La senadora colombiana Piedad Córdoba Credito: VIVE

Bogotá. - Por sus posiciones políticas, "la negra" fue secuestrada en dos ocasiones (1991 y 1999) por grupos paramilitares. Luego de un exilio en Canadá, regresó a Colombia para hacer frente al Gobierno de Uribe y a su propio partido, al que acusa de pactar para aprobar el TLC con EEUU. Mientras el escándalo por los vínculos entre "paras" y funcionarios uribistas mantiene al país en vilo, Piedad Córdoba, verborrágica, sacude el escenario nacional.

VIVE: Luego de la visita de Bush a Colombia y la posterior visita del Presidente Uribe a Washington, ¿cuál es el balance que queda del Plan Colombia y del TLC con EEUU, ambos actualmente empantanados?

PC: Yo fui la primera persona que fui al Congreso de los Estados Unidos a hablar contra el Plan Colombia. Allí no han cogido ni a la guerrilla, ni han acabado con el narcotráfico. Allí lo único que han hecho ha sido desplazar a todas las comunidades donde el Plan Colombia tiene operación. Por ejemplo en la zona de Sucre, en la costa, donde el Plan también ha operado, están las 11.000 fosas comunes que se descubrieron. El Plan Colombia es un instrumento de entrega de los recursos naturales y de abatimiento, desaparición y asesinato de los grandes líderes sociales en Colombia.
Además, eso se concatena con el afán de EEUU de mantener a Colombia como el muro de contención de las grandes transformaciones sociales que se están dando en la región.
Si los gringos tuvieran ética, eso no lo volverían a aprobar. Eso no ha erradicado ni combatido el narcotráfico. Ellos deberían entender pues, que dos más dos son cuatro, y que están perdiendo plata.
Y con el TLC tengo una posición muy clara: estoy completamente en contra de ese tratado con los EEUU, no del intercambio comercial.
Yo creo, como socialista, que hay que exigir un comercio justo, un intercambio comercial que beneficie a las partes y no un intercambio que arrase con la economía del país.Y no lo voy a votar. Además creo que no tengo que hacer mucho esfuerzo porque mientras en EEUU estén en la lucha interna por la presidencia ese tema ya está relegado. Pienso que si los demócratas ganan, seguramente lo vuelven a proponer, porque yo no creo que los demócratas de allá sean socialistas, eso no es verdad. Simplemente están en una pugna coyuntural que a nosotros por el momento nos beneficia. Pero creo que en última instancia nosotros no tenemos capacidad de obligarlos, como pueden otros países, a negociar de una manera diferente.
No porque no tengamos los elementos, sino porque la clase dirigente-empresarial que está gobernando este país es de las más mezquinas del continente, de las más entregadas a las condiciones que impone el imperio norteamericano.

VIVE: ¿Y qué piensa de la propuesta del ALBA?

PC: Estoy de acuerdo. Creo que Colombia debería mirar principalmente lo que es la unidad regional. Tiene que mirar el intercambio comercial con América Latina que es mucho más benéfico.
Además, yo estoy de acuerdo con el Presidente Chávez cuando habla de una moneda única para Latinoamérica. Yo no sé porqué puede hacerse en Europa y se escandalizan cuando se propone aquí.
También puede haber un fondo monetario para América Latina y también un banco que nos de garantías distintas de intercambio, de desarrollo, y que privilegie todas esas reservas que hay de dinero en el Fondo Monetario, y que las depositemos en un banco nuestro.

VIVE: Siguiendo con el tema Venezuela. En los próximos días se acabará la concesión de un canal privado de televisión, situación que ha desatado una ola de críticas desde sectores poderosos hacia el gobierno de Chávez. ¿Qué opinión tiene Ud. al respecto?

PC: Lo mismo hizo acá el ex presidente Samper con QAP. Cuando llegó el momento de renovarle o no la concesión no lo hizo.
Yo pienso que el Presidente Chávez está en todo el derecho de tomar la decisión de si renueva o no una licencia. No creo que se esté coartando la libertad de expresión allí. El gobierno tiene derecho también a formar opinión pública. Pero también está el otro espacio radioeléctrico donde ellos pueden dedicarse de noche y de día a plantear lo que piensan del gobierno que los acoge.

VIVE: Volviendo a Colombia. En las últimas semanas se han demostrado fuertes nexos entre funcionarios del gobierno del Presidente Álvaro Uribe y los grupos paramilitares. ¿Ud. Cree que estos vínculos son circunstanciales o obedecen a razones más profundas?

PC: Yo pienso que es un proyecto muy profundo, que viene desde hace muchos años y que en los últimos diez años se ha venido consolidando. Que desde el momento en que Álvaro Uribe es Senador de la República y luego Gobernador del Departamento (de Antioquia) se consolida más, y él se convierte en la figura más fuerte, más dura de ese proyecto económico, político, social, cultural que necesita del paramilitarismo para esconder los crímenes, para impedir otras voces e inclusive, para impedir que se consoliden en Colombia los vientos democratizadores que corren por América Latina.
Pero no les va a quedar fácil, porque con todos los acuerdos electorales que ha hecho el Gobierno con esta fuerza paramilitar, lo cierto del caso es que se han destapado las cosas y la opinión pública hoy está conociendo lo impresionante, lo escabroso que ha sido el proceso paramilitar del país.


VIVE: El Gobierno de Uribe anuncia como un éxito su "política de seguridad democrática". Mientras tanto se han presentado denuncias muy concretas contra el Ejército Colombiano por violaciones a los Derechos Humanos y por ser causa de desplazamiento campesino en la región del Nordeste Antioqueño.
¿Cómo entender esta realidad colombiana de la Seguridad Democrática?

PC: Primero hay que entender que no hay ningún éxito de la política de seguridad democrática entendida en su integralidad. Pero si se entiende como una seguridad democrática represiva, pues en ese orden de ideas sí se podría decir que es exitosa, y que a la par, viola los Derechos Humanos.
Pero no sólo en el Nordeste Antioqueño, ahorita en el Bajo Cauca, hace algunos días, el Ejército asesinó a unos dirigentes campesinos con el argumento de que son auxiliadores de la guerrilla. ¿Qué está ocurriendo? Que como ya no es tan fácil cometer estos delitos a través del paramilitarismo, está pasando una cosa gravísima: el Ejército está entrando nuevamente a cometer este tipo de violaciones a los Derechos Humanos y estos desplazamientos forzados.
Por lo tanto, si usted habla de la política de seguridad democrática entendida como la seguridad económica, la seguridad política, la seguridad ciudadana, entonces es un fracaso. Pero si usted habla de la seguridad democrática entendida como arrasamiento, como una forma de desplazar, como una forma de asesinar, pues entonces sí, porque es parte de la estrategia del Presidente de la República.

VIVE: Existen denuncias específicas sobre los llamados "falsos positivos", campesinos fusilados por el Ejército, que son presentados luego como guerrilleros.

PC: Eso viene desde tiempo atrás. Antioquia ha sido el escenario más concreto, junto a otras regiones de la costa donde los militares asesinan a los dirigentes campesinos, los visten de guerrilleros y después los denuncian como tales. Muchos casos se han denunciado a la justicia y se ha dado el caso concreto en que se ha desmentido. Es una práctica asesina que hace parte de toda la orquestación de este proyecto paramilitar.

VIVE: Algunas denuncias aseguran que dentro de las filas del Ejército se encuentran sujetos antes vinculados con los grupos paramilitares. ¿Ud. Cree que esto es parte de la "desmovilización de las Autodefensas"?

PC: Eso es muy grave. Porque lo que está haciendo el Ejército con los llamados desmovilizados es organizarlos para formar "ejércitos rurales", y simplemente lo que hace es legalizar un paramilitarismo que no se ha desmontado.
Este es el mismo juego del aparato paramilitar que opera de la mano de la Fuerza Pública del Estado Colombiano.
Yo creo que en ninguna parte del mundo están pasando cosas tan delicadas, tan graves como las que están pasando en Colombia, con hechos tan reveladores como el descubrimiento de 11.000 fosas comunes. Esto en cualquier parte del mundo habría desatado, como mínimo, una serie de marchas, un conglomerado de intelectuales, estudiantes y políticos, exigiendo la renuncia del Presidente de la República.

VIVE: Salió a la luz el caso de la Bananera Norteamericana "Chiquita" que pagaba a grupos paramilitares por seguridad. Existen otras multinacionales como la Coca-Cola supuestamente vinculadas al paramilitarismo. Ahora aparecen Megaproyectos trasnacionales a quienes se acusa de provocar el desplazamiento campesino a través de los "paras" y del ejército.

PC: Es un desplazamiento estatal, institucional, que no ha sido aislado del desplazamiento de todo el país. De todas maneras, ese arrasamiento de las poblaciones tiene que ver con las alianzas, los ligamentos que hay entre la oficialidad y todos estos proyectos paramilitares que arrasan con las regiones. A eso hay que sumarle todo lo que significa el Plan Colombia que ha sido también un elemento clave para enriquecer este proyecto neoliberal con intereses de inversionistas internacionales.
El Estado, con unas políticas muy claras como la Ley Forestal, como la Ley de Medio Ambiente, establece una serie de condiciones que posibilitan las instancias que se requieren para llevar a cabo el desplazamiento. Esto contribuye y se superpone con los Megaproyectos. Porque la masacre del Lago de Antioquia, en Ituango, significa un Megaproyecto de generación de energía en la región. ¿A quién asesinan? Al dirigente sindical Jesús María Valle, que era la persona que venía defendiendo a los campesinos. Antes de eso habían cometido la masacre que él denunció, razón por la cual el "establecimiento" político-militar-privado del país lo asesina.
Y lo mismo ha pasado en el caso del desplazamiento en el Atrato Medio antioqueño y chocoano. Eso coincide con todo el proyecto de Palma Africana y también del Puerto de Tribugá.
Esto sucede porque en este gobierno, muchos de los ministros están directamente relacionados con los Megaproyectos a través de las organizaciones que representan. El Ministro de Agricultura ha sido un fusible claro, evidentemente comprometido con los proyectos de Palma Africana. Por eso ha sido uno de los que ha querido modificar la Ley 70 de Negritudes, que no permite que los territorios poseídos ancestralmente por los afrodescendientes estén dentro del comercio.