Los dirigentes de la oposición que se valen de la muerte de Franklin Brito para apalancar sus campañas electorales, por un lado, y para atacar al Estado, por el otro, han llegado al colmo de pretender acaparar un derecho como el de denunciar y el que se investiguen las denuncias, acción última que en el campo penal es ejercida por el Ministerio Público.
El reciente anuncio por parte de esta Institución que, en cumplimiento de sus atribuciones legamente establecidas, inició una investigación a solicitud de un ciudadano, que presume que la huelga de hambre y posterior deceso de Brito fue instigado por allegados, generó una serie de ataques de propios y extraños y hasta un pronunciamiento del inefable Colegio de Abogados, a quienes resulta extraño que se realice tal averiguación.
Obvio que aquellos que se pronuncian en contra de esta investigación son los oposicionistas de siempre, que además se valen de la familia de Brito para mantener vivo el fuego de su acción suicida, porque simple y llanamente de eso se trata. Que Dios tenga piedad de él y les perdone a ellos.
Comencemos porque nada justificaba tal huelga de hambre, más aun cuando su hija Ángela reconoció en la edición del sábado 4 de septiembre de 2010 en El Universal que “su padre no estaba exigiendo un título de propiedad que ya tenía, sino que se revocaran las cartas agrarias entregadas a los vecinos del sector”.
Es decir, al señor, que en paz descanse, le incomodaba que otros también tuvieran derecho a la tierra y su explotación, pese a que la propiedad de él ni había sido expropiada ni había sido invadida. Lo cumbre es que el Estado atendió sus absurdas solicitudes al punto de que, según lo informa el propio ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, “en diciembre de 2009, bajo mediación del Gobierno Bolivariano y por razón humanitaria se le revocaron las cartas agrarias a los vecinos de Brito pero éste decidió continuar el ayuno”, ello sin contar hasta el tractorcito que le regalaron.
A toda esta situación se suma el estado de inconsciencia de Brito, quien en sus últimas semanas prácticamente debió estar incapacitado para decidir continuar con su huelga de hambre, amén de la indolencia de sus allegados, al dejarlo morir en tan infames condiciones y presenciarlo como una suerte de reality show macabro a sabiendas de que luego el mismo tendría su “segunda temporada”, esta vez con ciertos oportunistas opositores como protagonistas.
De allí que deba preguntarse ¿quiénes resultan beneficiados de esta muerte de Brito? ¿A quiénes les quedarán sus tierras? ¿Quiénes cosecharán puntos a partir de esta muerte el próximo 26 de septiembre? ¿Quién convenció a Brito de que debía hacer sus absurdos reclamos? Y lo peor, ¿qué hijo, qué familia, qué amigo, es tan indolente para dejar morir a un ser humano y no hacer nada por impedirlo? ¿Alguien puede responder si dejaría a su padre, madre o hijo morir en una absurda huelga de hambre?
¿Es que estas dudas y otras no despiertan el interés de lograr respuestas? ¿Es que cuando se buscan respuestas lo lógico no sería investigar y determinar en consecuencia, qué diablos ocurrió en este caso?
Pero claro está, ahora tenemos en el país un sector, exclusivamente con tintes opositores, que aplaude cuando se inician investigaciones a consecuencia de sus denuncias, pero salen a condenar que el Ministerio Público cumpla también su deber de investigar las denuncias de otros.
Debe quedar claro que esa investigación no es un capricho de quien lleva las riendas del Ministerio Público, es una solicitud de un ciudadano y dicha Institución en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el 285, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está obligada a atenderla. Es lo sano, que todo quede aclarado.
[email protected]
Imprimir 