La Asamblea Nacional (AN) tiene la difícil tarea de analizar y discutir las bondades, debilidades y críticas, existentes en innumerables trabajos de investigación y de opinión, acerca de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del CNU-OPSU, un instrumento que aporta el 40 % al cálculo del índice académico de los aspirantes como parte del proceso selectivo de la educación superior oficial, (Ley de Universidades, artículos 20 y 26). De esta manera, la AN, por ser un asunto de ley, tomará una trascendental decisión de mantenerla, modificarla o eliminarla (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 187).

En trabajos sucesivos de Fuenmayor y Vidal (2001), Fuenmayor (2002) y Morales Gil (2003) se concluye que la PAA supuestamente no discrimina a los aspirantes pobres, quienes en su mayoría estudian en institutos oficiales; infiriendo que en los mecanismos internos de admisión de las universidades nacionales está una de las causas principales de las iniquidades para el ingreso. Sin embargo, en un trabajo posterior de Fuenmayor y Mejías (2004), uno de los cuadros indica contrariamente que, para el año 2003, el 77,9 % de los mil mejores aspirantes provenían del sector privado, después de aplicar la PAA y calcular los índices académicos.

En este último trabajo, el mismo cuadro señala cómo un año después se invierten estas cifras, donde un 54,3 % de los mil mejores aspirantes provenían del sector oficial; lo cual se debió a la aplicación de nuevos criterios de construcción del índice académico por parte de la OPSU. Específicamente se corrigieron los puntajes anulando las variables que dependían de los promedios de notas, incorporando aquellas que dependen del nivel socioeconómico, región geográfica de residencia y el tipo de plantel de proveniencia, entre otras.
En mi modesta opinión, podemos mejorar aún más estos criterios no académicos propendiendo así a eliminar toda iniquidad en el ingreso; pero todavía me parece que la PAA es aún hoy sobrevalorada. Por un lado, medir las aptitudes verbal y numérica mediante escalas numéricas implica reducir la potencialidad humana a lo estrictamente empírico, y por el otro, está el limitar el talento a lo meramente intelectual.

Sabemos hoy en día que considerar integralmente los procesos inteligentes, de pensamiento, conscientes, afectivos y sociales, apunta con mejor pronóstico, hacia el logro de un compromiso real de cada estudiante para asumir una identidad y un rol social en los procesos de liberación, reflexión, investigación, construcción y transformación de saberes y contextos, así como el desarrollo de capacidades, competencias y actitudes cónsonas con tal logro.

Ahora bien, lo que más le importa a la AN es la dimensión política-humana-social y no el aspecto académico-técnico-instrumental; ella tiene que legislar para eliminar de una vez por todas la discriminación en el ingreso a la educación superior. Para ello, debe aprobar una sencilla disposición a ser acatada por todas las instituciones, tanto oficiales como privadas, que garantice una adecuada proporcionalidad de estudiantes ingresando a la educación superior, fundamentada en los diferentes niveles socioeconómicos y en la diversidad de los sectores étnicos de la población existente en cada región y localidad del país.

Para garantizar a su vez su prosecución, se aplicarían en todo caso programas de becas y de apoyo institucional para quienes lo necesiten y mantengan un buen desempeño integral