5 Dic. 2016 - Hartos de los escándalos de corrupción que azotan a Brasil desde hace meses, decenas de miles de ciudadanos protestaron ayer en las principales ciudades de ese país, para exigir medidas que pongan fin a esta situación, y para defender las investigaciones en curso, que consideran amenazadas por el gobierno del derechista Michel Temer, refieren agencias.

El detonante de esta nueva jornada de protestas fue un polémico proyecto de ley contra la corrupción presentado por el Ejecutivo que busca librar de culpa a Temer y sus más cercanos aliados (aún debe ser aprobado por el Senado) y las recientes detenciones de dirigentes políticos del gigante sudamericano, como los dos últimos gobernadores del estado de Río de Janeiro.

Ante tal panorama, ayer 131 mil brasileños, según datos de los organizadores, decidieron dejar a un lado las diferencias ideológicas y se unieron con un objetivo común: exigir la retirada del proyecto de ley y defender la independencia de las instituciones que combaten la corrupción.
Convocadas por diferentes movimientos sociales, las protestas tuvieron lugar en unas doscientas ciudades repartidas por todo el país, entre las que se encontraban la mayoría de las capitales de los estados.

"Es la primera vez que la gente está marchando junta. Esperamos que se unan todas las facciones y las divisiones ideológicas", afirmó en Río de Janeiro Sergio Giacomo, un profesor universitario de 50 años.

En dicha ciudad tuvo lugar la mayor concentración, específicamente en la emblemática playa de Copacabana, donde varios miles de cariocas lograron cortar el tráfico en la Avenida Atlántica.

Una marea de personas vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, exigía un cambio en la situación política del país y mostraba mensajes tales como "lucha contra la corrupción" y "castigar a jueces y fiscales, diga no", en referencia a uno de los puntos más polémicos incluidos en el proyecto de Ley que pretende el gobierno de Temer que entre en vigencia, y que ya fue aprobado por la Cámara de los Diputados.

AMENAZA PARA EL PODER JUDICIAL

El texto base del paquete de medidas contra la corrupción fue aprobado prácticamente por unanimidad, con una mayoría de 450 votos contra uno, e incluye una reforma que propone castigar con cárcel a fiscales y jueces que actúen por "causas político-partidarias".

Este punto es visto como una amenaza velada a los fiscales que investigan los distintos casos de corrupción, que salpican a prácticamente todos los partidos del arco político brasileño, en especial a los responsables de indagar el gigantesco escándalo de corrupción que envuelve a la estatal Petrobras.

En la capital fluminense también pudieron escucharse numerosas consignas contra sus dos anteriores gobernadores, Sergio Cabral (2007-2014), acusado de ser el líder de una trama de corrupción que cobraba comisiones por la asignación de obras públicas, y Anthony Garotinho (1999-2002), sospechoso de cometer fraude electoral, ambos detenidos en noviembre pasado.

En la capital del país, Brasilia, unos 5 mil manifestantes, según cálculos de la Policía Militar, hicieron caso omiso de la lluvia y se concentraron en la Explanada de los Ministerios, frente al Congreso, portando carteles con mensajes tan contundentes como "el pueblo contra la corrupción" o "el poder emana del pueblo".

Los ciudadanos capitalinos también quisieron mostrar su apoyo al juez federal Sergio Moro, uno de los principales responsables de la investigación del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, conocida popularmente como "Lava-Jato (lavado a chorro)" porque la investigación se inició con el allanamiento de diversas gasolineras que eran usadas como tapaderas para el lavado de dinero.

La última de las protestas en comenzar fue la que tuvo lugar en Sao Paulo, donde ya entrada la tarde, varios miles de manifestantes se dieron cita en el corazón financiero de la ciudad, la Avenida Paulista.

Allí la protesta sí tuvo un mayor cariz político, si bien no existía unanimidad entre los manifestantes. Mientras algunos paulistas llevaron al acto al popular "Pixuleco", un inmenso muñeco hinchable que representa al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiario, otros reclamaban una "intervención militar" en el país desde un camión que se mantenía un tanto apartado del grueso de la manifestación.

En Sao Paulo pudo asistirse también a la presentación en sociedad de un nuevo muñeco hinchable, el del presidente del Senado Renán Calheiros, quien el pasado jueves se convirtió en reo de la Justicia cuando la Corte Suprema aceptó una serie de denuncias contra él por supuesta corrupción.

Calheiros está acusado por la Fiscalía de haberse valido de su influencia para favorecer a la constructora Mendes Júnior, la cual se sospecha que se hacía cargo de pagar la pensión de una hija que tuvo fuera del matrimonio.

Calheiros, aliado clave del presidente Temer y miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) al que pertenece también el mandatario, enfrenta una docena de investigaciones, varias de ellas ligadas a la red de sobornos de la estatal Petrobras.