La huelga de maestros se mantiene mientras que otros sectores sociales amenazan con paralizar al país Credito: efe

A tres semanas de cumplir un año en el poder, el presidente Alan García enfrenta una ola de protestas y huelgas que, en rechazo a las políticas económicas del Gobierno, paralizarán esta semana buena parte de Perú. Aunque el mandatario ha intentado descalificar las manifestaciones atribuyéndolas a “sectores minoritarios radicalizados”, autorizó a las Fuerzas Armadas para reprimirlas.

El gobierno del presidente Alan García, enfrenta huelgas de maestros, mineros, campesinos, sector salud, entre otros, que paralizarán esta semana buena parte de Perú, en rechazo a las políticas económicas de su gestión, que el próximo 28 de julio arribará a su primer año.

Entre tanto, el gobierno peruano enfrenta una huelga nacional indefinida de maestros, que este martes arriba a su sexto día, que rechazan la promulgación de la Ley de la Carrera Públoca Magisterial.

Además del temor de los educadores por la nueva ley que, aseguran, entre otras cosas, abrirá las puertas a los despidos, las demandas de los distintos sectores levantados contra el gobierno de García incluyen pedidos de aumentos salariales, exigencias por el reconocimiento de derechos laborales eliminados, demandas regionales por obras públicas y la oposición al retiro de los beneficios tributarios que tenían las regiones de la selva.

También se suma al descontento la defensa de las comunidades indígenas del medioambiente que, aseguran, es afectado por la actividad minera, y el rechazo de los campesinos al polémico Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que permitirá el ingreso de productos agrícolas estadunidenses subsidiados.

Ante este panorama, el Gobierno ha intentado descalificar las protestas, atribuyéndolas a "sectores minoritarios radicalizados".

Pero, contradictoriamente, este martes el presidente Alan García advirtió que los "minoritarios" sectores que protestan, no le "torcerán la mano" y ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas, durante 30 días, para acabar con las manifestaciones que prometen paralizar al país andino.

"Ellos dicen: 'ya viene el 28 (primer aniversario de su gobierno), vamos a ver si le torcemos la mano, (pero) no me la tuercen (…) he vuelto por segunda vez a la presidencia para hacer algo bien y mantener un rumbo", advirtió.

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), Mario Huamán, aseguró que la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, para mantener el orden público, es un signo de autoritarismo y de querer atacar las consecuencias y no las causas de las protestas de la población.

En conversación con CPN Radio, señaló que los conflictos sociales, que se registran en diversas zonas del país no se solucionarán con estas amenazas de represión.

Al referirse a una posible injerencia del mandatario Hugo Chávez, Huamán Rivera, afirmó que nadie manipula a los trabajadores, para convocar a movilizaciones.

Tras el anuncio presidencial sobre la intervención de las Fuerzas Armadas, el coordinador ejecutivo de la ONG Propuesta Ciudadana, Javier Aspur, afirmó que en el Gobierno existe falta de planeamiento, prevención y seguimiento de los conflictos sociales que se registran en diversas zonas del país.

Pero, además de buscar restarle importancia a las protestas, el gobierno de García también ha acusado a "sectores radicales de izquierda", en especial al presidente venezolano Hugo Chávez, por supuestamente agitar las manifestaciones antigubernamentales, acusación que está desatando un nuevo conflicto diplomático entre Perú y Venezuela, que hace un año, tras duros intercambios verbales entre sus Presidentes, rompieron relaciones.

Lima alega que la oficina que la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA), promovida por Venezuela, abrió este año en la Región Puno para dar atención oftalmológica gratuita a la población, constituye "un acto de injerencia inaceptable" por parte de Venezuela.

Incluso el primer ministro peruano Jorge del Castillo ha denunciado, junto con otros funcionarios del gobierno y sin presentar pruebas, que esa oficina del ALBA promueve el paro regional anunciado en Puno para este miércoles y jueves y las protestas contra el gobierno de García que, a tres semanas de su primer aniversario, enfrenta el descontento de sectores sociales del país.