La grosera injerencia de José Miguel Insulza, el Secretario General de la OEA y “Panzer” chileno, en los asuntos internos de la Republica Bolivariana de Venezuela, a propósito de la determinación gubernamental de no renovar la concesión integral en el espacio radioeléctrico a la usina mediática de Radio Caracas Televisión - RCTV del señor Granier, debe ser rechazada categóricamente, tal como lo ha hecho el gobierno en la persona del Canciller Nicolás Maduro.
Las declaraciones del alto oficial del “Ministerio de Colonias” tienen un inocultable tufillo intervencionista y de abierta parcialidad en favor de oscuros intereses privados y antidemocráticos. Es falso que lo que se pretenda proteger sean los derechos humanos y la “libertad de expresión y opinión” de las mayorías populares de una nación soberana y libre como la República Bolivariana de Venezuela y de todos los latinoamericano.
La decisión del gobierno venezolano y de su ilustre Presidente Hugo Rafael Chávez Frias respecto de este toxico mediático manipulador y criminal, golpista y anómico (sin respeto por norma alguna y de comportamiento violento para defender intereses privados), esta completamente ajustado al ordenamiento constitucional, legal y reglamentario y a los parámetros internacionales que definen la liberta de prensa, de opinión y expresión. Es falso que exista una pretensión totalitaria o que se estén dando pasos hacia una dictadura o un régimen autoritario, como lo afirman la gritería escuálida de los analistas, politólogos, mercenarios y editorialistas del poderoso conglomerado comunicacional oligárquico, que en Venezuela mantiene intacto todo su insano y dictatorial poder.
El pronunciamiento de Insulza lo desenmascara en su verdadera función como agente de los poderes mediáticos imperialistas y de las poderosas camarillas oligárquicas latinoamericanas, dueñas, igualmente, de feroces maquinarias ideológicas en la prensa escrita, la radio, la televisión y el Internet.
Actúa como abogado de malvados negocios privados, omitiendo los intereses colectivos de los pueblos latinoamericanos que dice representar en la alta jerarquía que ostenta en la actualidad.
Lo que, de paso, da meritos para que se le denuncie y acuse ante la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos y se le destituya por lo antijurídico de sus gesto. Increíble que una dignidad que dice representar muchos Estados Latinoamericanos, termine al servicio de turbios monopolios que explotan la manipulación de la conciencia y voluntad de millones de ciudadanos, sometidos a la más inclemente ofensiva ideológica, sentimental y epistemológica.
Antes de abrir la boca de manera tan irresponsable, el señor debió apartarse de su cargo y firmar un contrato de servicios jurídicos particulares a Granier y su toxico mediático. Era lo elemental y decente. Pero eso es como pedirle peras al olmo o a un burócrata empedernido de estos, aprovechador de todas las burocracias internacionales, incluida la de la Internacional Socialista y la del Partido Socialista de Chile, que se lo tiene que soportar como un veterano intrigante de la politiquería austral. ¿O acaso es que ya se nos olvidó que fue éste sujeto el que viajó a Londres a recoger el infame tirano, recientemente fallecido, artífice de una de las peores dictaduras latinoamericanas?
