El espectro radioeléctrico es el conjunto de frecuencias que se
emplean para emitir ondas que transportan información, se trata de un
recurso natural, de carácter limitado, que constituye un bien de
dominio público, que pertenece a la Nación y sobre el cual el Estado
ejerce su soberanía.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) -organismo de las
Naciones Unidas que se encarga de la reglamentación, la normalización
y el desarrollo de las telecomunicaciones en todo el mundo- reconoce
en el artículo 44 de su Constitución que: "En la utilización de bandas
de frecuencias para los servicios de radiocomunicaciones, los Estados
Miembros tendrán en cuenta que las frecuencias y las órbitas
asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios, son
recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional,
eficaz y económica…"

La República Bolivariana de Venezuela a través de la Asamblea Nacional
sancionó el 6 de junio de 2002, la Ley Aprobatoria de las Enmiendas a
la Constitución y al Convenio Constitutivo de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, instrumento legal que con la Constitución
Bolivariana, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) y la Ley de
responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), conforman
el marco jurídico que regula el uso del espectro radioeléctrico en
Venezuela.

El Artículo 156 de la Constitución Bolivariana de Venezuela dispone:

"Es de la competencia del Poder Público Nacional
28. El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así
como el régimen y la administración del espectro electromagnético."

Este espacio como bien de dominio público requiere para su uso y
explotación de la concesión respectiva (Art. 7 de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones) con lo cual se produce la habilitación para la
difusión de mensajes, difusión que debe hacerse respetando las normas
y principios contenidos en la Constitución, promoviendo la justicia
social, la formación ciudadana, la democracia, la paz, los derechos
humanos, la cultura, la educación, la salud de la Nación venezolana.
(Art. 1 Ley Resorte y Art. 108 de la Constitución)

Este bien público tiene que usarse y administrarse asegurando que la
soberanía y la institucionalidad de un Estado no sean perturbadas, es
por ello que los Estados se reservan su uso, para ejercer la
soberanía que les corresponde sobre dicho espectro radioeléctrico paro
lo cual establecen la política de su utilización, reglamentación,
administración y control.

El Gobierno de los Estados Unidos es poco respetuoso del espectro > electromagnético de otros países y especialmente de aquellos que no se
someten a sus dictados, ya que con abierta violación del Convenio de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, viene agrediendo ese
territorio de Cuba con trasmisiones de radio y televisión con el fin
de desestabilizar y destruir la Revolución Cubana.
Las empresas privadas oligárquicas de televisión de Venezuela, han
usado la concesión del espacio radioeléctrico de manera dictatorial,
para propiciar el Golpe de Estado de abril de 2002 y el Sabotaje
Petrolero que causó grandes daños a su economía.

Como quiera que el 27 de mayo de 2007 vence el plazo de la concesión
que otorgó el Estado Venezolano a Radio Caracas Televisión, la
decisión del gobierno del Presidente Hugo Chávez de no renovar dicho
contrato, constituye un uso legítimo de la soberanía y el cumplimiento
de su programa de gobierno que aprobó el Pueblo de Venezuela en las
elecciones del 03 de diciembre de 2006.

No es cierto que se trate de una revocación de la concesión sino de la
decisión legítima de no renovarla.

La decisión de no renovar dicha concesión y que se conserve su uso por el Estado o se conceda a medios populares y alternativos, disminuirá
el grave desequilibrio informativo que se presenta en Venezuela, ya
que los empresarios privados controlan aún la mayor parte de los
canales de televisión.

La opinión de los colombianos no corresponde a la que quieren mostrar
los medios televisivos privados de Colombia cuyos intereses coinciden
con sus similares del Hermano País.

No es correcto que políticos colombianos que dicen profesar ideas de
izquierda confundan los legítimos derechos humanos de libertad de
expresión y de prensa, con la propiedad privada de los medios de
comunicación social que se usa para mantener desinformado al pueblo e
impedir los necesarios cambios sociales económicos y políticos.

Las concesiones a empresas privadas de bienes y servicios estatales
son genuinas expresiones de privatizaciones y de neoliberalismo, por
lo que sus reversiones corresponden a las concepciones progresistas y
democráticas que vienen surgiendo en nuestro Continente.>
Si América Latina se opone claramente a la globalización neoliberal,
los gobiernos democráticos y populares deben fortalecer el papel del
Estado en la Sociedad.

Con esta decisión el Presidente Chávez, cumple con su Programa de
Gobierno que cuenta con el apoyo de la mayoría de su Pueblo y de
América Latina.