25 mayo 2016 - La comisión encargada del caso estudiará los alegatos de la defensa para iniciar el proceso de juicio político.
El Senado brasileño presentará este miércoles las fechas y los procedimientos que se van a implementar para el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, a quien la derecha acusa sin pruebas de cometer un crimen de responsabilidad.
La comisión especial de 21 senadores encargada del caso discutirá los planes de trabajo para comenzar a estudiar y escuchar nuevamente los alegatos de acusación y defensa. El proyecto será presentado por el relator del impeachment, Antonio Anastasia.
La Agencia Senado explicó que una vez presentada la hoja de ruta, corresponde iniciar la denominada fase de pronunciación, durante la cual las labores estarán centradas en la producción de pruebas, audiencias con testigos y debates entre la acusación y la defensa.
Los trabajos serán dirigidos por el titular de la comisión, Raimundo Lira, aunque serán coordinados por el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Ricardo Lewandowski.
El proceso durará máximo seis meses, plazo en el que la presidenta Rousseff estará separada del cargo y las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas que no fueron presentadas ni en la Cámara Baja, ni en el Senado y que paradójicamente no fueron necesarias para la aprobación del juicio político.
El equipo jurídico defensor de la dignataria, encabezado por el abogado José Eduardo Cardozo tiene hasta el próximo 31 de mayo para enviar por escrito los argumentos de la defensa.
Cardozo aseguró que las acciones implementadas hasta ahora son ilegales y señaló el impeachment como un golpe de Estado sin armas.
En entrevista concedida a El Espectador, Cardozo explicó que “Brasil tiene un sistema presidencial y nuestra Constitución es clarísima cuando dice que el presidente de la República solo puede ser apartado del poder cuando ocurre un delito de responsabilidad, cuando comete crímenes que atenten contra las leyes”.
En contexto
El pasado jueves, Michel Temer pasó a ser el presidente interino de Brasil luego de que la mandataria Rousseff, elegida con 54 millones de votos populares, fuera separada de su cargo por seis meses para enfrentar un juicio político, por supuesta tergiversación de cifras durante 2014 y 2015.
Durante su primera intervención como mandatario interino, Temer recalcó que una de las principales medidas será "recuperar" la economía de Brasil a través de convenios con el sector privado. "El Gobierno no puede sobrellevar todas las demandas de un pueblo, se necesita la inversión privada y eso es lo que yo haré", aseguró.
El político, acusado de corrupción, dijo que mantendrá los programas sociales emprendidos por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sin embargo, su proyecto de Gobierno orientado a la privatización contrasta sus declaraciones.
