Las discusiones sobre la propiedad del espectro radioeléctrico son de vieja data, y no han dejado de causar controversias entre comunicadores sociales, trabajadores de la radiodifusión, organizaciones sociales y políticas así como dueños de medios radioeléctricos, algunos de los cuales representan a grupos de poder nacional e internacional. El hecho es que, a pesar de no haber dudas de que el Estado es su dueño indiscutible, aún existen ciertas personalidades e instituciones que se empeñan en ignorar lo que a todas luces no debería suscitar ninguna polémica.

“El espectro radioeléctrico es el espacio donde circulan las ondas hertzianas y donde se encuentran las frecuencias a fin de tomar y distribuir a distancia imágenes, sonido y señales a todas las personas. Es un bien del dominio público, por lo tanto es propiedad de la República y es administrado por el Ejecutivo Nacional al igual que el petróleo y las aguas, así como ciertos espacios comunes como las calles, las plazas o las avenidas, entre otros. Que quede claro que no le pertenece a ningún particular en específico y que debe ser utilizado en beneficio de todos los venezolanos”, dice Luis Britto García, abogado y escritor, quien nos habla sobre la pertenencia y demás características de este bien del dominio público.

El vencimiento de una concesión

¿Cuál es su opinión sobre la no renovación de la concesión de RCTV?
“Una concesión es el otorgamiento de un derecho que corresponde a la República, la cual confiere por un tiempo definido a un particular o a una empresa para que la ejerza. Una concesión no es una propiedad que se tiene indefinidamente ni que se pueda heredar. Es una especie de alquiler por tiempo definido. En el caso del espectro radioeléctrico, el ex presidente Lusinchi estableció que las concesiones tendrían una duración de 20 años.

En fecha próxima se cumplirá este período de tiempo y se vencerá para RCTV. Le corresponde a la República ejercer la soberana potestad de renovar o no esa concesión. Además se entiende que es un derecho que tiene el particular de acuerdo a la Constitución y las leyes. Por ejemplo, si alguien tiene una concesión de transporte no se puede ejercer para transportar sustancias ilícitas prohibidas en nuestra legislación. Un mal uso de la concesión no daría derecho a seguirla ejerciendo incluso antes de su vencimiento. Después del vencimiento con mayor razón”.

¿Qué se puede hacer con esa señal que quedará disponible a partir del 27 de mayo de 2007?
“Hay varias posibilidades, una vez que la asuma el Gobierno, el cual podría implementar las políticas que se utilizan en Europa. Las mismas establecen que el espectro radioeléctrico sigue siendo del Estado que otorga, a través de contratos, el uso de ciertos espacios de esa concesión por tiempo determinado a algunos productores. Por ejemplo, un grupo de ellos tendría franja durante horarios determinados para emitir dramáticos o para hacer programas infantiles. No es propiamente una concesión sino un contrato de uso para un tiempo determinado y para una finalidad específica. No se puede pensar en otorgar una concesión para un uso determinado y luego se desvirtúe su utilización: por ejemplo, se conceda para programación infantil y posteriormente se decida transmitir material pornográfico.

La señal también pudiera ser asumida por un conjunto de comunicadores sociales de las emisoras alternativas o una asociación de ellas. En todo caso es prudente, que no se vuelva a incurrir en la práctica peligrosa de extender nuevas concesiones por 20 años o más. Eso equivale a una concesión casi vitalicia. ¡Hay que ver lo que significa dos decenas de años!: es toda una generación. La oposición ha criticado al presidente por decir que su proyecto político durará hasta el 2021. Resulta que esos medios no les preocupa en lo más mínimo tener proyectos de teledifusión que abarquen varias décadas y que pretendan ser eternos. En todo caso, ninguna de las concesiones que se otorguen, a partir de ahora, pueden ser por un tiempo tan largo. Creo que hay que pensar en tiempos razonables, como por ejemplo dos años o un quinquenio”.

El espectro radioeléctrico: “patrimonio de la humanidad”

¿Qué piensa usted de la tesis que algunos han comenzado a asomar que el Espectro Radioeléctrico es “patrimonio de la humanidad”?
“Más que trágica la manifestación es cómica. Esa es la misma posición de quienes dicen que el petróleo no le pertenece a Venezuela sino que es propiedad de la humanidad, así como la Amazonia. Ahora resulta que cada vez que denominan a algo “patrimonio de la humanidad” es debido a que una transnacional se quiere apoderar de ella. Para los dueños de este tipo de empresas, el espectro radioeléctrico no es patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela sino patrimonio de la humanidad y da la casualidad de que la humanidad se llama Marcel Granier.

No sabía que hubiese esa coincidencia de apellidos tan asombrosa. En ese caso que le pasen a la humanidad -es decir al género humano- las grandes cadenas que monopolizan la información para que los pueblos puedan decidir qué hacer con ellas y cuál debería ser el contenido programático. Gracias a Dios que aquí en Venezuela, nosotros los venezolanos lo estamos haciendo, granito a granito, democratizar los medios de comunicación”.

Venezolanización de las empresas audiovisuales

¿Qué medidas hay que tomar para contrarrestar los argumentos en este tipo de tesis?
“Hay que señalar que el espectro radioeléctrico, en esencia, está en manos de cuatro familias y es un negocio de herencia familiar. Venezuela no se reduce a ese número sino que somos 25 millones de personas. Tengo entendido que en RCTV hay una importantísima participación de capital extranjero, de origen colombiano, por cierto. En ese sentido, sería de averiguar cuales son los componentes de capital en la televisoras y radiodifusoras. Una de ellas está estrechamente relacionada con capital estadounidense. Rafael Caldera, con todo lo conservador que era, elaboró una Ley de Venezolanización de las Empresas Audiovisuales, la cual estableció que la propiedad de las mismas debería de ser nacional. Sólo los capitales venezolanos deberían tener propiedad de medios de comunicación ya que es una cuestión de seguridad estratégica”.

En este caso, ¿qué sucedería si el Estado no retoma su función de regular el espectro radioeléctrico?
“Nuestros principales medios de comunicación están en manos de capitalistas que pertenecen a países con los cuales podríamos eventualmente tener conflictos. No es un secreto: los dueños de medios son testaferros de consorcios extranjeros como es el caso de Directv. Es lo que pasó con una empresa llamada Intesa a la cual Pdvsa le entregó el corazón informático. La misma poseía capital mayoritario de Estados Unidos y estaba muy vinculada con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Por esta razón, procedieron a envenenarnos informáticamente y pudieron destruir las operaciones de Pdvsa en poco tiempo durante el sabotaje petrolero. Con relación a las plantas de televisión, en medio de un conflicto, pudieran transmitir informaciones que perjudicarían la Soberanía Nacional”.

Las apelaciones al pasado no los favorecen

Los directivos están apelando a razones emotivas, a la época “gloriosa” de ese canal. ¿Cree usted que lo que están haciendo va a tener un efecto en la población venezolana?
“Las apelaciones al pasado no los favorecen demasiado. Voy a referirme a la televisión privada en términos generales para no hacer alusión a una planta determinada. Llegó a existir en ella un animador reconocido unánimemente como el No. 1 de la televisión venezolana, Renny Ottolina, el cual intentó innovar el medio televisivo. Este deseo bastó para que vetarán a su persona de por vida en los canales privados. Entonces el número uno tuvo que dedicarse a hacer programas de radio y a escribir artículos en semanarios de denuncia, hasta su misteriosa muerte en una avioneta.

Lamentablemente, gran parte de los directivos de nuestra radiodifusión privada se ha dedicado a hostigar y a vetar los grandes talentos que en ella ha habido. Piensen ustedes las veces que José Ignacio Cabrujas estuvo vetado en los canales. Lo difícil que le fue colocar a algunas de sus producciones dramáticas en estas plantas de televisión. O Fausto Verdial a quien, en medio de una telenovela siendo su guionista, de repente lo botaron del canal así como a los demás productores. Esta acción le produjo a Fausto Verdial una desazón tan grande que murió al cabo de un mes”.

Robo de la propiedad intelectual por parte de RCTV

¿Los directivos de RCTV tenían el derecho de desconocer la autoría intelectual de los programas?
“Hay libretistas que han salido de la televisión con depresiones que les han durado años por el trato que recibieron de los canales. Toda esta gente hizo telenovelas cuya propiedad no les era reconocida. Se inventaba a una supuesta “autora” de todos los dramáticos y, entonces, los verdaderos autores no tenían derecho jamás ni a cobrar un centavo -ya que sus obras se retransmitían en el exterior- y ni siquiera les otorgaban reconocimiento público. Prácticamente se producía un robo de propiedad intelectual. Esos momentos tristes se caracterizan por el veto que le impusieron a artistas y actores, los cuales no volvieron a aparecer jamás debido a que los gerentes de las plantas determinaron que no les gustaba su posición política. Es por eso que hay que comenzar una nueva era”.

¿No constituye una violación a la concesión el bloqueo informativo por parte de los medios durante los días del golpe de abril de 2002?
“Sí, efectivamente. En esto hay que recalcar que no fue sólo RCTV sino casi todos los canales privados, los cuales establecieron un cerco de censura, también llamado “el apagón mediático” sobre todo lo que sucedía en el país durante la dictadura de Carmona. Esto hubiera constituido un magnífico argumento para revocar la concesión. Pero, debido a la vocación democrática y extremadamente legalista del Gobierno Bolivariano, no se hizo. Pero no sólo eso: los dueños de medios fueron a pactar con el dictador Carmona el apoyo comunicacional. Esto ocurrió en una célebre reunión el 13 de abril, de la cual hay testigos, entre otros Patricia Poleo, para brindar apoyo comunicacional a cambio del organismo que regula las comunicaciones en Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)”