Con la aprobación por referéndum de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1.999, en el país se abre un espacio a nuestro pueblo al ideal democrático de Participación Colectiva, dejando claro que la salud como derecho social es un compromiso del Estado Venezolano, construida con estrategias que parten de las propias comunidades en función de lograr alternativas válidas en la resolución de sus problemas, vivienda digna, alimentación adecuada, educación, control ambiental, recreación, cultura, deporte, empleo, entre otros, para alcanzar mejores niveles de calidad de vida.

Bajo esta perspectiva BARRIO ADENTRO, es la estrategia política de contenido social donde Gobierno y Pueblo se unen para promover el ejercicio de la Democracia Participativa.

El principio de organización que ha marcado el trabajo en Barrio Adentro sigue el modelo de la planificación estratégica de los servicios de salud. Se trata de una planificación intencionada de intervenciones que diferentes actores o fuerzas sociales realizan sobre un proceso considerado como un objeto de transformación determinado por la sociedad.

La Misión Barrio Adentro se construye a través de la transformación social e institucional que apunta a la configuración del nuevo Sistema Público Nacional de Salud.

La llegada de los médicos y médicas a las comunidades en el mes de abril de 2.003, dinamizó la organización de los comités de salud.

En la medida en que el personal médico, vecinas y vecinos fueron realizando los censos familiares en las comunidades, se hicieron visibles un conjunto de carencias sociales y de necesidades de atención en salud, que produjeron nuevas decisiones, planes y acciones en materia de políticas sociales por parte del ejecutivo nacional.

Es por ello que debemos reconocer que Barrio adentro se constituyo desde un principio como una misión de misiones y base fundamental para la articulación de políticas publicas en todos los nivelas de gobierno, a fin de responder a las deudas de orden social, que habían venido acumulándose en la población venezolana y que mas afectaban a la población históricamente excluida de los beneficios del estado capitalista que se instauro en Venezuela desde el inicio de su historia como republica.

De allí, que el Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la Dirección Nacional de la Red Ambulatoria Especializada, elabora este documento como una aproximación actualizada al momento histórico que vive la patria de Bolívar en el marco de la estructuración del Sistema Publico Nacional de Salud, de manera tal, que permita el conocimiento de lo que para este momento pensamos debe ser la estructura organizativa del sistema, definiendo sus objetivos, enmarcando las actividades que se desarrollen en los centros en los distintos niveles de atención, sin que esto signifique que el proceso de construcción del modelo no requiera de la revisión permanente, con la participación activa y protagónica de las comunidades organizadas, para direccionar la Misión Barrio Adentro desde el enfoque de salud como base fundamental para la consecución de la meta de mejor calidad de vida y como eje articulador de políticas publicas del gobierno nacional, para garantizar el acceso a las comunidades a los beneficios que ofrece el estado socialista impulsado por la Republica Bolivariana de Venezuela.



ANTECEDENTES

Para en año 1936, se funda en Venezuela el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), que sustituyo al Ministerio de Sanidad, Agricultura y Cría.

El desarrollo del sistema público de salud reflejaba las necesidades de la población rural y se apoyaba en un modelo económico basado en la expansión de la frontera agrícola.

A partir de 1948 se construyeron y dotaron unidades sanitarias y consultorios rurales, llamados medicaturas, en todo el país, así como hospitales en casi todas las ciudades grandes del interior del país.

En 1961 se crea el Programa de Medicina Simplificada, del cual fue pionero el Ministerio de Salud de Venezuela en toda el área de Latinoamérica, como estrategia para el abordaje de los problemas de salud de las comunidades dentro de su ámbito territorial.

Este, para entonces novedoso programa, en el cual algunas personas de las comunidades rurales se formaban como auxiliares de medicina simplificada durante un lapso de ocho meses, en un curso dictado y avalado por el Ministerio de Salud, para que en los dispensarios rurales resolvieran problemas de salud y reconozcan los factores de riesgo de sus habitantes en relación a las enfermedades endémicas, para el traslado oportuno de los pacientes a centros de mayor complejidad, permitió el logro de resultados positivos en el control de enfermedades transmisibles endémicas en zonas de población dispersa, comunidades indígenas y campesinas.

En ese mismo año Venezuela es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el primer país que logra la erradicación del paludismo en dos tercios del territorio nacional.

Durante las primeras tres décadas del sistema político instaurado a partir de 1958, año en que se inicia en Venezuela la etapa “democrática”, los programas sociales se definieron en términos amplios.

En teoría toda la población tenía derecho a los beneficios de salud, educación, seguridad y protección social, en forma gratuita, acompañados de la obligación del Estado de asegurar directamente su provisión.

Pero en la práctica el acceso a los programas sociales dependía de la adscripción a ciertos organismos, partidos políticos, la central sindical dominante o las fuerzas armadas y, fundamentalmente, de la condición urbana, de la situación laboral y de la cercanía del beneficiario o beneficiaria a la red pública de servicios.

La inversión pública en servicios de salud se fue deteriorando a partir de los años sesenta, lo cual afectó la efectividad de los programas de prevención y control de los problemas de salud prioritarios ligados a la pobreza rural y limitó el desarrollo de programas nuevos que hicieran frente a las condiciones de vida de las poblaciones urbanas marginales, cada vez más numerosas.

Durante esas dos décadas, la población se empobreció de forma acelerada. Para 1970, el 23 por ciento de las familias urbanas venezolanas tenían ingresos inferiores a 500 bolívares mensuales y el 70 por ciento por debajo de 1.500 bolívares mensuales, mientras que el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social estimaba que el nivel mínimo de subsistencia familiar requería un ingreso mensual de entre 1.400 y 1.600 Bolívares, lo cual coincidía con estimaciones de investigaciones independientes.

El impacto sobre la salud de la desinversión pública y del aumento de la pobreza fue de tal envergadura que a comienzos de los años setenta se calculó que por lo menos el 30 por ciento de los menores de cinco años sufría algún grado de desnutrición.

Entre 1968 y 1973 la tasa de mortalidad infantil se elevó de 46,7 a 53,7 por mil nacidos vivos registrados.

Al igual que en muchos otros países de América Latina, a partir de los años ochenta el sistema de servicios de salud en Venezuela se caracterizó por el desfinanciamiento agudo de los servicios de salud, la privatización directa e indirecta (por cobro o solicitud de insumos a los usuarios), la desinversión en mantenimiento de infraestructura y la fragmentación y desarticulación entre múltiples participantes que debían cumplir las funciones de regulación, financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios.

Para el año 1.998, bajo el enfoque asistencialista de la salud, se habían venido estructurando en Venezuela un conjunto de sistemas de salud desarticulados, que presentaban una organización y dinámica de funcionamiento muy compleja.

Estos sistemas estaban integrados por los sectores públicos y privado, y constituido por múltiples entes que “cumplían y aun cumplen” las funciones de financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios.

Estas instituciones son: el entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud), el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME), el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA), así como gobernaciones de estado y alcaldías.

Existe un sector privado asegurador y prestador con fines de lucro y uno “sin fines de lucro”.

El primero atiende a los estratos sociales altos de la población. El segundo, conformado por organismos no gubernamentales en salud (ONGs), cooperativas sin aparentes fines de lucro y fundaciones benéficas, que le “brindaban” servicios tanto a la población que no está cubierta ni por el sector público ni por el privado con fines lucrativos, como a la que no utiliza los servicios públicos.

La transferencia de los servicios del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social tiene su punto de partida en el año 1989 con la promulgación de la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias del Poder Público y con la elección directa de gobernadores, fecha en la cual se iniciaron las negociaciones con algunos estados, cinco de los cuales firmaron sus convenios de transferencia a finales de 1993.

Hasta octubre de 1998 se habían firmado dieciséis convenios con los estados Falcón, Anzoátegui, Carabobo, Aragua, Bolívar, Zulia, Mérida, Trujillo, Táchira, Sucre, Lara, Monagas, Miranda, Nueva Esparta, Apure y Yaracuy. Específicamente, el 22 de junio de 1998, el MSAS firmó con la Gobernación del Distrito Federal la transferencia de 9 hospitales y 56 centros ambulatorios.

Como resultado del proceso de descentralización, se había establecido un sistema intergubernamental de salud organizado en distintos niveles de gobierno: nacional, regional y local, que había traído consigo que los gobiernos intermedios hayan asumido competencias que antes eran exclusivas del ámbito nacional o central del Estado.

Desde el punto de vista normativo, el MSAS y las gobernaciones que habían asumido la competencia de los servicios de salud, deberían cubrir a la población calificada como excluida, estimada en aproximadamente un 60%, por lo que desde ese enfoque el sistema no era universal, ya que de una vez daba cabida al sistema privado para cubrir las demandas de salud del otro 40 % de la población.

El IVSS por su parte, debía darle cobertura a sus afiliados, (Los trabajadores y sus familiares) sin que tuvieran acceso a los servicios un alto porcentaje de la población no contribuyente.

Esta situación se agravaba dado a que la estructura de la red de establecimientos existente para entonces correspondía a los ambulatorios y hospitales que se habían construido en la etapa de transición entre la Venezuela Rural y Urbana, respondiendo a la realidad de los años 40, 50 y 60, pero además por la existencia de una superposición y desarticulación en el funcionamiento complementario entre los mismos y, por ende, entre las funciones de los establecimientos de mayor con los de menor complejidad, generándose problemas de poca resolutividad de los ambulatorios y hospitales tipo I, desarticulación de las respuestas a los usuarios, disconformidad de la población con las instituciones, inequidad y poca accesibilidad.

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