En Venezuela no está comprometida la libertad de Información o de prensa como se quiere hacer la oposición, lo si es que se evidencia es que la difación o injuria contra un funcionario o cualquier persona es sancionado por la ley y esto se viene aplicando dentro de la cuarta y quinta república para quienes ejercen el periodismo sin pruebas.
Me refiero con esto a la decisión que hubo contra el colega Periodista Francisco “Pancho Pérez medida dictada por el Tribunal Quinto de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Carabobo quien falló a favor del alcalde de Valencia, Edgardo Parra, quien lo demandó por “difamación e injuria” hecho que consideramos como lamentable, más con derecho de parte del burgomaestre.
Este análisis no lo hago por “tener un bozal de arepa” puesto que no trabajo en organismo oficial , pero si lo hago con conciencia propia como militante del PSUV , ex directivo del Tribunal Disciplinado del CNP y autor del libro “Ética Revolucionaria Compromiso de Todos” y con honestidad argumento con el respeto de todos que la medida judicial no es la primera vez que se atenta contra un comunicador social, hecho experimentado por mi persona al ser vetado nacionalmente por Jaime Lusinchi cuando ejercía la corresponsalía de Noti Tarde en Maracay en momentos en que ejercía la profesión como reportero el entonces Presidente estaba en estado de ebriedad en el año 1986. Allí el gremio de periodista guardo su silencio. No formo alharaca como lo quiere hacer ver ahora en la opinión pública.
Es lamentable como se mal interpreta la libertad de opinión, al pretender hacer y decir lo que bien me da la gana sin guardar ningún grado de responsabilidad o ética, más uno tiene que tener las evidencias para no caer en la difamación e injuria y si había este juicio se debía promover las pruebas certificadas ante el tribunal cuestión que no lo no lo hicieron. Y el propio alcalde reconoció los hechos y antes había llamado a la conciliación cuestión que no aceptaron porque en tiempo de campaña cualquier cosa que haga ruido es bueno…
De todas maneras el colega Pancho Pérez tiene medidas de apelación a la decisión del juez quinto de Juicio, Alfredo Toredit Rojas, ante la Corte de Apelación de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Carabobo. Si la Corte confirma la pena, ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia o solicitar la revisión de la decisión ante la Sala Constitucional del TSJ. Que estamos seguro no lo confirmara por las pruebas aportadas por el burgomaestre.
Ahora bien se pretende con eso armar un escándalo político para decir que no hay libertad de información o de opinión o a la crítica, creemos en el periodismo de investigación, de denuncias pero con testimonios, con evidencias o pruebas y no tratar de decir que con ello se va castigar a periodistas o quien la ejerza, lo que no se puede es difamar libremente y quien ejerce este derecho debe hacerlo con responsabilidad ….Cuantos hechos en mi vida profesional como periodista no he denunciado y denunciare y nadie me ha desmentido por manejar el caso con ética profesional aplicando el Código de Ética del Periodista , allí en mis denuncias están la muerte del estudiante Fernando Quintero (en ese momento era educador no periodista año 1977) cuando era dirigente magisterial (primer gobierno de CAP), el caso Nelson Álvarez y el llamado sindicato del crimen, el caso Balladares, la corrupción existente en la construcción de la carretera Bucarito Guigue por parte del entonces gobernador Salas Romer y la empresa Scarano donde demostré en trabajo de investigación que tenia una capa asfáltica de 5 cm y no de 16 cm como dice la ley, y así paren de contar.
No se puede difamar, calumniar ni injuriar "libremente". Si la persona llámese periodista o no lo hace y es acusado penalmente por el o los afectados, no puede alegar en su descargo que usted tiene derecho a expresarse libremente o hacer lo que le viene en gana y hoy eso es frecuente en medios privados que son de oposición y legalmente deben responder por lo que dicen o escriben, y esto lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta escrito en la Ley de Ejercicio del periodismo del 99 -
Disposición que no es ninguna novedad. La Constitución de 1961 lo expresa; luego de establecer ese derecho, "...pero quedan sujetos a pena, de conformidad con la ley, las expresiones que constituyan delito". (Art 66). Si nos remitimos a la avanzada y democrática Constitución de 1947 lo encontramos igualmente: "…quedan sujetos a pena, conforme a las prescripciones legales, las expresiones que constituyan ofensas a la moral pública, injuria, difamación, desacato e instigación a delinquir".
Por supuesto, existen otros delitos que pueden cometerse a través de los medios o de viva voz previstos en el Código Penal y en otras leyes, como el vilipendio, instigación a delinquir, los mensajes discriminatorios, la propaganda de guerra o la intolerancia religiosa, etc. En los ataques al Presidente de la República se han oído o leído muchos que se alejan del marco de la opinión y desbordan mínimas normas éticas y disposiciones legales, y que ejercidos contra una persona común y corriente serían suficientes para intentar acusaciones penales.
Igualmente estamos en contra de declarar persona no grata al Alcalde Edgardo Parra quien ejerció el derecho que le dicta la ley, por cuanto el secretario general del CNP no puede ejercer a título personal una acción declaratoria sin antes haber convocado a una asamblea de todos los periodistas, ya que es un cuerpo colegiado y por ende la máxima autoridad lo ejerce la asamblea. y negar a que los periodistas reciban premios municipales de periodismo en sus diferentes renglones . El hecho de no recibir el premio de periodismo municipal es potestad del periodista a quien se le reconoce su trabajo y su trayectoria ya que es una institución corporativa donde están afiliados 600 periodistas y no los los 198 que votaron por su reelección. Esos 200 no representas a todos los inscritos. Y menos aun hacer del gremio una tribuna de la oposición. .
elzamorano2005@gmail.com
