Ya el 16 de febrero de 2006 señalé a través de Aporrea las diversas formas en que “Si la realidad social es beneficiosa a las mayorías, aparecerá en los medios como un perjuicio absoluto para todos y todas; si la realidad social perjudica al pueblo, aparecerá como benigna o beneficiosa, o en todo caso, no aparecerá. De esa manera, en política, se reafirman las concepciones del sistema capitalista en segmentos de ella, tales como un sistema electoral para los burgueses y no para el pueblo; en economía, se reafirman mensajes que protegen la división en clases sociales, justifican la repartición inequitativa de las riquezas, el desfalco de los bienes y recursos del país por parte de empresas nacionales y transnacionales; en derecho, se justifica y protege el sistema de valores jurídicos, contrarios muchos de ellos a la equidad y a la verdadera justicia social, y se aplauden abiertamente las conductas que violan los derechos humanos, invitando a reproducirlas.”1
Me he postulado como magistrado al Tribunal Supremo de Justicia, consciente y convencido de que en el momento histórico que vive la República Bolivariana de Venezuela, de profundas transformaciones institucionales, sociales y de la estructura política de gestión del país; el Poder Judicial y específicamente el más alto Tribunal, no puede permanecer incólume ante el reto de alcanzar el verdadero Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia que anuncia como principio fundamental nuestra Constitución Bolivariana, en su artículo 2, y también convencido de que la Igualdad, la Equidad y la Justicia no son meros conceptos que adornan el programa constitucional, sino que lo trascienden, inspirando la construcción de una sociedad digna, humana y justa, en donde el ser humano sea el centro de todas las actuaciones del poder público, asegurando los valores universales de justicia y los particulares que está fundando la República; en donde la práctica judicial y de los hacedores de derecho en general juegan un papel relevante en la nueva historia del país.
En los últimos días, aquéllos medios de comunicación social privados me han señalado públicamente como “Juez destituido”, con grandes titulares en donde, al decir de ellos (“El Universal”, entre otros), aparece mi nombre como “juez destituido”, afirmando que el Consejo Moral Republicano (en realidad es el Poder Ciudadano al que le ha correspondido), ha dejado pasar intencionalmente la postulación de jueces destituidos. Me he dirigido al Diario “El Universal”, solicitando que en atención al derecho a la réplica (contenido en la Ley del Ejercicio del Periodismo y en las normas éticas comunicacionales), a fin de que me permitan desmentir la infamia en la que han insistido, pero han hecho caso omiso, pues el derecho y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es para ellos sólo verborrea discursiva cuando les conviene.
Si bien pueda ser que en otros casos se encuentren jueces realmente destituidos, ello no es aplicable a mi persona. ¿ Por qué El Universal”, antes de publicar el día 02 de diciembre mi nombre como “juez destituido” no se informó de mi expediente? ¿ Por qué no ha querido publicar mi versión en donde les aclaro con indicación de fechas y acontecimientos mi condición de juez temporal en el año 2006?
Pues bien, nunca he sido destituido del poder judicial. En efecto, a partir del mes de mayo de 2006 fui Juez de la Corte Segunda Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, en sustitución temporal de la Jueza Margelys Guevara, quien además fue mi alumna, lamentablemente fallecida en un accidente de tránsito, razón por la que ocupe su cargo de forma temporal. En octubre de ese mismo año fue designada la Juez Titular por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, razón por la que, obviamente, quedó sin efecto el cargo temporal que había asumido, pero en ningún momento salí del Poder Judicial por destitución. De allí continué mis funciones que ejerzo desde 1996 como miembro del equipo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –Unicef-, actualmente en la condición de Asesor para países de América Latina y El Caribe.
Por lo demás, mi pequeña contribución con el TSJ la inicié antes de ser Juez a través de Charlas, Cursos, Conferencias, preparación y ejecución del Plan de implementación de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, publicaciones, etc; contribución que he continuado luego de mi cargo temporal de Juez, en la misma convicción de contribuir al fortalecimiento de las transformaciones institucionales que han caracterizado al más alto Tribunal y al país en general, durante los últimos años.
No dudo el temor que ocasiona a los medios la integración de un Tribunal Supremo de Justicia probo y digno, como lo pide a gritos el país y la nueva historia Republicana. De igual forma no dudo que les anima también la idea de combatirme en el terreno comunicacional por las abiertas criticas que públicamente hago a los intereses comunicacionales privados, cuando entre otras cosas he afirmado que “…si el derecho a la comunicación en el capitalismo es a imagen y semejanza de los propietarios que manejan el capital y con ello a las grandes masas; pues en el socialismo la comunicación es un derecho del pueblo, es derecho a asumir el control de la comunicación a favor de las grandes mayorías populares, es generación de una cultura de humanismo, igualdad y respeto a la dignidad del ser humano, tanto como individuo cuanto como colectivo, y en fin, en el socialismo, la comunicación es un derecho como vehículo para avanzar en la liberación de la explotación capitalista. Por tanto, el Estado socialista debe reservarse las comunicaciones que es a su vez, ejercerlas en nombre del pueblo y abrir los espacios de participación popular en ese control de los medios de comunicación…”2
De
tal manera que quien me ha destituido del Poder Judicial, (seguro con la intención
de crear algún prejuicio acerca de mi persona en los Diputados y Diputadas
de la Asamblea Nacional, ante una eventual consideración de mi nombre
como magistrado), han sido los medios de comunicación social privados,
enemigos manifiestos del proceso de transformación institucional y
social del país. Mi destitución es mediática, falsa e interesada,
pues soy un destituido de estos medios que han publicitado una audaz
mentira que no tiene asidero en la realidad, faltando al deber legal
y constitucional de la información veraz, pues si en verdad actuasen
como periodistas y comunicadores y no como opositores políticos sabrían
que los integrantes del Poder Ciudadano han procedido en cada caso a
verificar la información ante el propio TSJ, y que en mi caso particular,
no existe destitución alguna por parte del máximo Tribunal.
(*)Abogado y Criminólogo
ybuaiz@gmail.com