Quito, 23 Abr. ABN.- El Tribunal Constitucional de Ecuador restituyó este lunes en sus cargos a 51 de los 57 diputados que habían sido destituidos a comienzos de marzo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por su presunta interferencia en el proceso de la consulta popular para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en esa nación.

La decisión provocó la inmediata reacción de agrupaciones relacionadas con el Movimiento Popular Democrático (MPD) y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) que realizan acciones de protestas frente a la sede del máximo órgano de control constitucional en la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana, reportó el diario El Comercio.

Fueron seis de los nueve vocales del Tribunal Constitucional los que respaldaron la medida, entre ellos Jorge Alvear, Juan Montalvo Malo, Carlos Soria, Jaime Donoso Manuel Telil y Santiago Velásquez, este último presidente de esa instancia.

El TSE destituyó a 57 de los 100 diputados del Congreso unicameral de Ecuador, luego de que estos solicitaran la apertura de un juicio político a cuatro de los miembros del ente electoral, incluido su presidente, Jorge Acosta, por convocar el plebiscito sobre la Asamblea Constituyente que se realizó el pasado domingo 15 de abril.

El organismo electoral, además, suspendió por un año los derechos políticos de los legisladores destituidos y ordenó a la policía velar porque se cumpla esa resolución.

Pese a la oposición de estos diputados a la realización de la consulta popular, el TSE proclamó este domingo los resultados oficiales de la consulta popular en la que se aprobó, con 81,72% de los votos, la instalación de la Asamblea Constituyente.

El presidente del TSE, Jorge Acosta, informó que a partir de estos resultados el ente electoral tendrá un plazo de ocho días para convocar la elección de 130 asambleístas, quienes tendrán plenos poderes para transformar las instituciones del Estado y redactar una nueva Carta Magna, según el estatuto de la Asamblea aprobado en la consulta popular.

Esa elección debe celebrarse en un máximo de 150 días, a partir de su convocatoria, por lo que se calcula que podría tener lugar a finales de septiembre o principios de octubre próximos.

La Asamblea Constituyente se instalaría en noviembre o diciembre de este año y de acuerdo con el estatuto sobre su funcionamiento tendría 180 días, con una posible prórroga de otros 60, para redactar una nueva Carta Magna y reformar las instituciones del Estado.