La Habana, 12 may (PL) Autoridades cubanas remitieron a los tribunales a varias personas que operaban y explotaban ilegalmente servicios de distribución de programas de televisión violando las regulaciones vigentes, destacaron hoy medios locales.

Una docena de inculpados obtenían cuantiosas sumas de dinero adquiriendo, a través de conocidos suyos residentes en Estados Unidos, tarjetas de recepción satelitales que luego vendían a altos precios para hacer llegar a Cuba señales de emisoras norteamericanas.

Esta actividad, denunció hoy el diario Granma, contribuía a los propósitos del gobierno de ese país de introducir en la Isla programas de corte contrarrevolucionario emitidos por televisoras radicadas en territorio estadounidense.

El negocio ilegal consistía en cobrar hasta 250 pesos convertibles (unos 200 dólares) por cada tarjeta, recargarlas también ilegalmente mediante un pago de alrededor de 32 dólares adicionales y mantener así la captación de las mencionadas señales satelitales.

El periódico recordó que cada semana se transmiten hacia la Isla desde Estados Unidos entre dos mil 300 y dos mil 400 horas de radio y televisión por 30 frecuencias diferentes, incluso vinculadas a grupos terroristas conocidos.

Tales transmisiones, agregó, se destacan por el carácter injerencista y desestabilizador de sus mensajes dirigidos a la destrucción de la revolución cubana.

A las personas involucradas se les ocuparon antenas parabólicas, platos de antenas, receptores, equipos, tarjetas de recepción, computadoras, cables de conexiones, modems y discos instaladores que serán entregados a instituciones sociales.

Los tribunales juzgarán a los acusados por actividad económica ilícita y ocultar, cambiar o adquirir bienes procedentes de un delito, con posibles sanciones de hasta cinco años de privación de libertad.

Por otra parte, se impusieron multas de hasta 20 mil pesos (alrededor de 640 dólares estadounidenses) a personas que ocultaban equipos y aditamentos destinados al mismo negocio ilegal.

Granma recalcó que no puede quedar impune la actividad de individuos que, para incrementar su patrimonio, hacen juego al enemigo violando normativas jurídicas vigentes encaminadas a proteger la soberanía y los valores culturales y patrióticos del país.