Caracas, 27 Abr. ABN.- La demanda interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se corresponde con la decisión soberana del Gobierno nacional de no renovar la concesión televisiva a Radio Caracas Televisión (RCTV), sino a una investigación iniciada en julio del año 2002 a solicitud de un grupo de periodistas.

Así lo dio a conocer el defensor del pueblo, Germán Mundaraín, en declaraciones trasmitidas por Venezolana de Televisión (VTV).

El caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue a Venezuela por la denuncia que el grupo de periodistas introdujo en 2002, corresponde al número 12.441, “Luisiana Ríos y otros”.

Mundaraín refirió que «la base para su fundamento es que, durante el periplo del golpe de Estado, los periodistas de los medios privados no tuvieron la libertad para ejercer su trabajo, pero la realidad es que todos los periodistas, tanto los de los medios privados como los de los medios oficiales, vieron mermado su derecho a informar».

El defensor del pueblo se mostró sorprendido por la campaña de los medios privados para vincular la demanda de la CIDH con el cese de la concesión a Radio Caracas Televisión.

En ese sentido, Mundaraín afirmó que «se quiere relacionar esto con el caso de RCTV para desorientar a la opinión pública en Venezuela y en el ámbito internacional».

El defensor del pueblo reiteró que la base de la demanda que introdujo la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en Costa Rica, está fundamentada en una investigación iniciada en julio de 2002, ante la solicitud de un grupo de periodistas por la presunta violación de la libertad de expresión durante el golpe de Estado de abril de 2002.