Caracas, 16 Ene. (ABN).-Totalmente carente de fundamento legal es la posición que mantiene el presidente de las empresas 1BC, Marcel Granier, quien busca confundir, manipular, tergiversar y mediatizar la situación de la no renovación de la concesión para el uso del espectro radioeléctrico que tuvo Radio Caracas Televisión por 20 años, aseveró el abogado Oleg Oropeza.

Durante su intervención en el espacio En confianza, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el jurista añadió que la decisión de la no renovación de la concesión a RCTV tomada por el Ejecutivo Nacional recientemente «es de carácter jurídico y no político».

Igualmente, Oropeza aseguró que Granier se vale de la errónea interpretación de varios instrumentos legales para intentar confundir a la opinión pública.

«La decisión que tomó el Estado, como ente normador de la materia telecomunicacional, de no renovar la concesión a RCTV obedece a razones y argumentos legales y de norma que están estipulados en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel)», añadió Oropeza.

El abogado, quien también integró la comisión de consultoría jurídica de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), indicó que la discusión de la no renovación de la concesión a RCTV «debe salir del escenario político, no es el Presidente Hugo Chávez diciendo que RCTV es golpista o no, es una situación completamente legal y regular».

Asimismo, Oleg Oropeza reiteró la posición errónea sostenida por el presidente de las empresas 1BC.

«La Lotel es muy clara en todos los aspectos correspondientes a la entrega y renovación de concesiones. Marcel Granier está interpretando la Ley de una manera equivocada», ratificó el abogado.

De acuerdo con lo explicado por el además miembro de la extinta Comisión Legislativa Nacional o Congresillo, al momento de promulgarse la Lotel, en ella se dejaba claro la situación de las concesiones a los operadores.

«En el instrumento legal está muy claro que se respetará la duración de las permisos de operación en el espectro radioeléctrico, anteriores a la Ley», indicó.

En el caso de RCTV, y en general de los otros operadores de radio y televisión, su concesión les fue otorgada bajo la figura del título jurídico durante el gobierno de Jaime Lusinchi, específicamente en el año 1987, cuando dicho título jurídico tenía una duración de 20 años.

Oropeza explicó que la Lotel respetó ese lapso y estableció los mecanismos para convertir esos títulos jurídicos en concesiones reales, así como las normas para solicitar su renovación.

«El gran argumento jurídico que usa Marcel Granier y sus abogados para objetar la decisión de no renovación, está en que luego que RCTV solicitó la conversión de su título jurídico, el Estado no lo hizo, y por lo tanto, entró en mora, y de esta forma se asumió por parte de esta empresa un silencio administrativo, que en materia de telecomunicaciones es negativo», explicó el abogado.

No obstante, Oropeza recordó que durante 2002, luego de dos años de que la Lotel fuese publicada en Gaceta Oficial, «el Ejecutivo emitió una resolución en la que hizo un llamado a todos los operadores de radio y televisión para que presentaran los requisitos, a fin de transformar definitivamente sus títulos jurídicos por concesiones».

«Es aquí donde radica toda la defensa del grupo 1BC. Pensar que la concesión se va a prolongar todo el tiempo que quieran sólo porque el Estado entró en mora es una equivocación y la ley lo deja claro. Si ellos sintieron que el Estado no cumplió con su deber, tuvieron la opción de recurrir a las instancias correspondientes, por ejemplo los tribunales, pero no lo hicieron, por lo tanto, la falta y responsabilidad es de ellos como empresa», explicó.

Igualmente, el abogado recordó que sumado al estricto carácter legal de la decisión de no renovación se encuentran los antecedentes de varios expedientes abiertos a esa planta televisora por varias infracciones cometidas durante los últimos años.

«Supongamos que RCTV hubiese solicitado la renovación durante el período estipulado que estableció el Estado, luego de la promulgación , ése donde prefirió guardar el silencio administrativo, el Estado, como ente normador y basado en el Reglamento de la Lotel, hubiese tenido argumentos para decidir no otorgar una nueva concesión».

De acuerdo con el Reglamento de la Lotel, aspectos como el aporte del canal para con la colectividad, y los valores de la programación y el tratamiento de la información son aspectos a evaluar por el Estado para entregar y/o renovar la concesión.

«Recordemos que RCTV tiene un expediente abierto en Conatel a solicitud del ahora Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura desde el año 2003, debido a la violación reiterativa a la Constitución y a la Lotel por su comportamiento durante los hechos del golpe de Estado de 2002», indicó Oropeza.

«No hay que olvidar que durante el mensaje presidencial del 11 de Abril, RCTV, y otras televisoras, interfirió dicho mensaje, dividió la pantalla, alteró el sonido, entre otros actos, que son una total violación de la Lotel y de su Reglamento», añadió.

Por otra parte, Oropeza explicó que el argumento de las empresas 1BC, respecto a las concesiones de los otros canales, no tiene lógica, pues «cada concesión es individual al igual que los motivos que puedan llevar a su no renovación o su prolongación».

Cuando venza el lapso de sus concesiones, las otras televisoras como Venevisión, Globovisión, Televen, así como el resto, deberán dirigirse al ahora Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones con todos los requisitos que están establecidos en la Lotel, según explicó el jurista.

Con relación a la situación de los trabajadores de RCTV, Oropeza indicó que ya se hizo un llamado a dicho personal.

«Se pueden organizar e incorporar a las nuevas directrices que puedan originarse, por ejemplo, con la creación de cooperativas para que trabajen en un nuevo canal que usará el espectro que quedará libre, luego de la salida del aire de RCTV», sostuvo el abogado.