretos y leyes del Estado venezolano vigentes. Y los procedimientos seguidos a comunicadores han sido por delitos tipificados en el código civil como delitos comunes. No han sido por restricción a la de libertad de expresión; 2) desmontarían el Sistema Integrado de Comunicación e Información para que los medios privados monopolicen la comunicación e información y 3)RCTV y emisoras de radio volverían a seguir envenenando la mente de los venezolanos con sus programas, violentos, consumistas, idiotizantes y falseando la realidad para contrainformar al pueblo venezolano. Sería un regreso a la dictadura mediática antes existente. TELESUR y Radio del Sur también serían revisadas y “Devolver de inmediato a sus concesionarios el uso de las frecuencias y los bienes e infraestructuras que les fueran sustraídos. Se promoverá la independencia en la asignación de frecuencias” (PÁG. 22). Se trata de desmontar todo lo estructurado por el Estado venezolano en estos 12 años.
Buen Gobierno
Se plantean ”Analizar las leyes vigentes a la luz de su coherencia con el texto constitucional y entre ellas, para proponer las reformas necesarias a fin de facilitar la buena marcha de la administración y sus relaciones con la ciudadanía. Reformar de manera progresiva la administración central para ajustarla a la estrategia de gobierno de la nueva administración” .(pág. 40). Se trata de reformar todo para ajustar el andamiaje jurídico-político que rige el ejercicio de la administración pública al credo neoliberal, sobre todo de achicamiento del Estado. Esto prevé despidos masivos a todos los niveles de la administración pública y quizás una gran conflictividad social.
Hacia el Estado Federal Descentralizado
Tal como se ha venido señalando: ”Dentro del marco de la Constitución de 1999 vigente, el nuevo gobierno se compromete con la instauración del modelo de Estado Democrático, Federal y Descentralizado previsto . Ese debe ser el punto de partida para el rescate de la noción de Federalismo Cooperativo que fomente y vigorice los espacios de concertación entre los niveles de gobierno y con la sociedad organizada. En ese marco, se entiende la descentralización, más que como un fin en sí mismo, como un vehículo para una mayor democracia, para la eficacia del Estado, el impulso de la diversidad y la vida local y para la minimización de los vicios del centralismo”. (pág. 40). El Estado Democrático, Federal y Descentralizado no está contemplado en la Constitución de 1999 como “modelo de Estado”. La Carta Magna define el Estado actual, en su Artículo 2, como “(…) un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Estos dos modelos de Estado en esencia son contradictorios, aunque la descentralización desconcentrada y centralizada como política pueda complementar al Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
En este mismo orden de ideas, prosiguen en que hay que “Desarrollar y aprobar los decretos para devolver las competencias exclusivas a los estados, especialmente la administración de la vialidad, los puertos, aeropuertos y puentes”. Iniciar las negociaciones para la elaboración de una nueva Ley Orgánica de Descentralización, coherente con el modelo de Estado que se propone”. (pág. 40 -41). Esta nueva Ley Orgánica terminaría por establecer el piso legal que contribuiría a materializar el Estado Federal Descentralizado, es decir, el Estado liberal que ellos proponen. Estas “competencias exclusivas a los estados” se prestarían para toda clase de negocios en estas entidades y con el control de los puertos y aeropuertos se pudiera facilitar el negocio del narcotráfico.
Participación comunitaria y desarrollo municipal
“(…) será necesario plantearse reformas a las leyes del Poder Popular, de Consejos Comunales y de Comunas.(pág. 42). La idea es desmontar estas instancias de participación popular y de ejercicio de la política porque para los neoliberales, la política está reservada para las élites ilustradas y no el pueblo. El pueblo aprueba levantando la mano lo que las élites proponen.
Pero seguidamente plantea el programa que después de alcanzar en el siglo XXI un Estado altamente descentralizado, como contraparte, “el Gobierno Central se deberá racionalizar para disminuir su tamaño, habiéndose reducido la nómina de los servicios”.(pág. 43). Aquí está la clave para entender al neoliberalismo con respecto al papel del Estado. Para ellos el Estado debe minimizarse (Robert Nocit), no ser propietario porque la propiedad debe ser privada, garantizar la competitividad, reducir el gasto social y descansar en el pueblo porque el gasto no tiene retorno de capital, construir la infraestructura necesaria para que la actividad económica se lleve a feliz término y montar un sistema jurídico confiable, es decir, que beneficie al capital. Esta es la receta que se ha aplicado en Europa y otros continentes con las consecuencias que ya conocemos. La principal implicación de esta receta en Venezuela sería la eliminación de las Misiones Sociales y la privatización de los servicios como salud, vivienda, educación, entre otras. Sería un retroceso.
Política económica
Un aspecto de la política económica señalan que: “(…) También se considerará de manera prioritaria la capacitación técnica para el desarrollo de nuevas áreas económicas relacionadas con la tecnología, para lo cual se debe restructurar instituciones como el INCES”.(pág.55). Es claro: los planes del capital nacional e internacional requieren de restructurar las instituciones educativas y todos los niveles de la educación para que responda al nuevo modelo de Estado y de acumulación de capital. El INCES volvería a ser lo que fue en su origen en 1959 y su papel sería producir mano de obra barata para los empresarios. Esto sería volver a la vieja política de obrerizar la mano de obra de los venezolanos. El personal gerencial los producirían las universidades elitescas del país en las cuales los cupos estarían reservados a los hijos y familiares de los empresarios. Los pensum de estudios serían adaptados a estas nuevas necesidades del capital.
Asimismo plantean que “Venezuela solicitará su reingreso a la Comunidad Andina para fortalecer el mecanismo de integración y coordinar las acciones que permitan la negociación bloque a bloque con MERCOSUR.”(pág.55). Se incorporarían a la Comunidad Andina, un bloque con una orientación económica predominantemente neoliberal por las políticas de los países que lo lideran y no mantenerse en MERCOSUR al cual ya Venezuela pertenece. La idea expresa es hacer causa común con sus pares neoliberales en el continente. De eso no queda dudas. Asimismo, suponemos que cuando señalan más adelante que: ”También se revisarán los acuerdos de cooperación y complementación económica firmados por la República, con base en la evaluación de las garantías de reciprocidad y beneficio mutuo e impacto sobre el crecimiento y el empleo en el país, en un momento crítico para la economía mundial”.(pág.55). Es romper los acuerdos que Venezuela ha establecido con países como China, Rusia, Irán, entre otros.
Proteger a los trabajadores y mejorar la seguridad social.
Asimismo, buscan desmontar el Estado Socialista cuando plantean que “El conjunto de leyes aprobado por ley Habilitante y por la Asamblea Nacional para conformar un Estado socialista debe ser revisado en profundidad, tanto en sus alcances como en sus consecuencias, para determinar en cuánto se distancia del mandato constitucional e inducir los cambios necesarios (...)(Pág. 57). Pero también privatizar la producción de bienes y servicios. Son categóricos cuando dicen: “No corresponde al Estado ser el único proveedor de bienes y servicios, ni fijar los precios (...)”(Pág. 57). El mercado sustituiría al Estado en la fijación de los precios. Contrario a lo que propugnan, el neoliberalismo no garantiza la protección de los trabajadores ni mejora la seguridad social. En los hombros de los trabajadores manuales e intelectuales, asalariados todos, recaerá financiar los servicios sociales que antes subvencionaba el Estado. Sino que los digan los chilenos o los españoles.
Ya expuestos algunas bondades del Estado Federal y Descentralizado que proponen, se lanzan a desmontar el socialismo. Veamos:”(…) La creación de un Estado socialista en los términos establecidos en estas leyes es contraria al interés de los individuos y de la sociedad, a pesar de las ventajas temporales que pueda generar para algunos sectores. Entendiendo que ningún Estado puede darle entera satisfacción material ni cultural a la sociedad, le corresponde mantener un ambiente propicio para que la sociedad trabaje en su propia satisfacción y en la provisión de recursos para el Estado(…)”. (Pág. 58). Claro, no pueden decir lo contrario. El Socialismo es malo para el capital y bueno para los trabajadores porque rompe la contradicción entre la producción social y la apropiación privada del producto del trabajo humano. Y hace que la producción social sea apropiada por la sociedad, no por manos privadas. La apropiación privada del producto del trabajo humano es la madre de todas las desigualdades del capitalismo y ese problema es lo que no permite que en el seno del capitalismo se resuelvan las necesidades de los trabajadores y del pueblo.
Incentivar la participación privada
Un gobierno de transición no descarta la participación privada en la economía ni el emprendimiento de proyectos conjuntos con el Estado. Eso es una cosa y otra es pretender privatizar todo y regresar a manos privadas propiedades que fueron declaradas de interés público por el Estado. El espíritu de este Programa es privatizar la propiedad: bien por empresarios nacionales o internacionales. Por ello insisten: “Es necesario lograr que el sector privado participe en la producción de bienes y servicios, por medio de la contratación, la asociación y otros mecanismos que incorporen a los inversionistas privados, nacionales o extranjeros, velando en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones laborales legalmente contraídas. Para ello debe determinarse en cada caso si fue reconocida o no la indemnización a los propietarios originales, si estos conservan interés en recuperar lo expropiado o si otros inversionistas podrían adquirir tales activos sin pérdidas significativas en su valor”.(Pág. 428). ¡Más claro no canta un gallo!.
Restructurar PDVSA como parte de la industria
Se plantean restructurar PDVSA sobre la base del siguiente diagnóstico: “La evaluación de la situación técnica y financiera de la estatal venezolana es particularmente difícil, debido a la insuficiencia y escasa confiabilidad de la información oficial. Por ello debe confiársele a un grupo de profesionales con experiencia y credibilidad, que tenga como primer objetivo adelantar difíciles negociaciones para garantizar la operatividad de la empresa y la cooperación de su personal con un nuevo gobierno” (pág.73). Si es cierto que “la situación técnica y financiera de la estatal venezolana es particularmente difícil, debido a la insuficiencia y escasa confiabilidad de la información oficial”, ¿cómo se explica que PDVSA no sólo fue arrancada por parte del personal técnico actual, sino que ha operado con una alta producción durante 12 años?. Para ellos PDVSA no está operativa.
Ellos dudan de las cifras oficiales; pero entregaron el manejo de la información del negocio petrolero a INTESA, una empresa norteamericana creada en el año 1996, bajo la presidencia de Luis Giusti. En ese momento, PDVSA se asoció con SAIC (Science Aplications Internacional Corporation), corporación que entre sus múltiples actividades está el manejo de información, desarrollo de armas y sistemas de destrucción masiva, entre otros menesteres. De esta manera, “(…) aunque la participación accionaria fue de 40% PDVSA y 60% SAIC, el aporte de capital lo realizó PDVSA. Así pues, quedaba instalada una empresa de nombre INTESA (Informática, Negocios y Tecnología, S.A.), cuyo presidente era Roger Brown, quien a la vez era director de la Global Oil & Gas Initiatives, un departamento de SAIC”.(www.soberania.info). Pero esta información levantó muchos comentarios en medios nacionales e internacionales: “Durante los primeros días de enero del 2003, el semanario Brecha de Montevideo publica en su primera edición del año un artículo en el que vinculan a varios ex directores de la CIA con PDVSA, a través de su socia SAIC, cuya alta dirección, desde su creación estuvo integrada por varios miembros de la CIA, Departamento de Estado, Departamento de Defensa y Fuerzas Especiales norteamericanas. Pero tal vinculación no es un descubrimiento muy reciente, ya para el 11 de agosto del año pasado [2002]El Universal publicaba algo al respecto, “...detrás de esa decisión se hallan una serie de denuncias sobre supuesto espionaje que SAIC estaría haciendo en Venezuela, debido a sus contactos con la CIA en Estados Unidos. No obstante, cuando se consulta a representantes de Pdvsa rechazan los argumentos del espionaje...” (www.soberania.info). ¿Cuál es la confiabilidad que estos truanes le reclaman al Estado venezolano?. Después de conocer los vínculos de INTESA con supuestos ex - agentes de la CIA, no es difícil pensar que cuando dicen que la información “debe confiársele a un grupo de profesionales con experiencia y credibilidad”, es porque probablemente estén preparando las condiciones para entregar nuevamente esta parte tan sensible del negocio petrolero a la policía política de los Estados Unidos. Con estos antecedentes, ¿en quién en verdad no se debe confiar?.
Pero las cosas van más lejos de lo que se suponía “PDVSA debe ser orientada hacia el desarrollo de capacidades tecnológicas, administrativas y comerciales. Ello requiere (…): Separar el cargo político del Ministro con competencias en hidrocarburos de la Presidencia de PDVSA y ampliar la composición de su Asamblea de Accionistas para garantizar a la empresa autonomía gerencial, financiera y operacional, Transferir a los Ministerios competentes los programas sociales actualmente a cargo de PDVSA y hacer de las filiales no petroleras empresas independientes de la estatal. Cumplir con los compromisos laborales legalmente adquiridos por la empresa hasta la fecha, incluyendo los derechos violados de los trabajadores despedidos entre 2002 y 2003. .(pág. 74). Con esto se busca: independizar a PDVSA del Estado con una supuesta autonomía gerencial. Esta medida está orientada a que el Estado no dirija parte de los ingresos por venta de petróleo a la inversión social. Esto es regresar a la vieja PDVSA; también se busca quitar el financiamiento que PDVSA otorga, en tanto empresa de todos los venezolanos, a las Misiones sociales. Esto pudiera generar una situación de conflictividad social de magnitudes impredecibles. A esto se refiere el Presidente cuando señala que la aplicación de este programa en Venezuela, pudiera conducir a una guerra civil. Ya existe la experiencia del 27 y 28 de febrero de 1989 con el “paquete” de Carlos A. Pérez. Igualmente, se busca fragmentar en empresas independientes, el actual sistema de empresas que conforman a PDVSA y lograr un mejor reparto del negocio y el capital queda conforme con su “pedazo de torta”. También contemplan el reintegro de los meritócratas que abandonaron sus puestos de trabajo en el 2002 y 2003. Esto lo ratifican cuando solapadamente plantean que hay que “Identificar cuáles son las áreas críticas que actualmente o en el futuro requerirán de personal especializado y crear incentivos para atraer a Venezuela un talento humano potencialmente escaso, teniendo en cuenta a los venezolanos que fueron retirados de la empresa desde 2002 y que actualmente trabajan en empresas petroleras de otros países, así como a algunos jubilados”.(pág. 74). Este personal no fue retirado. Ellos abandonaron sus puestos de trabajo y el Estado le formalizó su salida definitiva.
Asimismo, se busca incrementar la participación privada en la explotación del negocio petrolero; para lo cual es necesario es necesario flexibilizar el marco legal vigente. En ese sentido sostienen que: ”Venezuela podría perder la oportunidad de lograr una buena parte de las inversiones por hacerse en el planeta si el Estado no flexibiliza el marco legal vigente y amplía las disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos de 2001 y la Ley de Hidrocarburos Gaseosos de 1999 a favor de la competencia y la participación privada en la industria.”(pág. 75). Lo que se quiere en definitiva es volver a la vieja Apertura Petrolera con lo que se garantizaba que el capital privado se apropiara de la industria. Y para ello se requiere de “(…) la reforma de los artículos del decreto 5.200 que fijan en 60% la participación accionaria de PDVSA en empresas mixtas; el diseño de un nuevo impuesto a las ganancias súbitas progresivo y no discrecional en lugar del establecido en la Ley de Contribuciones Especiales de 2011 y la derogación de las leyes de expropiación de los bienes y servicios de actividades conexas y las que pudiesen colocar la industria de hidrocarburos al servicio del socialismo. (pág. 75). También se eliminarían las expropiaciones y evitar poner la industria a la construcción del socialismo.
En contraste, el Estado, tal como se ha venido señalando “(…) debe cumplir sus responsabilidades en el negocio medular, en la construcción de infraestructura y en el manejo de la Tesorería, reconociendo las necesidades de capital y financiamiento de los socios y el impacto de sus propias decisiones en la economía de los proyectos”. (pág. 75). Estas son parte de las funciones que el credo neoliberal le otorga al Estado poniéndolo en una situación de subalterno y al servicio del capital.
Pero además incrementarían gradualmente los precios de los hidrocarburos. “Se debe determinar una regla de incremento gradual en los precios de los hidrocarburos consumidos en el mercado interno, de modo que PDVSA y todas las empresas en la industria cubran sus costos de producción y la medida sea políticamente viable, haciendo evidente su conveniencia para la población. Todo esto con el propósito de aumentar la productividad, competitividad y capacidad del sector petrolero (público y privado), ni incrementarse el valor para la Nación”.(pág. 76). Esta medida hace suponer que también la gasolina se aumentaría. ¿El aumento de la gasolina que llevó a un aumento del costo del pasaje, no fue el detonante del 27 de febrero del ’89?.¿Es que esta gente no aprende de sus propias torpezas?; ¿ o es que necesitan de un detonante social para justificar una intervención militar foránea?. Esta posibilidad también está contemplada en el Plan multilateral que vienen aplicando en Venezuela.
En este mismo orden de ideas, le quitan el control al Estado de los yacimientos y su función reguladora y lo otorgan a un ente autónomo “(…) la función reguladora del Estado y la protección de los yacimientos corresponderían a un nuevo ente, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa, normativa y administrativa”.(pág. 76). Este sería otro paso trascendente para desmarcarse del Estado y hacer negocios redondos con nuestras riquezas petroleras, con las empresas transnacionales.
Ese nuevo ente cumpliría casi todas las funciones del Estado. Por eso plantean que “Conviene considerar las consecuencias de confiar al ente las funciones de evaluar técnicamente las reservas naturales de petróleo y gas; otorgar licencias y permisos para realizar todas las actividades (exploración, explotación, refinación, procesamiento, transporte, comercialización, importación y exportación); inspeccionar, auditar y fiscalizar empresas; imponer las penalidades administrativas y monetarias reglamentarias; establecer las metodologías para fijar los precios de los hidrocarburos en el mercado interno; organizar, mantener y publicar bancos de datos relacionados con la industria de los hidrocarburos; organizar un sistema nacional de investigación y desarrollo en hidrocarburos y cooperar con otros entes regulatorios en el sector energético en asuntos de interés común”.(pág. 76). Sería un Estado dentro del Estado.
Política energética.
Su prioridad es el sector privado; por ello plantean que “La primera acción debe ser la emisión de un nítido y coherente mensaje dirigido al sector privado productor y a los consumidores para restablecer la confianza. El gobierno de Unidad Nacional deberá realizar reformas legales y aplicar políticas destinadas a garantizar los derechos de propiedad y las libertades económicas consagradas en la Constitución. Procederá a revisar y corregir las medidas ilegales y los abusos administrativos que determinaron la adquisición ilícita de empresas, tierras y otros bienes en la última década”. (pág. 80). Con estos enunciados queda lo suficientemente claro que se trata de un programa de alta factura neoliberal. Por ello es necesario “Resaltar la condición de la propiedad privada como derecho humano insustituible y como clave del progreso”. (pág. 84). He aquí plasmado otro principio neoliberal. Concebir la propiedad como “derecho humano insustituible y como clave del progreso”, es lo que los lleva a desmontar la Ley Habilitante aprobada por el Presidente y a abrirse en contra de todas las leyes contenidas en ésta, que benefician al pueblo. Por eso hay que: “Accionar legalmente en contra de los artículos inconstitucionales que presenta cada uno de los instrumentos normativos que menoscaban el derecho a la propiedad, o que impiden su cabal ejercicio, especialmente: Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; Ley de Tierras Urbanas; Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda; Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios; Ley de Ilícitos Cambiarios; Ley de Propiedad Familiar y Multifamiliar; Ley de Arrendamientos y Ley de Costos y Precios Justos”. (pág. 86). Todas estas leyes han sido defendidas por el pueblo venezolano en distintas jornadas de luchas.
Finalizan esta parte con otra “perla”: “Desarrollar marco normativo para que el diseño de las políticas públicas conlleven hacia la democratización de la propiedad estatal”.(pág. 87). Esto quiere decir que los bienes del Estado sean privatizados como en los viejos tiempos que había que pagar para entrar a algunos clubes y bañarse en algunas playas.
Política de turismo
Aquí también le asignan una función al Estado. “El Gobierno de Unidad Nacional realizará acciones para estimular el crecimiento de la actividad turística en general, tales como atracción de inversiones en infraestructura turística y en aquellas que tienen por objetivo dar a conocer a Venezuela como un multidestino de calidad internacional y estimular la demanda. El Estado debe evitar ser el proveedor directo y dedicarse a generar condiciones atractivas”. (pág. 90). Claro, esas funciones serán cumplidas por las empresas privadas. Es decir, el Estado embellece para que los empresarios ganen. Y por eso sostienen que “Se promoverá la inversión privada, el desarrollo de la calidad de atención y la recuperación de imagen con proyección internacional. El gobierno en un rol promotor, asesor, supervisor, pero cada vez menos prestador de servicios hoteleros y turísticos. MUD. .(pág. 90). Insisten: ”El Estado deberá asumir la función de contribuir proactivamente a mejorar la competitividad del sector turístico frente a la competitividad de otros países que ya ofrecen calidad de servicios a toda prueba, infraestructura y servicios turísticos adecuados a las exigencias del turista internacional, así como unas condiciones de servicios públicos y seguridad jurídica que son básicos para lograr incentivar la inversión mixta”. .(pág. 91). El Estado construye la infraestructura y los servicios públicos para que los empresarios multipliquen su capital.
Educación
En esta materia señalan que “La finalidad del programa educativo de la Unidad es educar para la democracia y la formación ciudadana, producir justicia social y educativa, lograr calidad con equidad en todo el sistema educativo, erradicando el clientelismo en educación e imponiendo la transparencia y la eficiencia en el manejo del presupuesto y de la información”.(pág. 112). Educar para la democracia en el léxico neoliberal es una formación orientada con las tesis liberales las cuales, a su vez, reproducen los valores individualistas, egoístas, utilitaristas, facilistas, darwinismo social y los principios de vida del capitalismo; es regresar al reino de las élites ilustradas y la economía del mercado; es volver al modelo político de democracia representativa donde el pueblo existe en situación de subalternizados con respecto a esos grupos elitescos. Es formar un ciudadano bajo los perfiles europeos y no sobre la latinidad y, particularmente, la venezolanidad que exhibimos como pueblo históricamente construido.
Propuestas para la Educación no Formal
Asimismo, aspiran “Relanzar programa “Cada empresa una escuela”, vinculando las necesidades formativas de los trabajadores, los programas de capacitación del INCES y la educación media profesional, para formar personal técnico especializado en el área de trabajo”.(pág. 115). Es volver a 1959 cuando nació el INCE con la orientación de formar mano de obra barata para resolver las necesidades de los empresarios en el marco del Modelo económico de Sustitución de Importaciones. Esto rompería con la formación integral de los participantes INCES actualmente que está dirigida formar técnica, política y humanistamente.
Salud
Del mismo modo plantean que “Se evaluará la actividad desempeñada en los establecimientos de atención médica por los egresados de la primera y segunda cohorte del programa de Medicina Integral Comunitaria”(pág. 119 ). Por la predisposición que existe con respecto a los egresados en la medicina integral comunitaria, se trata de eliminar este concepto en la medicina para volver a la medicalización de la vida guiada por la filosofía positivista.
Política exterior
En esta materia “Ratificaremos nuestra confianza en la OEA como instrumento de diálogo y cooperación de las Américas. Apoyaremos la creación de una Comisión Interamericana de Protección a la Democracia, que reciba relatorías e informes sobre el estado de la democracia en cada uno de los Estados miembros, y respaldaremos la participación de las
organizaciones de la sociedad civil reconocidas por la OEA en las reuniones de dicha organización”. (pág. 157). Es volver al viejo modelo entreguista, dócil y servil a los intereses de las grandes potencias, que se ejercitó en la IV República; modelo con el cual Venezuela perdió buena parte de su territorio en los litigios con otros países. Igualmente, ratifican su confianza en un organismo tan desprestigiado como la Organización de Estados Americanos (OEA), que quedó para condenar a los gobiernos y Estados del continente en los que sus pueblos han escogido caminos distintos a la democracia representativa; y defender casi incondicionalmente los intereses de los Estados Unidos en la región. No es casual que “Con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, se normalizarán las relaciones sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de la igualdad y la soberanía”. (pág. 158). Esto es pura fraseología hueca porque estas relaciones siempre han sido asimétricas a favor de los Estados unidos.
Finaliza este documento con algunas exhortaciones a los venezolanos y venezolanas y ratificando, con otras palabras, cosas ya expuestas: “La refundación del Estado democrático y social de derecho y de justicia. Nuestra democracia ha sido confiscada, y el Estado de Derecho ha desaparecido de tal manera que se viola en masa el derecho fundamental por excelencia: el derecho a la vida. Vamos a llenar de vida y de derecho nuestra democracia. En el lanzamiento vigoroso de la descentralización, promoveremos y respetaremos la separación de poderes, daremos a las formas de participación y de organización popular su verdadera autonomía y las articularemos con las gobernaciones y alcaldías, sin distinguir el signo político de quien haya sido elegido por el pueblo para ejercerlas.(pág. 163).
A manera de conclusión se puede señalar que: este programa está guiado por el pensamiento liberal; intenta cambiar el Estado social de Derecho y de Justicia contemplado en la Constitución de 1999, por un Estado Federal Descentralizado que fragmenta la nación; privilegia la propiedad privada por sobre la propiedad social y otras formas de propiedad; impone el gobierno de las élites por sobre el poder popular; convierte al ejército en su brazo armado al servicio del capital donde quiera éste lo necesite; elimina la gratuidad de algunos servicios públicos como la educación y la salud privatizándolos; entrega las riquezas del país a la burguesía internacional y empobrece al pueblo. Síntesis: es un nuevo “paquete” neoliberal al estilo de España, Francia y Grecia con todas las calamidades sociales que han generado.
ancuve@gmail.com
