Ley de la derecha le pone el ojo a terrenos

Del creador de "La Misión Maqueta", ahora estrena "Misión Hipoteca".

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Credito: difundelaverdad.org.ve

30 Ene. 2016 - Un cambio en el concepto de tenencia del inmueble, que pasaría de ser propiedad familiar y multifamiliar a individual, y una manera distinta de negociar la obtención de terrenos a fin de que el Estado se procure espacios para construir urbanismos, son los principales elementos que contempla el proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión.

En abril de 2011, el presidente Hugo Chávez dictó el decreto ley N° 8.143, mediante el cual estableció el régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Allí se definieron claramente dos formas de posesión de los inmuebles: la propiedad familiar (art. 9°), que es el derecho sobre la vivienda destinada únicamente al uso, goce, disfrute y disposición por parte de la Unidad Familiar; y la propiedad multifamiliar (art.10°), consistente en el derecho sobre el terreno, inmuebles y áreas de uso y disfrute común de todos los miembros de las familias beneficiarias.

Sin embargo, el texto legal que llevó al Parlamento el diputado Julio Borges se centra en incorporar disposiciones destinadas a reconocer el derecho de propiedad individual, "sin que pueda darse a estas denominaciones calificativos de propiedad colectiva o social que desnaturalicen la entidad y el alcance con los cuales el titular de este derecho puede ejercer los atributos inherentes al mismo", tal como indica la exposición de motivos.

Esa propiedad permitiría a los beneficiarios, según un concepto de alcance del derecho de propiedad, "disponer libremente de su propiedad conforme a lo establecido en el artículo 545 del Código Civil", lo que se traduce en la venta de la misma (art. 11 del proyecto).

Pero contradictoriamente, el numeral 2 del artículo 5 de la propuesta legislativa señala que quien resulte propietario de unidades habitacionales debe destinar ésta exclusivamente como hogar y residencia de él mismo y de su grupo familiar", garantía por demás ya establecida en la Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

En lo atinente a los terrenos donde se construyen los urbanismos, el presidente Chávez también dictó, mediante Ley Habilitante, el Decreto de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, que entre otros aspectos contempló la modalidad de decretar Áreas Vitales de Viviendas y de Residencias (Avivir), con los cuales se agilizó la obtención de espacios para levantar urbanismos dónde ubicar a familias sin hogar, razón de ser de la GMVV.

Además, mediante la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los Casos de Expropiaciones de Emergencia con fines de Poblamiento y Habitabilidad, aprobada el 15 de junio de 2012, se estableció un mecanismo expedito para que el Ejecutivo nacional pudiese determinar el precio justo de los inmuebles. Éste se obtiene por el promedio aritmético de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, la tasa de interés pasiva nominal de los depósitos a plazo superiores a 90 días y la tasa de interés activa nominal promedio ponderada, todos estos valores publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Pero el texto que quiere convertir en legislación la mayoría de la AN anula esta última ley y remite dichos trámites a la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social que –como ya advertía esta semana el presidente Nicolás Maduro– significaría hacer mucho más lento el proceso para resolver un tema tan importante como el del derecho a contar con un hogar digno a familias en situación de emergencia.

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Es una estafa

La vicepresidenta para el Socialismo Territorial y ministra de Comunas y Movimientos Sociales, Isis Ochoa, afirmó ayer que el texto que propone la derecha es una ley fachada con la cual los sectores que adversan al Gobierno Bolivariano pretenden generar una escalada especulativa, que les permita convertir todos los elementos de la Gran Misión en mercancía, para que la vivienda deje de ser un derecho social y familiar.

Ochoa expresó que los conceptos de propiedad familiar y multifamiliar son importantes porque defienden el patrimonio de los hijos de quienes habitan los inmuebles, pues se les pide a las familias no vender la vivienda en un lapso de tiempo para que esos hijos tengan estabilidad.

Acotó que lo que pretende la derecha, además, es ponerle la mano a los terrenos, a los insumos, y luego pretender insertar todas esas viviendas en el mercado inmobiliario capitalista, y así generar una escalada en el precio de los mismos.

Dijo que se trata de "una gran hipocresía" de parte de los impulsores de la ley, que "primero hablaron de misión maqueta y ahora afirman que le van a dar la propiedad a un millón de familias".

Aseguró que con esta propuesta "la banca podrá considerar las viviendas como bienes transables, sin limitaciones, exigiendo éstas como garantía".

Destacó que esto traería de vuelta escenarios que quedaron ya en el pasado de la Cuarta República como las recordadas cuotas balón, mediantes las cuales miles de familias permanecieron por años pagando intereses sobre intereses sin nunca lograr cancelar el capital.

Afirmó que esto "pondría en riesgo su integridad, pues en caso de insolvencia el banco le quitaría la vivienda a ese grupo familiar".

Ochoa dijo que son los operadores de la banca y los sectores inmobiliarios quienes dirigen esta propuesta de ley, lo que pone en evidencia que la actual mayoría en la Asamblea Nacional no representa al pueblo venezolano.

"Es un parlamento que no es vocero de las mayorías sino de los empresarios", afirmó la vicepresidenta del Socialismo Territorial.

Expresó que de imponerse un escenario como el que pretende aplicar la Ley de Otorgamiento de Títulos a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela se viviría en el país la política del sálvese quien pueda.

"Es un modelo para que compre la vivienda quien tenga plata, versus el modelo que ofrece la Revolución, en el que le ofrecemos la vivienda a quien la necesita, con diferentes programas como el 0800 MIHOGAR, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y la propia Gran Misión Vivienda Venezuela.

Contra el pueblo

La ministra Isis Ochoa ratificó que la ley que propone la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional fue elaborada de espaldas al pueblo.

"Es la forma de actuar de la oposición. Así fue como escondieron a sus candidatos impresentables en las parlamentarias, detrás de la manito. Así esconden su propuesta impresentable detrás de una falsa promesa de propiedad. Esa es su fórmula de trabajo", enfatizó.

Dijo que la ley fue presentada por el diputado Borges el pasado 11 de enero, recibida por la Secretaría de la AN el 13 de enero pero distribuida a los diputados y diputadas el 27 de enero.

"Ellos saben que esto es impresentable. Y saben que cuando el pueblo conozca el verdadero contenido de esta propuesta de ley y haga el análisis con el parlamentarismo de calle que estamos activando no pasará", afirmó.

Ochoa invitó a la población a que conozca las leyes vigentes que dan garantías a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la contraste con lo que está proponiendo la MUD desde la Asamblea Nacional.

Dijo que los venezolanos deben tener claro que no se puede hipotecar el futuro de las nuevas generaciones del país, "solo por el oportunismo de una derecha que quiere ganar indulgencias con escapulario ajeno".

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Tardío reconocimiento

La Exposición de Motivos de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que aprobó en primera discusión la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, recuerda que, en noviembre de 2010, nuestro país fue sacudido por un periodo de fuertes lluvias, que dejó más de 100 mil familias damnificadas. Menciona que el Ejecutivo nacional impulsó en consecuencia la Gran Misión Vivienda Venezuela, como un programa social dedicado a la construcción de viviendas en todo el país. Es éste un reconocimiento tácito en un texto legal a lo que tantas veces han negado los voceros opositores en sus declaraciones ante la prensa, como lo es la propia existencia de la Gran Misión.



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