Ante la decisión del gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías de no renovar la concesión de frecuencia a RCTV por razones estrictamente legales1, todos los grandes medios masivos de información del continente, han elevado sus gritos al cielo, aduciendo que, tal práctica, coarta la “libertad de expresión”. Ello amerita un primer análisis.

Si por “libertad de expresión” se entiende al derecho que supuestamente tenemos todos los ciudadanos para expresar nuestras opiniones, nuestras posiciones ideológicas, políticas, religiosas, culturales, nacionales, etc. ¿Cómo se posible la aplicación de ese derecho ante el monopolio de la propiedad que se constata sobre los mismos? Al respecto Louis Molle, Editor del Washington Daily News, ante la pregunta de “¿Quien disfruta de la libertad de prensa?, advertía que ese derecho se restringe a . . . “Los propietarios de los periódicos y sus semejantes”. Por lo que añadía que: “la libertad de prensa es la propiedad”2, en clara alusión a la propiedad privada sobre los medios masivos de información, y, lo que es más importante, la denuncia implícita de que la relación poder económico-medios, posibilita la imposición de limitaciones a la “libertad de prensa”, por parte de quienes detentan la propiedad sobre esos medios. Posición que determina, desde otra óptica, el privilegiar la exclusión antidemocrática como patrón social, puesto que: “No pueden existir derechos de ciudadanía para todas y todas”, ya que: “Derechos para algunos, por más numerosos que éstos sean, no son derechos son privilegios”, como bien lo afirma Cándido Grzibowski, del Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico.

Si ello es así, ¿Cual es la razón para el revuelo, el rasgarse las vestiduras ante la decisión del gobierno venezolano, a la que todos los medios de información califican como medio para “limitar la libertad de expresión”, en posiciones dramáticas, horrorizadas, de fin del mundo? ¿Como se explica la posición de ese cinismo inaudito, puesto que los medios de información aludidos tienen plena conciencia de la limitación, de las restricciones que ellos imponen a la “libertad de expresión” que dicen defender? Su explicación radica en que sus demandas son útiles para mantener una de las principales fuentes de su poder para manipular la opinión pública: el preservar la convicción de que la “libertad de expresión” es una realidad que existe para el conjunto social, sin discriminación alguna, y que, por lo tanto, deben realizarse todos los esfuerzos por mantenerla incólume. Recurso que consolida el poder de los medios de información, ya que con ello han logrado que los ciudadanos de un país consideren que existe, con el carácter de general, el derecho a la “libre expresión”, derecho restringido a los propietarios de los medios y, cuando más, a quienes laboran en los mismos, los cuales, por cierto, gozan sólo de un autonomía relativa, dependiente de la agenda, de la direccionalidad establecida para las distintas ediciones, en suma de las decisiones del poder oculto tras los medios3.

La segunda razón para el airado reclamo, es mucho más importante, la decisión del gobierno venezolano implica el comienzo del desmantelamiento del monopolio que sobre los medios de información ha mantenido el poder económico desde el inicio de nuestras repúblicas4. Ejemplo que, sin lugar alguna, por responder a una vieja aspiración de las fuerzas progresistas de todos los países del mundo, se difundirá, más temprano que tarde. En América Latina, por lo menos en los países en que las fuerzas progresistas o de la izquierda asistémica han logrado el poder político. Oponerse a este proceso es el objetivo real de la parafernalia en curso, puesto que, de avanzar como incluso lo prevén los propios medios5, se habrá iniciado el fin de uno de los monopolios más perversos del poder económico, el de los medios de información que les ha permitido controlar las “mentes” de las clases a las que dominan, hasta el punto que éstas terminan por defender un supuesto derecho la “libertad de expresión”, que sólo es un privilegio del poder económico que los subyuga.

A lo anterior debe agregarse que la defensa que cumplen diligentemente los medios de información en contra la decisión legal del gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela, se reviste de una falsa neutralidad, no sólo por lo antes expresado, sino por el discrimen que exhiben ante posiciones que podrían ser calificadas como similares, si no fuese por el carácter abierto, constante y brutalmente atentatorio que exhiben los gobiernos afines, ideológica y políticamente, a los propietarios de los medios de información. Me refiero al silencio absoluto y cómplice que todos los medios mantienen ante la prohibición del gobierno mexicano de Felipe Calderón, para que se trasmita el programa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en tiempos oficiales6. En este caso sí se exhibe, puntillosa y estrictamente, un silencio cómplice, que demuestra que la neutralidad que pretenden los medios de información es falsa, de falsedad absoluta.

En consecuencia, la protesta en la supuesta defensa de la “libertad de expresión” no constituye otra cosa que la defensa del discrimen que posibilita que la mayoría no tengamos voz, para que se mantenga el privilegio de quienes son propietarios de los medios de comunicación, para que éstos continúen ejerciendo el derecho absoluto para discriminar entre aquellos a quien de debe atacar y ante quienes se debe callar. En suma, defender el derecho a la expresión de los menos en contra del derecho que corresponde a los más. Aspiración que los medios de información tratan de revestir de una falsa neutralidad, la que se descubre por sus propias acciones.