24-07-14.-La Comisión Europea tiene ya diseñadas sanciones económicas contra Rusia que harían perder a Moscú más de 10.000 millones de euros al año, con un coste muy inferior para la UE. El Ejecutivo comunitario envió la noche del miércoles a los países miembros un documento que detalla los cuatro campos en los que la UE podría aplicar medidas restrictivas por el papel ruso en la crisis ucrania. Se trata de impedir el acceso de los bancos públicos rusos al capital europeo, de suspender la exportación e importación de armas, de dejar de suministrar bienes de uso civil y militar y abandonar el suministro de tecnologías clave para sectores sensibles, entre ellos el energético. La aprobación o no del documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, depende de los Estados, que discuten ahora las diferentes posibilidades.
La medida más dañina para la economía rusa sería impedir que las entidades financieras controladas por el Kremlin (esto es, con más del 50% del capital) dejen de financiarse con dinero europeo. Según los datos de 2013 que ofrece la Comisión, el 47% de los bonos emitidos el año pasado por esas entidades los compraron inversores, un porcentaje equivalente a 7.500 millones de euros. Lo que propone el Ejecutivo comunitario es prohibir a cualquier persona o entidad comunitaria invertir en instrumentos financieros con fecha de vencimiento superior a 90 días, tanto en el mercado primario de deuda (en el momento de la emisión) como en el secundario (en la posterior comercialización de esos bonos).
“El impacto en los inversores rusos consistiría en un fuerte incremento del coste de emisión, incluso si eventualmente pudieran encontrar fuentes alternativas en mercados terceros”, explica el texto. La medida también impactaría en la UE, pero de forma mucho más leve: los inversores perderían un mercado rentable y, a la larga, los operadores financieros perderían ingresos y los valores ya emitidos se devaluarían, pero la Comisión argumenta que el verdadero perjuicio sería para las autoridades rusas, que “como dueños mayoritarios de las instituciones afectadas tendrían poco interés en ver que sus instituciones no pueden pagar sus deudas”.
Los técnicos comunitarios descartan, en una primera fase, extender estas restricciones a la inversión europea en deuda pública rusa (no los bonos de los bancos, sino la que emite directamente el Estado para financiarse). Tampoco la deuda de empresas privadas, aunque la Comisión aclara que es “técnicamente posible” ampliar el abanico en otras fases. En este primer intento, la Comisión intenta aplicar el máximo daño a Rusia con el mínimo coste comunitario, lo que limita mucho el alcance de las medidas.
En este apartado financiero, Bruselas advierte también de que la efectividad de ese corte de flujos de capital depende mucho de la coordinación con Estados Unidos. Ambos bloques proveen la mayor parte de la financiación que Rusia necesita.
La segunda medida en importancia es el embargo de armas. Rusia exporta a la UE armamento por valor de 3.200 millones de euros, mientras los países comunitarios solo venden a Moscú 300 millones, según los datos de Bruselas. En este apartado, el asunto más espinoso es qué hacer con los contratos anteriores, una cuestión que “tiene que ser abordada políticamente por los Estados miembros”. La Comisión ofrece una alternativa: añadir una cláusula de salvaguarda para el cumplimiento de los contratos firmados antes de una fecha determinada. Esta cuestión de la retroactividad es una de las más delicadas para Francia, en el punto de mira por seguir adelante con un contrato millonario para suministrar a Rusia dos fragatas de guerra. Reino Unido ha criticado duramente a su socio por no renunciar a este contrato, mientras París ha respondido recordando la alta dependencia que tiene la City londinense de los oligarcas rusos.
El campo de los bienes con doble uso civil y militar es el más delicado para la Unión Europea. Los países comunitarios exportan a Rusia materiales de ese tipo por un valor de alrededor de 20.000 millones de euros al año. Algunos países ya han suspendido ese comercio a raíz de la crisis ucrania, pero adoptar esa medida en el ámbito europeo tendría mucha mayor repercusión. Para minimizar daños, la Comisión propone empezar solo con algunas categorías dentro de ese tipo de bienes, alrededor del 20% de lo que se exporta, con lo que el daño quedaría limitado a unos 4.000 euros al año.
Finalmente, los países comunitarios dejarían de transferir a Rusia la tecnología que necesita para desarrollar sectores clave, entre ellos el energético. También aquí, la coordinación con otros países (Estados Unidos, pero también Noruega) sería importante. Los expertos de la Comisión apuntan a que, de todas formas, las restricciones que ya ha aplicado Estados Unidos afectan a Europa porque todo producto que tenga al menos un 25% de participación estadounidense entra dentro del veto que ha establecido Washington. Bruselas identifica 32 tipos de tecnologías que los Estados miembros podrían elegir suspender.
Los representantes de los Veintiocho deben decidir ahora si adoptan todo, una parte o nada de esta propuesta. Lo más probable es que no lo decidan del todo hasta el próximo martes. También está por ver si hará falta una nueva cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios para tomar una decisión.
Más allá de debatir las nuevas sanciones, los embajadores tienen previsto aprobar esta misma tarde una lista con 15 personas y 18 entidades (en su gran mayoría rusas) consideradas responsables de la desestabilización de Ucrania. A las personas afectadas se les prohíbe el acceso a la UE y se les congelan los activos que puedan tener en territorio comunitario. Esa nómina se suma a las 72 personas y dos empresas de Crimea sancionadas desde el inicio de esta crisis.