Gaviria aseguró que, debido a las amenazas de paramilitares fue imposible realizar proselitismo en dos municipios de Córdoba Credito: EFE

TeleSUR _ 13/04/07 - Gaviria, quien presidió Colombia entre 1990 y 1994, acudió este viernes a la Corte Suprema de justicia de su país, para declarar en el juicio, por el llamado caso de la "parapolítica", que vincula a funcionarios públicos con grupos paramilitares.

El ex presidente de Colombia, César Gaviria (1990-1994), denunció este viernes que los grupos paramilitares impidieron durante 8 años realizar política en los municipios de Valencia y Tierralta, en el departamento de Córdoba (norte).

Durante su intervención ante la Corte Suprema de Justicia colombiana, donde fue citado a declarar en el caso de la llamada parapolítica, Gaviria aseguró que, debido a las amenazas de los grupos armados de extrema derecha que operan en Colombia, fue imposible realizar proselitismo en los municipios de Córdoba, una de las cunas de esos grupos al margen de la ley.

"Llevábamos ocho años sin hacer reuniones en ese par de municipios porque la intimidación armada no lo permitía", precisó el ex presidente a su salida del tribunal.

Por casi dos horas, César Gaviria declaró ante dos magistrados que, según dijo, le formularon preguntas en el marco de la investigación que se realiza al senador liberal (oposición) Juan Manuel López, uno de los firmantes del llamado Pacto de Ralito, en el que 26 políticos firmaron acuerdos con seis jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en julio de 2001.

Dentro de las investigaciones que adelanta la justicia colombiana sobre los nexos de políticos y funcionarios del gobierno del presidente Álvaro Uribe, con grupos paramilitares, también fue citado el ex presidente conservador Andrés Pastrana (1998-2002).

Asimismo, fueron llamados a declarar el ex candidato presidencial liberal Horacio Serpa, el comisionado de paz del gobierno actual, Luis Carlos Restrepo, el ex canciller Guillermo Fernández de Soto, el ex fiscal general Alfonso Gómez, la senadora liberal Piedad Córdoba y el senador izquierdista Gustavo Petro.

Ese documento, conocido como el "Pacto de Ralito", consagraba una alianza para promover un proyecto político que tuviera como banderas la defensa de la propiedad privada y la integridad nacional.

La investigación que realiza la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ya ha llevado a la cárcel a ocho parlamentarios oficialistas, mientras que uno más permanece prófugo, el padre de la ex canciller colombiana, María Consuelo Araújo, quien se vio presionada a renunciar a su cargo, tras la detención de su hermano el congresista Álvaro Araújo.

Entre tanto, se espera que el próximo martes, el senador opositor Gustavo Petro, realice un debate en el que aseguró revelará una lista de 2 mil personas, incluidos diez ex congresistas, que estuvieron vinculadas a paramilitares en el departamento Antioquia entre 1995 y 1997, fecha en que el presidente Uribe ocupó la gobernación de ese departamento.