Bogotá 14 de mayo de 2007. - La justicia colombiana ordenó ayer capturar a 20 políticos, entre ellos cinco congresistas oficialistas y varios ex legisladores, que firmaron un pacto político con los paramilitares de extrema derecha, en 2001, decisión que agrava el escándalo y la crisis política.

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los actuales congresistas, Miguel de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes y William Montes, y del representante a la Cámara José Santos. Todos ellos son aliados políticos del Gobierno de Álvaro Uribe.

Detalles

Cuatro de ellos ya habían sido detenidos hasta el medio día de ayer. López en el aeropuerto de Bogotá; Montes, en un concurrido sector del occidente de la capital colombiana, al igual que Santos, mientras que De la Espriella se entregó en una ciudad del norte del país.

“El cargo que se les imputa es concierto para delinquier agravado. Las capturas se libraron en el curso de la mañana y el motivo no es sólo por la suscripción del documento, sino por todo aquello dentro de lo cual se suscribió el mismo”, dijo el presidente de la sala penal de la Corte, Alfredo Gómez.

“La Corte demostró que no hubo coacción por parte de los paramilitares para la presencia de estas personas en la reunión. Hubo conocimiento, voluntad en la suscripción del documento. Dentro del contexto se admite que hubo un provecho político”, añadió.

Los legisladores son procesados por la firma, en julio de 2001, de un documento con los entonces jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) donde se comprometieron a apoyar al grupo.

Otros ocho parlamentarios oficialistas se encuentran en prisión acusados de tener nexos con los escuadrones de extrema derecha, mientras que uno se halla prófugo.

Por capturar

Entre tanto, y por el mismo caso, la Fiscalía también ordenó la captura de otros 15 políticos, entre ellos varios ex congresistas, ex alcaldes de ciudades donde los paramilitares tenían influencia y miembros de cabildos locales.

Uno de esos implicados, la ex representante a la Cámara de Diputados, Eleonora Pineda, fue detenida poco antes del mediodía en un edificio del centro de Bogotá.

Las acusaciones señalan que las AUC presionaron a los electores en sus zonas de influencia para que políticos afectos al grupo fueran elegidos en diversos cargos públicos.

A comienzos de la semana pasada el vicepresidente, Francisco Santos, vaticinó que entre 30 y 40 legisladores terminarán tras las rejas por esas acusaciones.

Investigación

Por otro lado, Colombia anunció que investiga la autenticidad de unas grabaciones que probarían que antiguos integrantes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha dirigen actividades criminales desde la prisión, y advirtió que de ser así les suspenderá beneficios judiciales.

La advertencia del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos se produjo en momentos en que antiguos comandantes de esos escuadrones han anunciado su disposición de revelar, ante la justicia, los nombres de políticos, militares y empresarios que los apoyaron en su lucha contra la guerrilla izquierdista.

La confesión de los ex jefes paramilitares podría aumentar la crisis política y el escándalo que sacude al país por los supuestos nexos de congresistas aliados con esos escuadrones.

“Vamos a verificar la autenticidad de estas grabaciones. Supongamos que son auténticas, pero tenemos que verificar su autenticidad, y procederíamos inmediatamente a quitar los beneficios a quienes resulten implicados”, dijo Santos.

La revista Semana publicó, en su última edición, el contenido de conversaciones telefónicas en las que supuestamente mandos medios de los desmovilizados escuadrones paramilitares hablan desde la cárcel en donde permanecen recluidos de actividades de narcotráfico, crímenes y extorsiones.