Autoridades regionales de La Paz y El Alto en Bolivia, iniciaron este viernes un cabildo abierto junto a un paro cívico en rechazo a las voces que abogan por concentrar en Sucre los poderes del Estado.

Las ciudades de La Paz y El Alto, dos de las más pobladas de Bolivia, amanecieron este viernes paralizadas en sus actividades para rechazar un eventual traslado de la sede del gobierno a la localidad de Sucre.

Las dos urbes cumplen un "paro cívico", declarado por las alcaldías de La Paz y El Alto, la prefectura departamental y organizaciones civiles, para manifestar su rechazo al pedido de la provincia de Chuquisaca de recuperar las sedes de los poderes para su capital, Sucre (sureste).

De acuerdo con el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, la multitudinaria manifestación servirá para consolidar la unidad nacional, aunque miembros del ejecutivo central declinaron participar en ese acto.

Bajo la consigna "la sede no se mueve", Paredes instó a defender su pertenencia a la ciudad sede del Gobierno desde hace 100 años y anunció que cerraría todos los accesos al aledaño municipio de El Alto, escenario del mitin.

Asimismo, señaló que el consejo departamental aprobó una convocatoria al paro de actividades y de esta manera dar una muestra de apoyo al gran cabildo.

"La Paz y su población son la garantía de la unidad del país y fuimos también los promotores de la Asamblea Constituyente, por eso nos sentimos indignados con la propuesta de cambio de sede", señaló el funcionario regional.

Como en las provincias, en las ciudades de La Paz y El Alto se desarrolló una intensa labor de organización con el objetivo de reunir a más de un millón de personas.

También un operativo policial, en el que participan cinco mil uniformados, que están velando por el orden en esa concentración popular.

Los actos en respaldo o rechazo a la llamada capitalía plena, que demanda concentrar en Sucre todos los poderes, es vista por el gobierno de Evo Morales como una maniobra para boicotear a la Asamblea Constituyente.



El departamento de La Paz, con sus 2 millones de habitantes y el más poblado de Bolivia, se opone a que la Asamblea Constituyente, que debe aprobar una nueva Carta Magna, traslade la capital a la ciudad de Sucre, 740 km al sudeste de La Paz, por los daños económicos que provocaría a la región andina.