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Caracas, 27 Abr. ABN.- «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está imposibilitada para emitir cualquier juicio referente a asuntos constitucionales de Venezuela, es una agrupación que no tiene moral, pues apoyó enfáticamente con su silencio la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de abril de 2002», afirmó el presidente de la República, Hugo Chávez.

El jefe de Estado venezolano hizo referencia a la demanda introducida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual los medios de comunicación privados han querido vincular con la decisión de no renovar la concesión televisiva a la empresa 1 Broadcasting Caracas (1BC).

Chávez resaltó que las instrucciones que la CIDH sigue «corresponden a los intereses de la administración Bush», y se preguntó: «¿cómo van a venir a opinar con propiedad, cuando no se pronunciaron ante los hechos inconstitucionales e inmorales del golpe de Estado?».

El Presidente aprovechó la oportunidad para enfatizar sobre el carácter legal y constitucional de la decisión de no renovar la concesión al grupo 1 Broadcasting Caracas (1BC) , por lo que, dijo, «la opinión que puede emitir la CIDH nos tiene sin cuidado, no son un ente confiable».

La demanda interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se corresponde con la decisión del Gobierno nacional de no renovar la concesión televisiva a la empresa 1 Broadcasting Caracas (1BC), sino a una investigación iniciada en julio del año 2002 a solicitud de un grupo de periodistas.

Así lo dio a conocer el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, en declaraciones trasmitidas por Venezolana de Televisión.

El caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue a Venezuela por la denuncia que el grupo de periodistas introdujo en 2002, corresponde al número 12.441, “Luisiana Ríos y otros”.

Mundaraín refirió que «la base para su fundamentación es que durante el periplo del golpe de Estado, los periodistas de los medios privados no tuvieron la libertad para ejercer su trabajo, pero la realidad es que todos los periodistas, tanto los de los medios privados como los de los medios oficiales, vieron mermado su derecho a informar».

El defensor del pueblo se mostró sorprendido por la campaña de los medios privados para vincular la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el cese de la concesión a RCTV.

En ese sentido, Mundaraín afirmó que «se quiere relacionar esto con el caso de RCTV para desorientar a la opinión pública en Venezuela y en el ámbito internacional».