Las Madres de Plaza de Mayo levantaron de nuevo su voz, esta vez, para rechazar una ley que aseguran, atentará contra el derecho a la protesta Credito: efe

TeleSUR _ 15/06/07 - Grupos humanitarios denuncian que Estados Unidos y el Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI) presionaron la aprobación de la ley antiterrorismo, la cual consideran, podrá ser usada para reprimir protestas sociales, lo que va en contra del Estado de derecho.

Pese a las críticas y al rechazo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo, el Congreso argentino aprobó un proyecto antiterrorista que introduce reformas al código penal, para tipificar como delito el accionar y financiamiento de actividades terroristas.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno del presidente Néstor Kirchner y recibió el visto bueno del Congreso, por lo que el siguiente paso será su reglamentación por el Ejecutivo.

Los grupos humanitarios expresaron su preocupación por la nueva Ley aprobada por el congreso, al considerar que su cumplimiento podrá promover violaciones a los derechos humanos y represiones a las protestas sociales.

También criticaron la premura (2 semanas) con la que fue aprobada la norma y aseguraron que esa presión vino desde Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que habría "amenazado" a Argentina con sancionarla con una declaración pública en la que solicitaría más controles a las operaciones financieras generadas en ese país.

Parte de la normativa contempla penas de 5 a 20 años de prisión para aquel que tome parte de un grupo ilícito destinado a "aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Para el Gobierno de Kirchner, la ley es oportuna ya que llena un espacio vacío sobre ese tema, por lo que asegura que las preocupaciones expresadas por los grupos de derechos humanos son "exageradas".

La legisladora oficialista Rosario Romero aseguró que el proyecto "busca poner a tono" la legislación argentina "con los estándares internacionales y los compromisos" asumidos por ese país.

El director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier advirtió que la norma puede promover las persecuciones a cualquier "agrupación política o social que hubiera participado de alguna protesta en el marco de la cual se cometieran delitos comunes", por lo que consideró que "vulnera parámetros constitucionales fundamentales que constituyen principios esenciales de todo Estado de derecho".