Colombia

Periodistas comunitarios los más afectados por las amenazas en Antioquia

Una complicada situación enfrentan los periodistas comunitarios en Antioquia, porque al parecer son más vulnerables a la amenazas que los corresponsales de las grandes cadenas nacionales. Las dificultades comienzan cuando abordan temas que involucran al sector público, principalmente casos de corrupción o connivencia con grupos armados. En los últimos dos años fueron amenazados cinco periodistas regionales, de los cuales uno continúa huyendo con su familia porque no ha recibido suficientes garantías del Estado.

Cinco meses después de que tuviera que salir del municipio de Briceño, Norte de Antioquia, amenazado de muerte, el director de la emisora Briceño Estereo, Edilberto Agudelo Arenas, continúa sin recibir un esquema de protección y permanece oculto en alguna ciudad del país porque las amenazas no cesan. Hace apenas un mes su esposa Diocelina Morales, quien había asumido la dirección de la emisora, tuvo que unirse al exilio de su marido, junto a sus hijos de dos y nueve años.

En los últimos meses esta familia ha vivido de un auxilio de 570 mil pesos que le brindó el Estado a Diocelina, quien además recibió un chaleco antibalas y un celular con 120 minutos. El último apoyo que les otorgó el gobierno fue un escolta para cuidar a los cuatro miembros de la familia; pero Edilberto, quien es el principal amenazado, no ha recibido su propio esquema de protección.

Mientras las garantías reales llegan, la familia Agudelo Morales permanece en una vivienda digna para alojar a cuatro personas. Allí fueron llevados por la Asociación de Redes de Comunicación Comunitaria de Antioquia después de permanecer en un refugio, que según Juan Guillermo Cano, director de (ASOREDES), era infrahumano.
“Ese sitio no era para dos periodistas y sus dos hijos. Era una pieza con baño, alcoba y televisor. No podían salir de ese sitio, tenían que estar encerrados las 24 horas. La única forma para salir era estar enfermos, porque estaban custodiados por la policía y por agentes privados del Estado. Usted se imagina estar en un sitio tan reducido, donde no se puede ni ver el sol, esperando que llegue un esquema de seguridad. Eso no es justo.” Relató Juan Guillermo, al revelar que su asociación se quedó sin recursos para seguir sosteniendo a esta familia.

La situación de Edilberto representa el drama que deben enfrentar los periodistas comunitarios cuando son amenazados. En su caso, por denunciar presuntos nexos de la fuerza pública con la banda criminal “Los Urabeños”, además de perder la tranquilidad perdió la vida que había construido en su pueblo natal, donde se destacó por ser un líder social.

Fue el interés de trabajar por la comunidad y defender los derechos humanos, lo que llevó a Edilberto a ser amenazado, lo que le causó la muerte a su amigo Saúl Sarrazola, quien era administrador del hospital local, y lo que desató intimidaciones contra otros periodistas comunitarios, en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Norte y el Oriente antioqueños.

Del compromiso con la denuncia al tormento de la amenaza

De acuerdo con el informe anual de la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), sobre agresiones a periodistas en Colombia, en el país se registraron 202 agresiones durante el 2011, de las cuales 52 fueron atribuidas a grupos paramilitares o bandas criminales. El departamento más afectado fue Cauca con 36 casos, seguido de Santander con 21, Cundinamarca con 20 y Antioquia con 13.

En comparación con el año 2010, cuando ocurrieron 189 agresiones, disminuyeron los homicidios de periodistas, al bajar de 7 casos a 1, pero aumentaron las amenazas al pasar de 38 casos a 67. Según el director de ASOREDES, en Antioquia varias de las intimidaciones a periodistas comunitarios se originaron por denuncias contra funcionarios o miembros de la fuerza pública, en casos de corrupción o nexos con grupos ilegales.

El único homicidio registrado en el país durante el 2011 ocurrió el 30 de junio en Antioquia, en el municipio de Arboletes, donde fue asesinado Luis Eduardo Gómez. De acuerdo con el reporte de FECOLPER, al momento de su muerte este periodista indagaba el manejo de recursos públicos por parte de la Alcaldía. Además era testigo en la investigación que adelantaba la Fiscalía sobre el “Pacto de Urabá”, el cual implica presuntos nexos de alcaldes, concejales y congresistas con el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas.

Aparte de los temas de denuncia, otra situación que estaría poniendo en riesgo a los periodistas del departamento es la combinación de su profesión con la actividad política. Así lo indicó Glemis Mogollón, coordinadora de la Asociación de Periodistas de Antioquia (APA), al agregar que “no se puede negar que, en algunos casos, la gente que amenaza al periodista utiliza a los grupos armados para cometer esa agresión.”

Glemis Mogollón, expresó que los más perjudicados por las amenazas son los periodistas de las regiones y en especial los del canal regional Teleantioquia, porque es el medio con más presencia local en el departamento.

De los cinco periodistas comunitarios amenazados, tres trabajaban en Teleantioquia Noticias al momento de las intimidaciones, explicó Juan Guillermo Cano, quien hizo un compendio de los afectados: Leíderman Ortiz, Luis Carlos Cervantes, Juan David Betancur, Fausto Ríos y Edilberto Agudelo Arenas, junto a su esposa Diocelina Morales.

Leiderman Ortiz tiene un periódico que se llama La Verdad, circula en Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño. Tras las amenazas su casa fue atacada con una granada. Hoy cuenta con un esquema de seguridad, compuesto por un vehículo blindado, dos escoltas y una ayuda económica. Por eso puede continuar desempeñando su labor en esa población.

Luis Carlos Cervantes es locutor de la emisora La Morena en Tarazá y corresponsal de Teleantioqua Noticias en el Bajo Cauca. Por las notas que ha emitido en ese canal regional ha recibido amenazas de muerte por parte de grupos al margen de la Ley. A él constantemente lo están llamando a amenazarlo con términos despectivos como usted es un sapo. Igual tiene esquema de seguridad.

Juan David Betancur es director del periódico El Escudriñador, que circula en el Occidente y Urabá antioqueños. Él se desplaza por esas dos regiones y ya sufrió un atentado en el municipio de Dabeiba, donde le rompieron la cabeza con una varilla. La amenaza fue: o se va o se queda callado o lo matamos. En ese momento era corresponsal de Teleantioquia Noticias. “Uno de los frentes de las FARC se atribuye las amenazas de Juan David, igual hemos denunciado que también los funcionarios públicos de ese momento son responsables de estos hechos”, reveló Juan Guillermo.

Fausto Ríos es director del noticiero Oriente Noticias,que se emite por 14 sistemas de televisión del oriente. También es corresponsal de Teleantioquia Noticias. Él ha hecho muchas denuncias sobre la presunta corrupción que existió en la administración pasada entre contratistas y funcionarios de la Alcaldía. Además ha denunciado la llegada de empresas que contaminan el medio ambiente en el municipio de Guarne.

Edilberto Agudelo Arenas y su esposa Diocelina Morales. Él era un líder social de Briceño que se engomó con la radio y formuló el proyecto al Ministerio de Comunicaciones que le otorgó la licencia hace dos años. Esa es una de las emisoras más nuevas de ASOREDES. En su medio se quejó y abrió los micrófonos para que los ciudadanos denunciaran atropellos por parte de la fuerza pública así como presuntos nexos de uniformados con la banda “Los Urabeños”. Edilberto tuvo que salir del municipio a mediados de diciembre de 2011, su esposa Diocelina asumió la dirección de la emisora hasta el 13 de abril de 2012 cuando también salió amanezada.

Dirigir la emisora local, a veces un oficio peligroso

Desde que Edilberto y Diocelina tuvieron que salir de Briceño, la emisora quedó abandonada pero no se apagó, resaltó el director de ASOREDES. “Hay un locutor, un joven de 20 años que lo que hace es ir a prenderla y programarla para luego volarse porque está lleno de miedo. Imagínese uno con 20 años y viendo la situación que hay en el municipio es normal que él sienta eso”, concluyó Juan Guillermo.

Los problemas para la emisora, y puntualmente para su director, comenzaron con las denuncias por presuntos abusos de autoridad y se desataron cuando Edilberto fue víctima de una agresión por parte de un policía.

“Un día cualquier día Edilberto estaba sentado en el parque principal con su celular en la mano, un agente de la policía se le acercó y le preguntó usted por qué me está tomando fotos. Edilberto le dijo no señor yo no estoy tomando fotos, mire el celular y el policía lo agredió, le dio un golpe”, relató Juan Guillermo.

En una versión más amplia que el mismo Edilberto le entregó al diario El Colombiano, el director de la emisora local señaló que, al parecer, el policía que lo agredió estaba hablando con un integrante de “Los Urabeños”. “El uniformado le revisó el teléfono y comprobó que no tenía nada, entonces, el reportero le dijo: "si le da miedo que le tomen fotos, pues no hable con ellos". Sólo por decir esas palabras le dieron una paliza.” http://bit.ly/JoIYoY

Luego de ese acontecimiento este periodista comunitario se quejó al aire en la emisora, en la que ya habían circulado los reclamos de otros ciudadanos. Esto se sumó a las denuncias que habían hecho algunos líderes sociales contra la fuerza pública, durante reuniones del Comité de Políticas Públicas del Municipio, al cual pertenecía Edilberto.

“El 13 de diciembre de 2011 Edilberto llegó a una esquina del municipio y se encontró con Saúl Sarrazola, el entonces administrador del Hospital de Briceño, quien estaba en un negocito de su papá. Como faltaban 10 minutos para la una de la tarde se puso a hablar con ellos. A la una en punto salió porque iba para una reunión y cuando estaba sentado en el salón de reuniones escuchó tres tiros, entonces pensó: mataron a Saúl y claro cuando llegó al sitio ahí estaba Saúl”, narró Juan Guillermo.

Horas más tarde, ese mismo día, circuló en Briceño un panfleto del frente Julio César Vargas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, “Los Urabeños”. En el documento esa organización se atribuyó el homicidio de Saúl y amenazó de muerte a otras tres personas, todas integrantes del COMPOS. Uno de los amenazados era el director de la emisora, “Beto Agudelo”, quien fue trasladado a Medellín luego de consejo de seguridad con el entonces secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona.

“Cuando se viene en el helicóptero llega al aeropuerto Olaya Herrera y simplemente le dicen los funcionarios de la Gobernación, lo esperamos el lunes en la oficina. Lo dejaron con la angustia que traía, una maleta llena de ropa y sin ninguna esperanza de para dónde salir. Lo dejaron botado, cosa lamentable. Como buen paisa tomó un taxi y se fue para donde un familiar”, explicó el director de Asoredes, entidad que le brindó a Edilberto asesoría jurídica, logística y económica.

Cuatro meses después de esta situación, Diocelina se enfrentó a su propia amenaza el viernes 13 de abril de 2012, cuando mediante una llamada que entró a la emisora le dieron 3 horas para salir del pueblo. Ella se encerró en su casa y “después de mucho ir y venir logramos que la Gobernación y el Comando de la Policía de Antioquia hicieran un operativo, porque los agresores dijeron que en la carretera la cogían. El martes a las 4 de la mañana se hizo el operativo con el ejército. Tocó proteger la vía hasta Yarumal y de ahí la trasladaron a Medellín”, relató Juan Guillermo.

A pesar del exilio, las amenazas no paran. A través de sus familiares a Edilberto le han mandado mensajes en los que le dicen que “donde lo cojan lo pican y lo desaparecen”. Por eso el director de ASOREDES reiteró su solicitud al gobierno para que le brinde un adecuado esquema de seguridad a esta familia y atienda sus necesidades.

Juan Guillermo expresó además, que el Estado debería ser garante de " una política pública que proteja la vida, la información, que día a día estamos entregando a nuestras poblaciones. Seguiremos insistiendo con esto porque en nuestro país tiene que haber libertad de prensa, donde se habla de democracia se habla de libertad y no puede ser parcial ni restringida, tiene que ser total.”

Eso mismo piensa Glemis Mogollón, quien manifestó que la deuda del Estado, con los periodistas amenazados es brindarles mayores garantías. “No solamente brindarles chalecos y carros blindados, que eso hace parte del esquema de seguridad. También se deben crear políticas públicas y condiciones políticas para que esos hechos no vuelvan a repetirse, pero en Colombia no hemos llegado a ese momento.”

Tal vez cuando llegue ese momento más periodistas comunitarios se atreverán a denunciar, a través de sus emisoras de pueblo, periódicos locales o canales regionales; e incluso algunos saldrán de la autocensura a la que se sometieron para evitarse problemas.

Mientras eso ocurre, quienes están amenazados continuarán sorteando las agresiones y huyéndole a la muerte, o con tristeza abandonarán sus comunidades para guardar silencio cuando se acaben las garantías para desempeñar su profesión.


Fuente: Agencia de Noticias IPC, Medellín, Colombia
http://www.ipc.org.co


http://alainet.org/active/55090〈=es

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