Bruselas, 03 May. ABN.- Diputados de la Asamblea Nacional (AN) venezolana sugirieron a la Unión Europea que evite pronunciarse sobre la decisión del Gobierno venezolano de no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), a causa de su participación en el frustrado golpe de Estado, en abril de 2002, informó la agencia AFP.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la AN, Manuel Villalba, prefiguró que el Europarlamento no se pronunciará a favor de la campaña que Marcel Granier pretende hacer creer.

«Creemos que no va a prosperar un pronunciamiento de esta naturaleza. Le estamos diciendo a Europa que no hay por qué temer y lo que hemos encontrado es receptividad y comprensión para el proceso político que vive Venezuela, que es inédito y que le da participación a la gente», agregó.

«En Venezuela no se está violando la libertad de expresión. No es un canal que se cierra, es un canal que tiene la posibilidad de transmitir por cable», dijo Juan Dugarte, otro de los miembros de la comisión parlamentaria, tras reunirse en Bruselas con responsables europeos.

La semana pasada el titular de RCTV, Marcel Granier, personificó una campaña en Europa para conseguir apoyo internacional y frenar la decisión que perjudica a su empresa, la misma que se prestó al derrocamiento del presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, en 2002, y, a la vez, omitió transmitir las revueltas sociales que lo restituyeron en su cargo.

Mientras Granier continuó su gira esta semana en Estados Unidos para buscar el apoyo de Washington, donde también le hizo guiños a los grupos económicos que participaron del golpe, los diputados venezolanos decidieron visitar las instituciones europeas con el objetivo de dar a conocer los hechos que explican la decisión soberana.

La licencia de RCTV vence el próximo 27 de mayo. La línea editorial de ese canal se identifica con la extrema derecha venezolana y se opone a la naturaleza socialista del Gobierno que lidera Chávez.

Al igual que en la mayoría de los países europeos o del continente americano, incluido Estados Unidos, el Estado venezolano es quien administra el espacio radioeléctrico, otorga las licencias para el uso de las frecuencias y se reserva el derecho de no renovarlas.