Considerando de un lado el poder que tienen las palabras para crear realidades, y considerando de otro el hecho de que pensamos con palabras sin pensar las palabras, la coyuntura actual y el debate abierto sobre la libertad de expresión nos brindan las condiciones más propicias para impulsar una semántica compartida en torno a este concepto.

Cuando el escritor irlandés George Bernard Shaw reflexionó sobre la libertad definiéndola con la palabra responsabilidad, precisó el hecho de que en el ejercicio de cualquier libertad se podía incurrir en una irresponsabilidad, que dependiendo del caso podía traducirse en peligro para un actor, grupo o sociedad determinadas. Ser responsable en el ejercicio de la libertad entonces significa, en el marco de las sociedades contemporáneas, estar dispuesto a asumir la responsabilidad por lo dicho ante una sociedad que si se tiene por libre se tiene por culta.

Si catalogamos el debate actual sobre la “libertad de expresión” como un proceso en el que vamos unificando los diversos criterios existentes en torno al tema, considerar dos situaciones puntuales sería esclarecedor para la orientación de la discusión en general: la mercantilización de los medios de información y la consuetudinaria práctica de la demagogia, que dejó muchos vocablos sin contenido y otros rebosantes de connotaciones impropias de su sentido. Ahora bien, desde el punto de vista de los llamados “medios de comunicación”, es interesante destacar para el debate estos dos elementos: revisar la idea de “el medio como mensaje”, y plantear entre la libertad de expresión y el derecho a la información, en que sentido una tendría una eventual preeminencia sobre la otra.

Podemos decir que la única libertad absoluta es la libertad de pensamiento, su materialización en la expresión hablada, escrita o simbólica no lo es. Por lo que libertad de expresión es poder decir lo que se debe decir, decir lo que la ley permite. Es conveniente aquí recordar a Bolívar en su aserto de que “el ejercicio de la Justicia es el ejercicio de la Libertad”. La subsunción de ésta libertad en la libertad de empresa, y si ésta es una empresa audiovisual, crea desde su misma raíz una grave distorsión. Una empresa privada, por su naturaleza, privatiza los beneficios y socializa los daños, una empresa cuyo fin es el lucro privado difícilmente puede decir sólo lo que permite la ley o lo que debe de decir. Ella dirá lo que venda, lo que enganche, lo que cree necesidades, a costa de la educación, el entretenimiento y el derecho a la información de la sociedad.

En este marco, salta a la vista, que como todo vicio liberal, la “libertad de expresión”, derecho garantista, predominantemente individual, nunca puede ser más importante que el derecho de una sociedad entera a estar bien informada, a formarse una opinión, opinión que como juicio se elabora de acuerdo al ambiente superestructural imperante en mi familia, comunidad o sociedad. Opinión que muchas veces puede resultar manipulable, maleable, con todas las nefastas consecuencias que esto puede traer cuando este poder está privatizado, por un lado, y cuando una sociedad que padece ciertos grados de enajenación, percibe aún al medio como el mensaje.

El fenómeno comunicacional produce la percepción de que lo real es lo que se ve en pantalla. Este fenómeno mediático ha provocado que la sociedad dependa cada vez más del medio, porque el medio sigue siendo el mensaje. Esta realidad “mediatizada” hace del proceso de democratización del espectro radioeléctrico otro de los imperativos de la época y resalta otra vez el papel del nuevo Estado emancipador en el proceso de cambio que vive Venezuela. Estado que forma parte fundamental del análisis, ya que junto a los nuevos medios de información y a la sociedad en su conjunto, conforman el triángulo dinámico del proceso político emancipatorio orientado hacia un futuro inédito y socialista.

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