La Paz, 04 Jun. ABN.- El presidente boliviano, Evo Morales, ratificó este lunes que detrás del paro de funcionarios del Poder Judicial, convocado para este martes, existen intereses de sectores que buscan desestabilizar al país, reportó Prensa Latina.

El mandatario anunció además que esta acción solo perjudicaría los procesos y aumentaría el retraso acumulado en el trabajo de ese sector.

Precisó que la Asamblea Constituyente es el escenario legal para modificar la justicia como parte de la redacción de la futura Carta Magna.

Adelantó que podrían descontar parte de los salarios de quienes se sumen a la huelga.

Asimismo, Morales llamó a los jueces a tomar conciencia para emprender cambios, 'Como dicen algunos, ya no es un Poder Judicial sino poder perjudicial', agregó.

El portavoz de la Presidencia, Álex Contreras, dijo que no comparte con el criterio del paro de labores judiciales porque tiene un tinte político y no jurídico, pero respeta cualquier medida de presión legítima que se manifieste.

'Lamento que se esté obligando a los funcionarios a acatar la medida, porque hay gente que no está de acuerdo con el paro. Como ha dicho el presidente de la República, Evo Morales, día no trabajado día no pagado', afirmó.

Recordó que el Poder Judicial ha sido calificado como el más corrupto del país y por eso existe la urgente necesidad de hacer los cambios desde ese Poder del Estado para que la justicia sea transparente en el país y se eviten fallos que van en contra del pueblo.

Por su parte, Oscar Freire, de la Asociación de Magistrados de Bolivia, afirmó que se mantiene en pie la convocatoria al paro del martes en desacuerdo con la decisión gubernamental de arrestar a cuatro jueces del Tribunal Constitucional (TC).

El conflicto que mantiene el Ejecutivo con el Poder Judicial comenzó cuando Evo Morales presentó en el Congreso una demanda de juicio a cuatro magistrados del TC.

En mayo pasado, los cuestionados habían emitido un fallo que cesó en sus funciones a cuatro miembros de la Corte Suprema nombrados por decreto por el Presidente en diciembre de 2006.

La norma es considerada como anticonstitucional por el gobierno boliviano que acusa a partidos conservadores de urdir una confabulación para bloquear la lucha contra la corrupción.