Un tribunal de Argentina anuló los indultos otorgados a Videla y Massera, jerarcas y represores de la última dictadura militar. Una medida que arroja luz, aunque las tinieblas del olvido sigan presentes.

“La sombra vuela alrededor como un objeto en mi pieza / ni remedio que la pueda parar / ni corazón ni nada / ni la palabra nada / ni la palabra corazón / compañeros / compañeros”.

Así se lamentaba el poeta argentino Juan Gelman en 1979, cuando alguno de sus amigos desaparecidos por la dictadura militar del ’76 aparecía en su memoria. Con impotencia, acaso resentimiento, sus palabras retratan esa sombra enquistada en su cuarto, enquistada en cada rincón de la Argentina; ese conjunto de tinieblas que opacaron la memoria, que quisieron que la estructura del terror persistiera en el tiempo.

Pero las sombras, de a poco, van desapareciendo. Ayer, la Cámara en lo Criminal Federal de Argentina declaró la inconstitucionalidad de los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem a los dictadores y represores Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera, cabezas de la junta militar que impulsó el criminal golpe de estado de 1976.

De esta forma, la resolución de la Cámara reactiva la pena de reclusión perpetua que ambos dictadores recibieron en 1985, en el marco de la llamada “Causa 13” conocida como el "Juicio a las juntas". En aquella oportunidad, el tribunal dictaminó que “las Fuerzas Armadas desarrollaron un plan clandestino y sistemático de represión, a partir del derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976”.

Aquel histórico fallo fue desconocido tras una batería de indultos, firmados en 1989 y 1990 por el ex mandatario Carlos Menem, que perdonaron a Videla, a Massera y a decenas de responsables de la desaparición de 30 mil personas en todo el país. En los años de plomo del neoliberalismo, el ex presidente fue a contramarcha del pueblo movilizado en las calles y bajo la espuria excusa de la “pacificación”, hizo caso omiso a las terribles vejaciones ocurridas durante la dictadura, aun a pesar de la minuciosa documentación probatoria de los crimines de lesa humanidad, que los organismos de derechos humanos habían recopilado hasta ese entonces.

Pero la indulgencia de Menem con la cúpula militar quedó en la historia. La Cámara Federal, a raíz de un planteo realizado por organizaciones de Derechos Humanos, consideró que “los hechos por los que fueron condenados Videla y Massera resultan insusceptibles de perdón, motivo por el cual se declarará la inconstitucionalidad del decreto de indulto n° 2741/90". Asimismo, el fallo explica que "existe una obligación estatal imperativa que deriva del Derecho Internacional y que consiste en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos".

Esta anulación se suma a otras dos realizadas en 2006, cuando un juez federal les quitó el beneficio del perdón al ministro de economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y al ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy, ambos acusados por crímenes de lesa humanidad.

También se suman a un proceso de desmontaje de la trama judicial que durante años mantuvo en libertad a cientos de represores, impulsado por las organizaciones de Derechos Humanos y el actual gobierno del presidente Néstor Kirchner. En este proceso se destaca la derogación en 2005 de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, firmadas durante el gobierno del ex mandatario Raúl Alfonsín, que impidieron juicios a todos aquellos militares bajo la cadena de mando.

La declaración de inconstitucionalidad de los indultos a los jerarcas de la dictadura no tendrá consecuencias inmediatas en lo práctico. Esto se debe a que Videla, ya se encuentra cumpliendo una condena de arresto domiciliario por otras causas como el robo de bebés, y la anulación del perdón no cambiará esa situación. En el caso de Massera, éste fue declarado inimputable por su delicado estado de salud.

De todas formas, esta medida tiene un fuerte valor simbólico e histórico. Por una parte, acompaña el camino recorrido por agrupaciones de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo (que esta semana cumplió 30 años de existencia), Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos, que vienen luchando desde hace décadas para defender la memoria y la justicia. Por otra parte, representa una declaración de hecho por parte del Estado argentino, que entiende que, institucionalmente, no puede avalar bajo ningún concepto el perdón a los dictadores.

Pero el cambio no debe quedar allí. Aún hay demasiadas tinieblas que oscurecen la Argentina. Aún hay 7 indultos más para anular que apañan a funcionarios de la dictadura asesina. Aún queda el pedido de cárcel efectiva para los culpables, para que no cumplan sus penas sentados en un cómodo sillón en sus casas y sean tratados como prisioneros comunes. Aún continúa desaparecido Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra Miguel Etchecolatz, del que no se sabe nada desde septiembre del año pasado.

ºLa anulación de los indultos a Videla y Massera arrojan algo de luz, pero las sombras continúan presentes.