Es universalmente reconocido que la libertad de expresión constituye un principio basilar de toda sociedad democrática. En este sentido, el Derecho Internacional lo ha jerarquizado de manera expresa dentro de su catalogo de Derechos Humanos mediante instrumentos jurídicos de altísimo valor como la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 18), la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (art. iv), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19), entre otros. Por su parte, en lo que a legislaciones nacionales respecta, los textos constitucionales de los Estados formalmente democráticos consagran dicho principio como derecho humano inalienable.
Ahora bien, como estudiosos del ordenamiento jurídico, comprendemos que no basta el reconocimiento de los derechos, sino que resulta imprescindible instituir sus garantías. Es decir, deviene en una necesidad vital de la Democracia sustantiva, instaurar con idéntico rango jurídico los mecanismos y procedimientos que sustenten la protección efectiva de los derechos a los fines de garantizar al ciudadano su libertad de expresión frente al Estado, y a los sectores socialmente sensibles su derecho frente a los grupos dominantes. Trátase pues de una organización de la sociedad que solo puede estar garantizada en el Socialismo.
Partiendo de estas observaciones, es menester resaltar que la superestructura jurídica del Estado Burgués no podrá jamás garantizar la libertad de expresión del pueblo porque ella es antagónica al régimen de la propiedad privada. Nótese que la división de clases sociales promueve una total desigualdad de condiciones para ejercitar este derecho, puesto que el poder de expresión masiva es acaparado por imperios de comunicación nacional e internacional que operan como arma de control ideológico de las elites económicas; mientras que son mínimas las posibilidades de la clase trabajadora para manifestarse libremente en los espacios de prensa, radio o televisión.
De este contexto capitalista de desigualdades y de libertad de expresión secuestrada, ha aparecido la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que tal como lo delatan sus estatutos no esta compuesta por periodistas en ejercicio, sino por editores y directores de medios informativos de América. Basta revisar la información corporativa de esta entidad para constatar que su cúpula directiva está conformada por cinco propietarios de periódicos de EEUU, entre ellos -su presidente- el dueño del más grande diario de Florida “Sun Sentinel”, más un propietario de diarios colombiano y un chileno que conforman la directiva de siete archimillonarios de la comunicación al servicio de intereses burgueses.
En este escenario, la cumbre recientemente celebrada en Caracas es un importante paso hacia la construcción del “Socialismo Mediático”. Como revolucionarios, consideramos que solo mediante la socialización de este ámbito y el afianzamiento de una red popular alternativa de comunicación, impulsada y respaldada por el Estado Socialista, consolidaremos la plataforma social y tecnológica necesaria para derrotar definitivamente a los polifacéticos agentes del terrorismo mediático.
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