El periodista venezolano Jorge Arreaza calificó hoy de "tendenciosa" e "injerencista" la intención del Partido Popular Europeo (PPE) de promover en el Parlamento Europeo una resolución crítica con la decisión del Gobierno de Venezuela de no renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV).

Arreaza, profesor de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, aseguró en una rueda de prensa organizada por la Embajada venezolana en Bruselas que le "sorprende mucho" que la Eurocámara pueda detenerse a debatir sobre un tema de "estricta competencia venezolana".

El periodista, que modera el programa "Diálogo Abierto" en el canal estatal venezolano, cree que los propietarios de RCTV han impulsado un "lobby para que a nivel internacional países e instituciones se inmiscuyan en asuntos venezolanos".

El pasado 24 de abril, el director de RCTV, Marcel Granier, visitó la sede del Parlamento Europeo y pidió a los responsables de los grupos políticos que reaccionasen ante las "violaciones a la libertad de expresión" que, a su juicio, se cometen en Venezuela.

Hoy, fuentes del PPE confirmaron a Efe que cuatro eurodiputados del grupo conservador se desplazarán mañana a Venezuela para analizar la decisión del Gobierno de Hugo Chávez sobre RCTV.

En opinión de Arreaza, medidas como ésta "dañan mucho las posibilidades de seguir con las relaciones de respeto mutuo" que mantiene Venezuela con Estados e instituciones multilaterales, "independientemente de su tendencia política".

La Embajada venezolana recordó en un comunicado que la no renovación de la licencia de RCTV es "una prerrogativa legal del Gobierno" y que es, además, "una exigencia de la sociedad venezolana ante las graves faltas en materia de responsabilidad social de la empresa".

En este sentido, Arreaza opinó que Chávez ha sido "excesivamente tolerante y flexible" con RCTV, pues, aseguró, podría haber revocado la concesión del canal después de la postura que mantuvo en favor del golpe de Estado que derrocó temporalmente al Gobierno en abril de 2002.

El Ejecutivo venezolano asegura que la emisora "suplantó a los actores políticos y fabricó sus mensajes, violó la libertad de información, instigó a la guerra civil y al golpe de Estado, atentó contra el equilibrio de poderes" y ha sido objeto de "denuncias por parte de organizaciones de telespectadores".

Arreaza recordó también que la decisión del Gobierno no supone el cierre de la cadena y que ésta podrá seguir emitiendo por cable y satélite, mientras que su espacio en el espectro radioeléctrico será ocupado por "un canal de servicio público".