Bogotá, 25 de abril de 2007.- La Fiscalía ecuatoriana pidió la captura de 24 legisladores opositores por el delito de sedición. Seis de ellos viajaron el martes en la noche al país.
"No está en los planes, de momento, pedir asilo al gobierno de Colombia pero sí algunas medidas de protección frente a las circunstancias de indefención jurídica y riesgo personal hacia nosotros y hacia nuestras familias", aseguró el legislador ecuatoriano Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano (PSC, derecha).
En diálogo con la privada radio RCN -tras aclarar que en Bogotá se encuentran seis diputados de su país y cinco más en la población fronteriza de Ipiales-, Torres adujo que su llegada a Colombia se da porque "no tenemos garantías de carácter jurídico para permanecer en territorio de nuestro país".
"En Ecuador estamos al borde de la intercepción jurídica. Los jueces naturales que han resuelto a nuestro favor han sido destituidos y procesados penalmente. Ayer la fiscal de miscelanios de Quito pidió nuestra prisión preventiva por haber cometido el delito político de sedición", añadió.
"Ante esas circunstancias hemos decidido llegar a Colombia, país que normalmente nos ha acogido bien a los ecuatorianos y que tradicionalmente ha demostrado su respeto al derecho internacional", concluyó Torres.
A su turno, la también diputada Gloria Gallardo señaló que en su país "hay una dictadura de Correa donde no hay garantías ni personales ni jurídicas donde, cuando hay una decisión jurídica adversa, inmediatamente manda a las turbas asalariadas a tratar de linchar y matar a los jueces".
La fiscal ecuatoriana Elsa Moreno pidió el martes el arresto de 24 de los 50 diputados restituidos el martes por el máximo tribunal, bajo sospecha de sedición.
Gallardo, del PRIAN (derecha), principal fuerza parlamentaria de Ecuador, denunció que esa orden fue impartida por el presidente Rafael Correa, en una "clara intervención del gobierno en el poder judicial".
Entre los congresistas que piden la protección del gobierno colombiano se hallan además Silka Sánchez, Alfonso Harb, Alfredo Serrano y Mauricio Ponce.
Pedirían asilo en E.U.
Gallardo no descartó el arribo de más diputados y señaló que otros podrían pedir asilo en Perú y Estados Unidos en las próximas horas.
"Tenemos las embajadas de esos gobiernos abiertas, pero en especial la de Colombia", aseguró.
Tres congresistas conversaron recientemente en Bogotá con el vicecanciller Camilo Reyes.
Además, la tarde del martes un grupo de diputados destituidos abordó sorpresivamente al Embajador en Quito, Carlos Holguín, pero en la oficina diplomática no se informó sobre el tema de conversación.
El presidente Rafael Correa consideró la demanda como algo inoportuno e hizo un llamado para "que la retiren y con esto se contribuya a la paz ciudadana".
Sobre la salida de seis congresistas destituidos hacia Colombia, anoche no se pronunció el gobierno ecuatoriano.
En medio de la convulsión, Correa y los movimientos políticos afines allanan el camino para controlar otro espacio clave para las decisiones políticas del país, luego que lograron revertir la mayoría de la oposición en el legislativo. El congreso tendrá que escoger ahora a los nuevos vocales del tribunal (9).
Con el voto de 52 diputados, y en una singular interpretación, los magistrados del TC fueron declarados cesantes por el Congreso luego de que se consideró que estaban en funciones tras vencerse su periodo.
Pero en teoría, cuando fueron elegidos para cubrir el vacío que dejó la Corte cesada por el gobierno de Lucio Gutiérrez, fueron elegidos por un periodo de 4 años.
La votación del congreso también dejó insubsistente la restitución de los parlamentarios, que llegaron a albergar esperanzas de regresar a sus curules, pero un grueso cordón policial, y simpatizantes de Correa estaban dispuestos a impedirles su entrada al recinto.
La decisión se produjo pocas horas después de que este alto organismo decidió restituir a 50 de los legisladores que fueron cesados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), acusados de intentar boicotear la consulta popular que se realizó el pasado 15 de abril.
"Es un acto inconstitucional, tal como lo fue la destitución de los diputados por parte del TSE", dijo a EL TIEMPO el analista y catedrático, Antonio Rodríguez Vicens. Los vocales no estaban en funciones prorrogadas porque fueron designados para un periodo constitucional de cuatro años", consideró.
"El TC es el máximo organismo de control constitucional y sus miembros solamente pueden ser destituidos mediante un juicio político que no se ha dado y tampoco han tenido la oportunidad de defender su posición y derechos", resaltó.
De otra parte, el Tribunal Supremo Electoral definió que se realizarán las elecciones de diputados a la Asamblea Constituyente el próximo 30 de septiembre. La asamblea la integrarán 130 constituyentes.
MAGGY AYALA SAMANIEGO
PARA EL TIEMPO
DESDE QUITO
Con AFP.
