La plenaria sancionó la Ley Especial de Regularización de la Tenencia de Tierra Urbana y Cogestión Integral de Asentamientos Humanos Populares, remitiéndola al Ejecutivo para su promulgación.

La norma pretende ordenar y regularizar el proceso de la tenencia de la tierra ocupada por la población en los asentamientos urbanos populares y contribuir a la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda dando prioridad a las familias de escasos recursos y especialmente a los sujetos más vulnerables y consolidación de asentamientos urbanos populares ya existentes, de manera digna, equitativa y sostenible, mediante un proceso de cogestión integral con el Estado.

Queda prevista la figura de la Carta del Barrio como el documento fundacional demostrativo del origen, existencia, características, socioculturales, históricas, económicas, ambientales, urbanísticas e identidad del asentamiento humanos popular, por ello en la definición de tenencia de tierra se estipula que las condiciones específicas para la asignación de la propiedad familiar o comunitaria estarán regidas por la normativa específica de la carta de barrio, siempre y cuando la misma satisfaga los parámetros de la presente ley así como el ordenamiento legal vigente.

A través de la cogestión se evaluarán las alternativas y vías de solución para aquellos casos bajo marcos regulatorios específicos, riesgo geotécnico, cursos de agua y área bajo régimen de administración especial.

La ley establece que la ocupación de la tierra y la carta de barrio estarán vinculadas con los planes integrales de cogestión urbana y ordenamiento territorial, dentro de la visión integral de tenencia, riesgo natural, usos, infraestructura, servicios, sostenibilidad y equidad del asentamiento.

Sobre la obtención del titulo de permanencia se prevé que la comunidad organizada a través del Comité de Tierra Urbana consignará para su respectiva convalidación a la Oficina Técnica Nacional o Municipal, la determinación de la poligonal respectiva, la fecha de inicio del asentamiento y solicitará la declaratoria de cumplir los requisitos establecidos en la ley para el otorgamiento del título de permanencia sobre la porción de terreno encerrado en el mismo y de su ordenamiento urbano básico.

Se crea la Oficina Técnica Nacional o Municipal, ente que emitirá un certificado de posesión a cada uno de los ocupantes del asentamiento urbano popular, presentado por la comunidad, el cual tendrá el efecto de evitar el desalojo o erradicación del poseedor hasta tanto sea dictada sentencia sobre los terrenos.
Los procesos de regulación de tenencia de tierra en los asentamientos urbanos populares, estarán exentos del pago del tributo.

En la ley se estipula la propiedad colectiva, la cual queda regulada por usucapión o adjudicación de la propiedad colectiva de manera parcial o total en el lote de terreno ocupado por el asentamiento urbano popular y delimitado por su poligonal e igualmente en parcelas colindantes dentro del mismo.

Se entiende como usucapión para la adquisición de la propiedad de tierras privadas, el lapso de 10 años de posesión, sin perjuicio de lo que establece las normas de la materia, siempre y cuando no contradigan la ley.

Quedan excluidas del proceso de regularización de la tenencia de la tierra urbana, así como de la garantía de permanencia en ella, quienes promuevan o realicen tomas u ocupaciones ilegales a partir de la publicación de la ley en Gaceta Oficial.

Sobre este punto Dennis Peraza recordó que esta iniciativa legal nace del decreto 1666 del 4 de febrero de 2002, recalcando que con ella se resolverá el problema de los asentamientos urbanos para que las familias no solo sean dueñas de las bienhechurías, sino de la tierra dónde están ubicadas sus viviendas.

Exhortó en este sentido a los alcaldes y Concejos Municipales activar todos los mecanismos administrativos y presupuestarios para adelantar del proceso de entrega de los títulos de propiedad respectivos.