La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz Credito: Archivo

19  junio.- Este  viernes,  la  Fiscal  General  de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó el informe del Departamento de Estado de  Estados  Unidos  sobre Trata de Personas, el cual coloca a Venezuela en una "lista de observación", por supuestamente no cumplir con los requisitos mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano. 

El señalamiento lo hizo la máxima representante del Ministerio Público durante su programa de todos los viernes "En Sintonía con el Ministerio Público", espacio que es transmitido por Radio Nacional de Venezuela, en el que calificó a este mismo documento emitido por el gobierno estadounidense, como político, sin fundamento científico y especulativo.

"Indudablemente que aquí (en el informe) hay un problema político, puesto que sin mucho análisis, sin ser muy entendido ni versado en la materia, se sabe que en Venezuela se ha elevado la calidad de vida, lo cual influye en la merma del delito de trata de personas", dijo Ortega Díaz.

Con cifras del Programa Nacional de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fiscal General de la República reiteró que en nuestro país han mejorado las condiciones de vida, de salud, educación, de cultura y recreación.

Asimismo, lamentó que en los Estados Unidos, a diferencia de Venezuela, los índices de desempleo se han incrementado; así como la prostitución, el libertinaje sexual, el consumo de drogas aunado a la recesión económica por la cual está pasando el país, "cuyas condiciones propician la trata de personas".

Criticó que el informe del Departamento de Estado no incluye a la nación norteamericana para su evaluación  y que, además, nivelan a Colombia con los países europeos en la lucha contra trata de personas, cuando en el vecino país manejan cifras de un alto número de mujeres secuestradas para su explotación sexual bajo una oferta engañosa de trabajo.

Ortega Díaz resaltó el trabajo que viene realizando Venezuela en la lucha contra el delito de trata de personas, para lo cual el Ministerio Público suscribió el 15 de diciembre de 2000 y ratificó el 13 de mayo de 2002, un convenio con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y de Justicia, que es un Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños.
 

Este tratado firmado por las dos instituciones del Estado, complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transaccional. "Con base en este Protocolo se designa al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y de Justicia, a través de la Gaceta, como autoridad central en la elaboración, coordinación y ejecución de las medidas de prevención y cooperación previstas en el artículo 9 del mencionado documento", explicó la Fiscal General de la República.
 

Agregó que en este sentido, el año pasado se organizaron unas mesas de trabajo, para definir el papel que cumple cada una de las instituciones del Estado en la lucha contra el delito de trata de personas.

El Ministerio Público, a través de su Dirección de Protección Integral de la Familia y de la fiscal 8° nacional con competencia Plena, Mery Gómez, ha venido realizando un excelente trabajo desde la Institución que se demuestran con cifras, lo cual refuta lo dicho en el informe del Departamento de Estado.

En torno al mismo tema, Ortega Díaz citó el informe anual de Amnistía Internacional, en el cual se habla sobre las altas cifras que registra
Estados Unidos en cuanto a la discriminación que ocurre con las minorías nacionales étnicas y raciales, en particular con latinos y afroamericanos. "Por eso es que los Estados Unidos antes de señalar debe revisarse", indicó.

Redactar un nuevo Código

A  propósito  de la llamada telefónica de Florencio Puente, ex trabajador de  la  desaparecida  línea  aérea  Avensa, a quien no le han cancelado sus prestaciones  sociales, la Fiscal General de la República hizo un llamado a los  parlamentarios de la Asamblea Nacional para que legislen y terminen de redactar  un Código Penal que reuna todas las demás leyes penales, así como una norma que obligue a las personas jurídicas a cumplir con sus empleados.

"No puede ser que las personas jurídicas se protejan con un manto y no es posible sancionarlas. Hay que legislar al respecto, por eso he insistido en la necesidad de un Código Penal que agrupe el conjunto de leyes dispersas. En ese sentido, llamo a la directiva de la Asamblea Nacional para que legisle", enfatizó.

Consideró que no puede ser que las empresas se declaren en quiebra y dejen a  los trabajadores en el limbo, razón por la cual el Estado debe regular en esta materia.

Por otro lado, aprovechó la oportunidad para referirse al resurgimiento de una campaña mediática a través de la cual se asegura que el Estado venezolano asumiría la patria potestad de los niños del país, lo cual calificó de absurdo, puesto que  "nadie puede suponer que el Estado se va a hacer cargo de todos los niños , niñas y adolescentes".

En tal sentido, dijo que desde el artículo 75 al 79 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, se establecen que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser creados o creadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen, y cuando ello sea imposible o contrario por una razón superior, tendrán derecho a una familia sustituta.

Igualmente durante el programa, la Fiscal General de la República, aprovechó para invitar a la comunidad en general y a todos los empleados del Ministerio Público, para que participen en las Jornadas Integrales de las Plaza Parque Carabobo, la cual se realizará el próximo domingo 28 de junio, a partir de las 9 de la mañana.

La  actividad  cuenta  con  una  caminata  de  cinco  kilómetros "por una Comunidad Libre de Violencia", así como asesorías jurídicas y orientación a las  personas  de  la comunidad y Consejos Comunales de parroquias del área metropolitana de Caracas.